Claudia Sheinbaum, igual que su antecesor, repite como letanía desde la tribuna presidencial que en México se respeta la libertad de expresión. Lo paradójico es que, precisamente desde ese púlpito, se ha atentado de manera sistemática contra este derecho fundamental que sostiene cualquier democracia.
El caso de Max Kaiser lo confirma. Cuando López Obrador aún era presidente, el abogado interpuso un amparo contra el Coordinador y la Directora de Redes de Comunicación Social de la Presidencia. Su reclamo era directo: el uso de su nombre en la sección “Quién es quién en las mentiras”, convertida en tribunal inquisitorial.
Un Juzgado de Distrito le dio la razón. La Presidencia, incapaz de aceptar su responsabilidad y revirar su sistémica indolencia, apeló. El asunto llegó a un Tribunal Colegiado que, hace unos días, confirmó lo obvio: el Estado había violentado al periodista.
La sentencia es clara: en la mañanera se calificó a Kaiser como “alguien que se dedica a desinformar y dar datos falsos”. Tal descripción, según dictan los magistrados, constituye una violación a la libertad de expresión y al derecho al honor. La resolución recuerda un principio básico: la libertad de expresión protege incluso aquello que incomoda, perturba o disgusta. Pero no es lo mismo que un ciudadano critique al poder, a que un presidente, en funciones, use la investidura para denostar a un particular.
La defensa de la Presidencia recurrió a artimañas leguleyas —esas que López Obrador despreciaba en público— para intentar librar la condena. Sostuvieron su apelación en sostener que la funcionaria encargada de “las mentiras” no era autoridad, que al haber terminado el sexenio ya no existía agravio. ¿Su sueldo producto del trabajo de las y los mexicanos no la hacía responsable? ¿El espectro público desde el que se transmitían sus falacias no le otorgaba responsabilidad como funcionaria y por lo tanto como autoridad?
Afortunadamente, el Tribunal determinó que los participantes en la mañanera actúan como autoridades y que sus expresiones, por ende, son actos de autoridad que deben estar fundados y motivados. Y lo dicho contra Kaiser no lo estaba.
El daño no fue simbólico. “Durante varios años tuve que buscar proyectos profesionales distintos porque ser señalado por López Obrador como enemigo del régimen provocó que empresarios y organizaciones me cerraran la puerta”, reconoce Kaiser. La sentencia confirma su testimonio: se transgredieron sus derechos fundamentales al honor y a la dignidad. Lo señalado desde el atril no fue objetivo ni veraz, tampoco de interés público. Fueron simples juicios personales, con el peso de todo el aparato del Estado.
Quizá Kaiser y otros periodistas, analistas y ciudadanos atacados desde la mañanera no fueron encarcelados ni golpeados. Pero eso no disminuye la gravedad. El linchamiento desde el micrófono presidencial sí genera miedo, sí margina, sí destruye reputaciones y proyectos de vida. Es violencia política disfrazada de diálogo con el pueblo.
Este no es un caso aislado. El Poder Judicial ya lo había establecido en el caso de Raymundo Riva Palacio: lo que se dice en las mañaneras puede violar derechos humanos.
Hoy, con Claudia Sheinbaum en el poder, la práctica persiste. Cambian los nombres, pero no la lógica. El atril presidencial se utiliza para exhibir y estigmatizar. Lo confirma la justicia: las mañaneras, antes con López Obrador y ahora con Sheinbaum, sí violan derechos humanos.
@MaiteAzuela
