Hace unas semanas conté en este espacio una escena que parecía salida de una novela política. El entonces gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compartía una comida con algunos de sus colaboradores más cercanos y sus cuatro hijos. Entre mariscos frescos y callo de hacha —su platillo favorito— soltó una frase que uno de los presentes conserva intacta en la memoria. “A mí si no me matan los Chapitos o el Mayo, voy a acabar como El Chapo, en una cárcel de Estados Unidos”.
La frase era una confesión o una cuenta regresiva. El expediente abierto por el Departamento de Justicia estadounidense no se ha detenido. Al contrario: mientras en México la discusión gira alrededor de la soberanía nacional por la captura de Ismael El Mayo Zambada, en Estados Unidos la investigación contra Rocha y otros exfuncionarios sinaloenses y un senador sigue avanzando. La acusación se basa en una presunta colusión entre autoridades estatales y la facción de Los Chapitos para facilitar operaciones, brindar protección institucional y recibir beneficios políticos y económicos.
La respuesta del gobierno mexicano no ha variado demasiado desde abril. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que Estados Unidos debe presentar pruebas y rechazó que existan elementos suficientes para ejecutar una detención provisional. El Gabinete de Seguridad, dijo, nunca tuvo indicios de que Rocha Moya colaborara con el Cártel de Sinaloa. Morena cerró filas con uno de los suyos y convirtió el caso en un diferendo diplomático más que en un problema de procuración de justicia.
Sin embargo, el contexto ha cambiado con el paso de los días. Las memorias del exembajador Ken Salazar sostienen que ningún agente estadounidense viajó en el avión que trasladó al Mayo a Texas. Afirma que el capo fue traicionado por Joaquín Guzmán López y que Washington sólo intervino cuando la aeronave aterrizó en Estados Unidos. El libro también revela la enorme preocupación que existía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por las posibles declaraciones de Zambada ante fiscales estadounidenses y el efecto político que podrían tener.
Este martes Sheinbaum cuestionó si Salazar mintió durante casi dos años sobre la participación de agencias estadounidenses y volvió a exigir que Washington explique exactamente qué ocurrió el 25 de julio de 2024. El Gabinete de Seguridad presentó una nueva cronología del caso y reiteró que México sigue sin conocer quién apagó el sistema de rastreo del avión, cómo cruzó el espacio aéreo nacional y cuál fue el grado real de participación de las autoridades estadounidenses.
La insistencia del gobierno mexicano tiene una explicación política, porque si la captura del Mayo fue un “secuestro ilegal” ejecutado sin autorización del Estado mexicano, la discusión se desplaza hacia la violación de la soberanía. Si, por el contrario, prevalece la versión de una traición entre integrantes del propio Cártel de Sinaloa, inevitablemente vuelve a cobrar fuerza la carta en la que Zambada aseguró que acudía a una reunión para mediar un conflicto entre Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén antes de ser emboscado y entregado a Estados Unidos.
Durante meses, Rocha Moya se intentó desvincular y respondió con las mismas frases. “No soy narco”. “Nunca me llegaron a mí las tentaciones”. “Me quieren hacer narco a fuerza”. Pero desde que el Mayo lo colocó como artífice de aquella reunión, su defensa se desbarató.
La guerra interna entre Los Chapitos y La Mayiza, detonada después de aquella captura, ha dejado miles de muertos y desaparecidos, además de que ha destruído buena parte de la economía sinaloense. Mientras tanto, el caso en Estados Unidos sigue su curso y cada vez más cerca de que le llegue la hora al gobernador con licencia. Fuentes estadounidenses aseguran que hay solo dos caminos para Rocha Moya: o lo entrega México a EU, luego de que se hagan públicas las “pruebas” que exige el gobierno mexicano, o simplemente vienen por él, como lo hicieron presumiblemente con el Mayo Zambada.
Posdata 1
La Secretaría de Economía salió a contener el impacto del anuncio de Toyota. Confirmó que el traslado de parte de la producción de la Tacoma desde Tijuana hacia San Antonio será gradual y concluirá hasta 2030, como parte de una reestructuración global de la armadora, pero aseguró que la planta de Guanajuato permanecerá operando y conservará sus 2 mil 800 empleos directos. El gobierno federal también adelantó que, tras gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en los próximos días se anunciará una nueva inversión superior a 500 millones de dólares de otra empresa automotriz.
La aclaración era necesaria. La expansión de 3 mil 600 millones de dólares que Toyota realizará en Texas y la creación de 2 mil nuevos empleos alimentaron la narrativa de un posible éxodo manufacturero hacia Estados Unidos en vísperas de la revisión del T-MEC. Sin embargo, la automotriz mantiene una presencia de largo plazo en México. Su planta de Apaseo el Grande, Guanajuato, inaugurada en 2019 con una inversión superior a 2 mil millones de dólares, produce más de 140 mil vehículos al año y hoy representa uno de los pilares de su operación en Norteamérica.
La apuesta de Toyota en México tampoco se limita a la manufactura. La empresa, encabezada por Guillermo Díaz y Takaaki Kuga, opera una red de alrededor de 104 distribuidores en el país, mientras que Toyota Financial Services México cerró el último ejercicio con una cartera de crédito de 60 mil 507 millones de pesos, un crecimiento de 16.7% respecto al año previo, activos por más de 65 mil millones de pesos y utilidades cercanas a los mil 850 millones. Son cifras que difícilmente corresponden a una compañía que esté preparando una salida del mercado mexicano.
Lo que sí refleja este episodio es el nuevo entorno que enfrenta la industria automotriz. La revisión del T-MEC y la estrategia de Donald Trump para atraer producción a territorio estadounidense ya comenzaron a influir en las decisiones de inversión de las armadoras.
Posdata 2
Y en medio de la incertidumbre por la revisión del T-MEC y la ofensiva comercial de Donald Trump, México consiguió un dato que fortalece su posición negociadora. En mayo rompió un nuevo récord de exportaciones hacia Estados Unidos al superar los 54 mil millones de dólares, un crecimiento anual de 8% que le permitió mantenerse como el principal socio comercial de la mayor economía del mundo, por encima de Canadá, China, Taiwán y Vietnam. El dato confirma que, pese al endurecimiento del discurso de Trump, la integración productiva entre ambos países sigue profundizándose.
Esta semana Marcelo Ebrard inició una visita a Washington para preparar la ronda de negociaciones m del T-MEC que comienza el próximo 20 de julio. El secretario de Economía atribuyó el desempeño exportador a que México mantiene hoy un acuerdo arancelario más favorable que el de buena parte de sus competidores, una ventaja que ha permitido preservar la competitividad de las exportaciones manufactureras, particularmente las del sector automotriz.
Por otro lado, el World Investment Report 2026 de la UNCTAD ubicó a México como el décimo mayor receptor de Inversión Extranjera Directa del mundo durante 2025, con flujos por 41 mil millones de dólares, un avance desde la undécima posición que ocupaba un año antes.
Posdata 3
TV Azteca dio este lunes un paso previsto desde febrero pasado al ser declarada en concurso mercantil por la Jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles. La resolución implica el arranque formal del procedimiento judicial que la propia empresa decidió solicitar de manera voluntaria como parte de su estrategia de reorganización financiera. La televisora mantendrá el control de su operación mientras negocia el reordenamiento de sus pasivos bajo la supervisión de la autoridad judicial.
A finales de enero, la empresa del magnate Ricardo Salinas Pliego liquidó sus adeudos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria mediante un financiamiento de emergencia que fue informado al mercado. Semanas después, anunció un plan integral de reorganización corporativa, operativa y financiera y obtuvo la autorización de sus accionistas para acogerse al concurso mercantil, mecanismo previsto en la legislación mexicana para reestructurar obligaciones financieras preservando la continuidad del negocio.
La resolución judicial representa, por tanto, la siguiente etapa de esa ruta. El concurso mercantil permite negociar de manera ordenada con los acreedores sin suspender las operaciones de la empresa, protegiendo el valor de sus activos y buscando una estructura de capital sostenible. Durante este procedimiento, TV Azteca continuará produciendo contenidos, atendiendo a sus clientes y cumpliendo con sus colaboradores, mientras avanza en la reestructuración de sus pasivos.
Más allá del caso particular de la televisora, se trata de una prueba relevante sobre la eficacia de los mecanismos concursales en México para facilitar reorganizaciones empresariales complejas sin comprometer la continuidad operativa de compañías con un peso significativo en sus respectivos sectores.
@MarioMal
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