La presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco respondieron a Estados Unidos con una estadística cuestionable. Entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, según la lámina presentada este martes en la conferencia matutina, México formuló 269 requerimientos de extradición o detención provisional a Estados Unidos y “no se ha entregado ninguno”.
Sin embargo, una revisión de expedientes judiciales federales estadounidenses realizada confirma que el sistema sí ha procesado solicitudes mexicanas y, en algunos casos, ha culminado con entregas efectivas. El caso más visible es el de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, detenido en Florida y extraditado a México en 2022. Y no es el único expediente relevante. En California aparece Prudencio Segura Castillo, reclamado por abuso sexual en Guerrero y declarado extraditable. También Bryant Rivera, acusado de feminicidio en Tijuana. Aaron Seth Juárez, procesado por homicidio. Alfredo Ramón Cerda, acusado de delitos sexuales contra una menor en Baja California. José Ismael Mojica Rodríguez, reclamado por homicidio calificado. En Arizona aparece Cruz García Mitchel, requerido por homicidio intencional. En California también figura José Trinidad Martínez Santoyo, cuya extradición fue certificada y cuyo intento de frenar su entrega vía habeas corpus fue rechazado. Es decir, el argumento de que Estados Unidos no procesa ni da curso a reclamaciones mexicanas no se sostiene.
A esa evidencia documental se suma lo reportado esta semana por el periodista Juan Pablo Reyes, quien documentó, con base en información pública de la Fiscalía General de la República, que durante 2025 Estados Unidos realizó al menos nueve entregas de personas reclamadas por México. Algunos de esos casos corresponderían a procesos judiciales; otros habrían transitado por mecanismos distintos, incluidas rutas migratorias o administrativas. Lo relevante es que incluso la información oficial contradice la narrativa simplista del “cero”.
Sheinbaum y Velasco aseguraron que de los 269 requerimientos, 36 fueron negados y 233 permanecen pendientes. De estos últimos, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y 50 a detenciones provisionales con fines de extradición. Pero el dato verdaderamente revelador es otro. En 47 de esas 50 solicitudes urgentes, Estados Unidos pidió a México información adicional. Es decir, en casi todos los casos Estados Unidos sí respondió, pero señalando deficiencias, insuficiencias o inconsistencias en los expedientes enviados por las autoridades mexicanas.
Al parecer las distintas fiscalías mexicanas no integraron expedientes capaces de sostenerse bajo los estándares jurídicos de Estados Unidos. Por eso el gobierno mexicano ha insistido con las “pruebas” contra Rubén Rocha Moya, su ahijado Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador Enrique Inzunza y otros siete funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, dos de los cuales ya se entregaron a la justicia estadounidense a cambio de beneficios procesales.
El verdadero problema está en los expedientes políticamente explosivos, donde aparecen nombres como el de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas con doble nacionalidad reclamado por México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; Víctor Manuel Álvarez Puga, perseguido por presuntos delitos fiscales y lavado; Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, vinculados al multimillonario caso del Infonavit; Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex buscado por el caso Odebrecht; o José Ulises Bernabé, exfuncionario relacionado con el caso Ayotzinapa.
El problema es que mezclar deportaciones, expulsiones administrativas, entregas temporales, procesos migratorios y extradiciones formales termina contaminando cualquier estadística y permite construir versiones políticas convenientes, aunque poco precisas.
Estados Unidos ha elevado la presión sobre México y particularmente sobre objetivos considerados prioritarios en materia de narcotráfico y corrupción. Todo apunta a que el gobierno de Trump va por extradiciones de alto perfil, decomisos y destrucción de narcolaboratorios con o sin el permiso de México.
¿Hasta qué punto el gobierno mexicano estirará la liga antes de aprehender y enviar a alguno de los tres (o a todos) imputados por Estados Unidos que están escondidos en Sinaloa?
Posdata 1
Ahora fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien cargó contra México. Este martes, durante una conferencia sobre el combate al financiamiento al terrorismo, puso en el mismo nivel al Cártel de Sinaloa y a Hezbolá. Esto es reflejo de la nueva doctrina de Estados Unidos para tratar a los cárteles mexicanos como organizaciones criminales y como amenazas equiparables a estructuras terroristas, con todo lo que eso implica en materia financiera, diplomática y operativa.
El Departamento del Tesoro ya ha activado herramientas extraordinarias contra redes financieras vinculadas al narcotráfico, mediante el FinCEN, uno de sus brazos más agresivos.
En México, esa presión ya produjo efectos visibles. La congelación preventiva de cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya y otros exfuncionarios de Sinaloa confirmó que el sistema financiero mexicano entendió el riesgo reputacional y regulatorio de ignorar las alertas estadounidenses. La banca sabe lo que significa quedar bajo sospecha del Tesoro. El antecedente de señalamientos de FinCEN contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado para cárteles dejó claro que Washington está dispuesto a aislar del sistema financiero en dólares a quien considere facilitador.
No es coincidencia que mientras la presidenta Claudia Sheinbaum pide pruebas y defiende la soberanía, los bancos hayan optado por blindarse primero.
Posdata 2
Tras años de cuestionamientos y en medio de vulnerabilidad del sistema eléctrico, salió silenciosamente el director del CENACE. El pasado 30 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía ejecutó la salida de Ricardo Mota Palomino de la dirección general y nombró a Mauricio Cuéllar Ahumada como encargado de despacho.
El relevo pasó prácticamente inadvertido pese a tratarse del organismo responsable de operar el Sistema Eléctrico Nacional, justo cuando se aproxima la temporada de mayor presión sobre la red por el incremento de las temperaturas y la demanda energética, con regiones como la península de Yucatán que siguen reportando episodios recurrentes de estrés operativo y cortes en el suministro.
La salida de Mota se da además después de años de cuestionamientos internos y externos sobre su gestión. En este espacio se documentaron desde 2022 privilegios, viajes y posibles conflictos de interés dentro del CENACE, incluido el involucramiento de funcionarios del organismo en actividades vinculadas con la IEEE, organización con la que el entonces director mantenía cercanía. Más allá de esas polémicas, el punto central es la conducción del operador técnico del sistema eléctrico quedó en manos de un encargado de despacho, sin mayor explicación pública de la Secretaría de Energía, en un momento particularmente delicado para la confiabilidad del sistema.
Mota Palomino fue identificado como un perfil cercano al grupo de Manuel Bartlett y sobrevivió buena parte de la transición energética del nuevo gobierno.
Posdata 3
La cancelación del proyecto Perfect Day México de Royal Caribbean en Mahahual revela que, al menos en este caso, el gobierno de Claudia Sheinbaum optó por contener un megaproyecto turístico antes que cargar con el costo político y ambiental de autorizarlo. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, confirmó que la Semarnat no aprobará el desarrollo, valuado en alrededor de mil millones de dólares y concebido para convertir una franja del Caribe mexicano en un destino masivo para cruceristas.
El caso es relevante porque el proyecto había sido presentado como una gran apuesta de inversión turística en Quintana Roo, con el respaldo de una narrativa de desarrollo económico y generación de empleos, pero terminó atrapado entre cuestionamientos ambientales y presiones sociales. En noviembre pasado, una investigación de EL CEO documentó que la viabilidad política del proyecto se desplomó tras la revisión ordenada desde el gobierno federal, cuando ya existía una fuerte oposición por el posible impacto sobre manglares, arrecifes y el ecosistema de Mahahual.
El mensaje para los grandes inversionistas es un tanto ambiguo. Por un lado, el gobierno insiste en que México necesita capital privado y certidumbre para nuevos proyectos; y por el otro, un desarrollo impulsado por una de las mayores navieras del mundo terminó frenado en la última milla regulatoria.
La administración de Mara Lezama apostó por un proyecto emblemático vinculado al turismo de cruceros, pero la última palabra la tuvo el gobierno federal.
@MarioMal
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