Acapulco aprendió a contar pérdidas antes que turistas. Primero llegaron Otis y John. Después llegaron las cifras. Hoteles cerrados, miles de empleos afectados, colonias enteras sin servicios durante meses y un ayuntamiento obligado a reconstruir una ciudad que representa una parte esencial del turismo nacional. De acuerdo con estimaciones oficiales y de organismos empresariales, los daños materiales se contaron por decenas de miles de millones de pesos. Cada peso del presupuesto municipal adquirió un valor distinto. Cada contrato, cada obra y cada transferencia merecían un nivel de vigilancia extraordinario.
En ese contexto apareció un expediente que nunca debió convertirse en una discusión jurídica sobre competencias. La Suprema Corte resolvió que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero no podía fiscalizar recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco y que esa facultad corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. La resolución benefició a la alcaldesa Abelina López Rodríguez en ese conflicto competencial. La Corte no resolvió el destino de los recursos ni concluyó que su ejercicio fuera correcto. Sin embargo, millones de mexicanos observaron otra escena: una autoridad pidió información, otra autoridad respondió que no era la competente y la explicación sobre cientos de millones de pesos volvió a quedar pendiente.
La política mexicana se ha acostumbrado a celebrar victorias procesales mientras los ciudadanos siguen esperando respuestas de fondo.
Ese patrón aparece una y otra vez. Veamos el caso Segalmex. El proyecto insignia para fortalecer la seguridad alimentaria terminó convertido en el caso con mayores observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en la administración federal reciente. Las auditorías acumularon irregularidades por miles de millones de pesos. La Fiscalía General de la República abrió investigaciones; varios exfuncionarios enfrentan procesos penales y el propio Gobierno federal reconoció desvíos relevantes. Ignacio Ovalle dejó la dirección del organismo y fue reubicado dentro del gobierno. Los productores, los pequeños agricultores y las familias para quienes fue creado el programa siguen esperando que alguien explique cómo un proyecto social terminó ocupando los encabezados por razones completamente distintas.
Por lo que se refiere a Texcoco, el Tribunal Electoral confirmó que durante la administración municipal encabezada por Delfina Gómez se realizaron descuentos salariales a trabajadores para financiar actividades políticas de Morena. El partido fue sancionado. La resolución existe y forma parte del expediente público. La discusión nunca debió concentrarse en el monto de la multa. El verdadero problema consiste en utilizar recursos provenientes del trabajo de servidores públicos para fines ajenos al servicio que prestaban a los ciudadanos.
Vamos ahora con la Conade, Ana Gabriela Guevara llegó con el prestigio de una de las mejores atletas mexicanas. Su gestión terminó acompañada por observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, denuncias e investigaciones periodísticas sobre contratos y ejercicio del gasto. Mientras tanto, deportistas olímpicos organizaban colectas, buscaban patrocinadores privados o financiaban competencias con recursos propios. Esa imagen resultó devastadora para una institución cuya razón de existir consiste precisamente en respaldar a quienes representan al país.
El gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz no se queda atrás. Varias investigaciones periodísticas documentaron contratos otorgados a empresas de reciente creación que despertaron dudas sobre su capacidad para ejecutar los servicios contratados. Las publicaciones reabrieron un debate conocido por los veracruzanos desde hace décadas: los mecanismos cambian de nombre con facilidad; la opacidad conserva una sorprendente capacidad de adaptación.
La Auditoría Superior de la Federación también formuló observaciones relacionadas con pagos en exceso y conceptos pendientes de aclaración en uno de los proyectos emblemáticos del sexenio pasado: el Parque Ecológico Lago de Texcoco. No tenemos a la fecha responsabilidades y ni resoluciones a las solventaciones. La exigencia ciudadana, sin embargo, sigue siendo la misma: transparencia completa cuando se administran recursos públicos de esa magnitud.
Lo que une estos casos pertenece al terreno político. Morena llegó al poder prometiendo una transformación ética del servicio público. Esa promesa elevó el estándar con el que hoy se juzga a sus gobiernos. Las auditorías pendientes, las investigaciones abiertas y las explicaciones incompletas pesan más precisamente porque el discurso fue mucho más ambicioso que el de cualquier administración anterior.
La confianza pública está cada vez mas endeble. Cada auditoría sin aclarar, cada expediente que permanece abierto durante años y cada conferencia que responde con argumentos políticos a preguntas técnicas contribuyen a ese desgaste. Y los años que nos faltan…