La presidenta Claudia Sheinbaum alista un decreto para redefinir qué información del gobierno federal podrá reservarse por razones de seguridad nacional o por estar vinculada con procesos judiciales y cuál no. En el sexenio pasado esa figura jurídica fue utilizada para acelerar obras, ocultar contratos y reducir la vigilancia sobre el gasto público, particularmente en proyectos administrados por las Fuerzas Armadas.
El punto de partida fue el 22 de noviembre de 2021, cuando Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo que declaró de interés público y seguridad nacional las obras prioritarias de su gobierno. El documento abarcó sectores como aeropuertos, ferrocarriles, energía, turismo, comunicaciones, aduanas y medio ambiente, y ordenó a las dependencias otorgar autorizaciones provisionales en un plazo máximo de cinco días hábiles.
El Tren Maya fue el caso más notorio. Fonatur, entonces dirigido por Javier May, avanzó con licitaciones, contratos, cambios de trazo y obras mientras se completaban estudios ambientales, consultas, la liberación de derechos de vía y la ingeniería básica. La consulta indígena de 2019 fue cuestionada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que advirtió que no había cumplido plenamente con los estándares internacionales.
El tramo 5 concentró buena parte de los litigios. Jueces federales concedieron suspensiones por la falta de autorizaciones ambientales y por los riesgos sobre cenotes, cavernas y ecosistemas de Quintana Roo. La respuesta del gobierno no fue ajustar el proyecto a los controles ordinarios, sino elevarlo a un asunto de seguridad nacional y acusar a organizaciones y particulares de intentar detener una obra estratégica.
En mayo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la parte central del acuerdo de López Obrador. Los ministros concluyeron que el Ejecutivo no podía ampliar por decreto las causas legales para reservar información y que la medida afectaba las atribuciones del INAI. El fallo se conoció el 18 de mayo. Ese mismo día, el gobierno publicó otro decreto que declaró como seguridad nacional la construcción, operación y mantenimiento del Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
La seguridad nacional entonces dejó de proteger exclusivamente operaciones militares, instalaciones estratégicas o capacidades de inteligencia; también se utilizó para cubrir contratos de construcción, adquisiciones de materiales, operación de aeropuertos, trenes, hoteles y empresas comerciales. El Ejército y la Marina recibieron una cartera empresarial sin precedente, pero mantuvieron los criterios de reserva con los que tradicionalmente operan las instituciones de seguridad nacional.
El problema creció porque las Fuerzas Armadas ejecutaron obras y también comenzaron a administrar aeropuertos, aduanas, hoteles, líneas ferroviarias, parques turísticos y empresas públicas. A mayor participación económica debió corresponder mayor transparencia, pero fue todo lo contrario.
La desaparición del INAI fue otro retroceso. López Obrador impulsó durante años su extinción bajo el argumento de que era un organismo costoso e ineficaz. La reforma constitucional se aprobó al final de 2024, ya bajo la Presidencia de Sheinbaum, y sus funciones fueron trasladadas a distintas autoridades. En el ámbito federal, buena parte de la responsabilidad quedó dentro de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro.
Antes, una dependencia podía negar información y un órgano autónomo revisaba esa decisión. Ahora, esa función recae en una secretaría que responde al Ejecutivo.
En ese contexto debe leerse el decreto que anunció la Presidenta, quien dijo que sólo aquello que realmente sea de seguridad nacional o forme parte de un proceso judicial no podrá darse a conocer. La frase puede anticipar una corrección frente a los excesos del gobierno anterior o una nueva etapa de concentración del control de la información.
Dicha interpretación tiene sentido, porque Sheinbaum enfrenta redes de corrupción, sobrecostos y contratos opacos que están drenando los recursos públicos. El gobierno necesita dinero y cada peso desviado limita su margen de maniobra.
La otra posibilidad es que la Presidenta no busque abrir la información, sino administrarla desde Palacio Nacional. Ambas hipótesis no son excluyentes: Sheinbaum puede querer combatir la corrupción y, al mismo tiempo, concentrar el control político de la transparencia.
La prueba estará en saber si Sedena, Marina, Pemex, las empresas militares y las dependencias federales van a tener que abrir los contratos a auditorías y al escrutinio público, y cuál es la reacción de los funcionarios y dependencias opacas. Ya lo veremos.
Posdata 1
Y mientras el gobierno de Rocío Nahle impulsa la idea de crear un padrón de periodistas buenos y malos en Veracruz, una investigación documentó que el gobierno federal destinó 45.4 millones de pesos para contratar la presentación del DJ Martin Garrix durante un evento realizado en el estado. El periodista Jorge García Orozco reveló que el contrato fue adjudicado en apenas 48 horas a una empresa vinculada con el grupo que opera el festival Corona Capital y otros espectáculos masivos.
La mandataria apareció en primera fila durante el concierto y en lugar de responder con transparencia y rendición de cuentas frente a investigaciones de interés público, desde el gobierno de Veracruz se abrió la puerta a un debate sobre la creación de un padrón de periodistas, una propuesta que despertó cuestionamientos por su potencial efecto inhibidor sobre el ejercicio de la libertad de expresión. En el estado líder en homicidios de periodistas, cualquier mecanismo que permita al gobierno identificar, clasificar o registrar comunicadores merece el máximo escrutinio y condena.
A casi dos años de iniciado el gobierno de Nahle, los resultados siguen sin aparecer. La administración acumula al menos 12 cambios en secretarías, subsecretarías, direcciones y organismos públicos, una rotación que ha alcanzado áreas estratégicas como Salud, Educación, Finanzas, Turismo, Infraestructura y Comunicación Social. Lejos de transmitir estabilidad, los relevos constantes reflejan dificultades para consolidar un equipo de gobierno y ejecutar una agenda con resultados medibles.
Posdata 2
La familia Vizcarra puso en venta SuKarne, la mayor empresa cárnica de México, en una operación que podría superar los 2 mil millones de dólares, según la agencia Reuters. De concretarse, sería una de las transacciones corporativas más relevantes del año y una de las mayores desinversiones de una empresa familiar mexicana en las últimas décadas.
SuKarne es la principal exportadora de carne de México. Concentra alrededor del 75% de las ventas al exterior del sector y opera una cadena integrada que va desde la producción y engorda de ganado hasta el procesamiento y la comercialización en más de una decena de países. Esa posición explica la valuación que se analiza y el interés que podría despertar entre los grandes grupos internacionales, para los que México representa un mercado estratégico y una plataforma de exportación hacia Norteamérica.
En ese escenario, jugadores como JBS, Tyson Foods, Cargill o National Beef aparecen como los compradores estratégicos naturales por su escala, presencia regional y capacidad financiera, aunque hasta ahora no existe información pública que los vincule con el proceso. De concretarse, cualquier adquisición de ese tamaño también tendría que superar la revisión de las autoridades de competencia, dado el peso que SuKarne tiene en el mercado mexicano y en las exportaciones del sector.
Jesús Vizcarra Calderón ha construido durante décadas uno de los grupos agroindustriales más importantes del país, aunque su trayectoria también ha estado acompañada por algunas polémicas por su cercanía con actores políticos de Sinaloa y por las versiones que lo vincularon con Ismael “El Mayo” Zambada, señalamientos que el empresario ha rechazado públicamente.
Posdata 3
La gira de tres días de la presidenta Claudia Sheinbaum por Oaxaca dejó un mensaje político y anuncios de inversión. El más relevante fue el compromiso de destinar 37 mil 800 millones de pesos para infraestructura carretera en la Mixteca, una de las regiones con mayores rezagos históricos del país y donde la conectividad ha sido una de las principales limitantes para el desarrollo económico. A ello se sumó un programa de vivienda con una inversión de 5 mil 362 millones de pesos para construir 8 mil 938 viviendas en beneficio de más de 35 mil 700 personas. Se trata de dos de los proyectos de mayor alcance anunciados para la entidad en lo que va del sexenio.
Los recursos comprometidos confirman que Oaxaca se mantiene entre las prioridades del gobierno federal —por los proyectos estratégicos heredados de la administración anterior, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec— y por la apuesta a infraestructura social y carretera en regiones que durante décadas registraron bajos niveles de inversión pública. La presencia de tres secretarios de Estado y cuatro directores generales del gobierno federal reforzó el mensaje de coordinación entre ambos gobiernos.
La visita también contribuyó a desactivar las versiones sobre un supuesto distanciamiento entre Palacio Nacional y el gobernador Salomón Jara. Con todo y las protestas de integrantes de la CNTE, no se alteró la agenda presidencial. Sheinbaum, por cierto, ofreció recibir a una representación del magisterio en Palacio Nacional en los próximos días.
@MarioMal
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