El 6 de agosto una pipa de Tomza Gas Titanium sufrió una fuga y posterior deflagración en Cuernavaca que dejó más de 20 personas lesionadas. El accidente ocurrió apenas 11 meses después de la tragedia del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde una unidad de Transportadora Silza, otra empresa vinculada a Grupo Tomza, volcó, liberó gas y provocó una explosión que dejó 32 muertos.
Dos accidentes graves relacionados con empresas del mismo conglomerado en menos de un año obligan a revisar algo más que la conducta de los operadores. Las autoridades deben hacer una revisión minuciosa en torno a los controles sobre las unidades, los recipientes que transportan el gas, su antigüedad, mantenimiento, pruebas de integridad y certificaciones, y qué cambió realmente en Grupo Tomza y en la supervisión gubernamental después de La Concordia.
Tomza no solamente participa en almacenamiento, transporte y distribución de gas LP, pues dentro del conglomerado aparece Industrias Zaragoza, INZA, fabricante de cilindros, recipientes a presión, tanques de almacenamiento, autotanques y pipas. El grupo participa así también en la fabricación de infraestructura para esta industria.
Las autoridades deben investigar si INZA fabricó el recipiente involucrado en Cuernavaca o el de La Concordia, para poder deslindar responsabilidades. Y si no fue así, quién fabricó ambos tanques, cuándo, qué antigüedad tenían, cuál era su historial de mantenimiento, cuándo pasaron sus últimas pruebas de integridad y quién certificó que podían seguir circulando.
El problema rebasa a Tomza. México depende ampliamente del gas LP y las propias autoridades han documentado durante años problemas de competencia y concentración en su distribución. En 2021, la entonces Cofece determinó preliminarmente que no existían condiciones de competencia efectiva en 213 de los 220 mercados geográficos analizados para la distribución mediante plantas y autotanques.
En La Concordia, la Fiscalía capitalina encontró exceso de velocidad, jornadas prolongadas y deficiencias en capacitación y controles empresariales. La volcadura no fue atribuida a una falla mecánica previa. Después del impacto, sin embargo, el recipiente se rompió, liberó el gas y ocurrió la explosión. El caso derivó en 143 acuerdos reparatorios para 144 víctimas directas e indirectas por alrededor de 480 millones de pesos, una cifra que el gobierno de Clara Brugada presentó como una “reparación histórica”. Lo que no quedó suficientemente claro hacia afuera fue qué cambió dentro de Grupo Tomza después de La Concordia para reducir el riesgo de que una tragedia semejante volviera a ocurrir.
La tragedia llevó al gobierno federal a endurecer las reglas para el transporte y distribución de gas LP, con mayores controles, certificación de operadores, limitadores de velocidad y sistemas de geolocalización.
De igual forma, la investigación del accidente del 6 de agosto tendría que reconstruir la historia completa de la unidad, desde sus condiciones de operación hasta la fabricación, antigüedad, mantenimiento, inspecciones y certificaciones del recipiente. Ahí está inevitablemente el nombre de Industrias Zaragoza, como parte de una cadena industrial que debe ser transparentada.
Por su parte, la ASEA y las autoridades energéticas deberían informar cuántas unidades de las empresas relacionadas con el grupo fueron inspeccionadas después de La Concordia, qué irregularidades detectaron, cuántas tuvieron que corregir deficiencias o fueron retiradas de circulación y cómo verificaron el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
Después de dos accidentes graves vinculados con empresas del mismo conglomerado en menos de un año, revisar la cadena completa no significa prejuzgar responsabilidades, sino revisar lo que debió hacerse después de la tragedia de La Concordia.
Antes de señalar culpables hay que conocer los peritajes. No obstante, después de 32 muertos en Iztapalapa y más de 20 lesionados en Cuernavaca, hay una pregunta que las autoridades ya pueden responder: quién está revisando realmente las pipas.
Posdata 1
Omar Reyes Colmenares cumplió un año al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con un incremento considerable en los bloqueos de personas y cuentas vinculadas con operaciones de riesgo. Entre julio de 2025 y julio de 2026, la UIF aumentó 126% el número de personas bloqueadas y 172% las cuentas intervenidas. En total, incorporó a 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas y congeló 24 mil 622 cuentas bancarias, con especial atención en estructuras relacionadas con delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y extorsión.
El dato más relevante está en el destino de esos bloqueos. De las cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 corresponden a integrantes de grupos de delincuencia organizada, 31.9% del total, mientras otras mil 443 están relacionadas con investigaciones por extorsión. Las acciones contra redes de huachicol alcanzaron a 163 sujetos. La UIF también reporta una sentencia favorable al Estado mexicano por más de 578 millones de dólares dentro de un procedimiento civil de recuperación de activos relacionado con contratación pública ilícita y desvío de recursos.
Pero el principal cambio durante el primer año de Reyes no está solamente en las cifras. La UIF se integró al Gabinete de Seguridad y encabeza la Mesa de Prevención de Lavado de Dinero, desde donde participa con la SSPC, FGR, CNI, Guardia Nacional y Marina en la identificación de estructuras criminales y casos prioritarios. La apuesta del gobierno es convertir la información financiera en inteligencia operativa para seguir la ruta del dinero en investigaciones sobre narcotráfico, corrupción, tráfico de armas, huachicol y huachicol fiscal. La coordinación internacional también se reforzó con FinCEN, OFAC, FINTRAC y el Grupo Egmont.
El aniversario coincide además con la entrada de nuevas reglas antilavado que sustituyen el esquema uniforme de cumplimiento por uno basado en riesgos y refuerzan la identificación de beneficiarios controladores y Personas Políticamente Expuestas. La UIF creció 60% en personal y ahora concentra sus capacidades en operaciones y patrimonios que no correspondan con los ingresos o actividad económica de los sujetos analizados. El reto para Reyes en su segundo año será que el salto en bloqueos e inteligencia financiera se traduzca también en investigaciones sólidas, recuperación de activos y expedientes que puedan sostenerse ante tribunales.
Posdata 2
El sábado revelé en X que Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, fue captado en Mónaco junto con su familia mientras en México la Fiscalía General de la República busca nuevamente llevarlo ante la justicia. La nueva causa es distinta a la que enfrenta desde 2025 y deriva de una investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR judicializó la carpeta ante un juez federal del Altiplano, a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera en diciembre pasado.
Las imágenes difundidas muestran a Rocha Cantú caminando por Mónaco y hablando sobre su vestimenta y accesorios, incluido un reloj Patek Philippe de oro rosado, durante una entrevista realizada por la influencer propietaria de la cuenta Class of Palm Beach. El video fue grabado en junio, en el contexto del Gran Premio de Fórmula Uno. La escena es relevante por el contraste entre la situación jurídica del empresario en México y la facilidad con la que continúa apareciendo públicamente en el extranjero. El mismo sábado y este domingo otros medios retomaron la información y las imágenes sobre su presencia en Mónaco.
El caso de Rocha Cantú, sin embargo, va más allá de las fotografías y la ostentación del lujo. Como publiqué previamente en esta columna, la crisis alcanza también a Miss Universo, cuya propiedad comparte con la también emproblemada empresaria tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip y que atraviesa una delicada situación financiera y corporativa.
Posdata 3
Carlos Slim prepara una nueva apuesta inmobiliaria, ahora en Puebla. A través de Grupo Carso, el empresario adquirió parte del centro comercial Paseo San Francisco y una antigua fábrica ubicada en la misma zona, operación confirmada por el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib. El proyecto todavía está en etapa de planeación, pero la intención es desarrollar un complejo de usos mixtos con vivienda, oficinas y espacios comerciales, bajo un concepto similar al de Plaza Carso en la Ciudad de México. El monto definitivo de la operación y el calendario de construcción no han sido revelados.
La operación ampliaría la huella inmobiliaria de Slim hacia una entidad en la que Grupo Carso no opera actualmente centros comerciales. El conglomerado administra 20 plazas en el país, nueve de ellas en la Ciudad de México y cuatro en el Estado de México, además de desarrollos en Veracruz, Yucatán, Tabasco, Durango, Hidalgo y San Luis Potosí. El punto relevante será el tamaño que finalmente adquiera el proyecto poblano, pues los inmuebles están en el Centro Histórico y cualquier intervención deberá cumplir con regulaciones especiales por el valor patrimonial de la zona. Para Slim, Puebla, gobernada por Alejandro Armenta, podría convertirse en la siguiente extensión de un negocio inmobiliario que durante años ha tenido al Valle de México como su principal territorio.
Posdata 4
Acapulco ampliará su conectividad internacional con dos nuevas rutas hacia Toronto y Montreal, Canadá, como parte de la estrategia del gobierno de Evelyn Salgado para recuperar capacidad aérea y fortalecer la llegada de visitantes extranjeros. A estas conexiones se suma el vuelo directo Acapulco-Cancún operado por Viva, que permitirá enlazar al puerto con uno de los principales centros turísticos y aeroportuarios del país. Desde junio de 2025 se han incorporado ocho rutas aéreas adicionales, un indicador relevante para un destino que ha tenido que reconstruir buena parte de su infraestructura y oferta turística tras el impacto de los huracanes Otis y John.
La apuesta del gobierno de Guerrero es acompañar esa recuperación con una agenda permanente de eventos nacionales e internacionales que genere ocupación hotelera más allá de las temporadas vacacionales. La combinación de nuevas rutas, mayor oferta de asientos y eventos de alto perfil comienza a devolver competitividad a Acapulco y a ampliar la derrama económica para hoteles, restaurantes y prestadores de servicios. El reto para la administración de Salgado será mantener esa conectividad durante todo el año y convertir el repunte turístico en una recuperación sostenida del puerto.
@MarioMal