Estados Unidos ha dejado de concentrar su estrategia de combatir exclusivamente a los líderes de las organizaciones narcoterroristas y su objetivo hoy es atacar directamente a la red político institucional que les sirve de protección.
La declaración del titular de la DEA, Terry Cole, representa mucho más que un endurecimiento retórico; constituye la expresión nítida de un cambio de paradigma en la concepción del crimen organizado transnacional. Al advertir sin matiz diplomático alguno que “...ningún cargo, título o conexión política...” alcanzará para ofrecer protección a quienes colaboren con los cárteles, la administración de Trump rompe con la ficción política que durante décadas permitió tratar a los narcotraficantes y a sus protectores institucionales como categorías diferenciadas.
El poder político dejó de ser concebido como un ámbito ajeno al fenómeno criminal para ser reconocido como uno de sus principales habilitadores. La corrupción ya no aparece como una externalidad del narcotráfico, sino como el mecanismo estructural que garantiza su reproducción, expansión y capacidad de captura del Estado. Este giro implica el colapso de un supuesto largamente tolerado; que la investidura pública podía operar como un escudo de facto frente a la rendición de cuentas.
Bajo esta nueva lógica, la proximidad al poder no atenúa la responsabilidad, sino que incrementa la presunción de complicidad. En términos estratégicos, el centro de gravedad deja de ser exclusivamente la organización narcoterrorista con sus múltiples tentáculos y se desplaza hacia la red político criminal que le proporciona impunidad, recursos y protección institucional.
El mensaje para la administración de Sheinbaum es inequívoco. La verdadera amenaza ya no reside únicamente en los actores armados del narcotráfico. Las estructuras de poder que desde el interior del Estado mexicano han hecho posible su permanencia y expansión transversal serán embestidas y desmanteladas.
En este contexto donde la mañanera no alcanza para lanzar distractores y matizar la confrontación con Washington, la eventual falta de cooperación efectiva del Estado para investigar y desarticular esas redes político-criminales en Morena ya tienen implicaciones que trascienden el ámbito de la seguridad bilateral.
Desde la perspectiva de la Casa Blanca, la ausencia de acciones verificables y la terca protección hacia actores políticos vinculados con el crimen organizado, podría interpretarse como una incapacidad institucional o falta de voluntad política para enfrentar los mecanismos de captura del Estado. Paradójicamente, cuanto menor sea la disposición de este gobierno para depurar sus propias estructuras, mayor se ha vuelto el incentivo para Washington y sus poderosos actores.
La pasividad y complacencia no compran inmunidad.
Las fabrica como objetivo.
Cada expediente que no se abre en México incrementa la motivación para que se abra al otro lado de la frontera.
Confiar que la omisión y el discurso soberano los protegerá equivale a suponer que el vacío de justicia permanecerá vacío indefinidamente.
Esa apuesta de administrar los escándalos morenos y desear un traspié electoral para Trump en noviembre es demostrar una ignorancia supina en materia de crimen organizado transnacional; los vacíos institucionales rara vez permanecen desocupados.
Y, por cierto, una eventual derrota en noviembre enfrenta menos incentivos para la moderación política cuando aún restarán 24 meses de gobierno.
@GomezZalce