Érika tenía 14 años cuando fue asesinada por elementos del Ejército
La pequeña de 14 años, Érika Gómez, se encontraba en una bodega en Tlatlaya, Estado de México. Su mamá, Clara Gómez, estaba también ahí. Asegura que intentaba rescatar a su hija de las manos de un grupo, que presuntamente formaba parte del crimen organizado. ¿Alguien en sus cinco sentidos puede afirmar que una menor de edad haya estado, en ese momento y con esas personas, por voluntad propia?
Fue un 30 de junio de 2014 cuando elementos del Ejército mexicano, en ese momento bajo las órdenes del general Salvador Cienfuegos, llegaron a la bodega y, sin más, ametrallaron indiscriminadamente a las personas que se encontraban ahí. “Al resto, ya desarmados, los fueron colocando uno a uno contra la pared” (El País: 2015)
Apenas la semana pasada se dio a conocer que la Fiscalía General de la República, que dirige Alejandro Gertz Manero, dio por concluida la investigación del caso por no haber elementos para ejercer la acción penal. ¿No resultaron suficientes los testimonios de los militares que la Fiscalía tuvo en sus manos?
Presunción de inocencia para el General
La noticia del cierre de la investigación de Tlatlaya salió a la luz en los días en que la Sedena atraviesa por su peor crisis derivada de la detención de Cienfuegos. Este caso tendría que ser un forzoso un referente para hacer contraste con el papel que han jugado instituciones de procuración de justicia en casos como Tlatlaya. No solo eso, definitivamente es el nodo de la argumentación para detener progresivamente la militarización que atenta contra la presunción de inocencia.
Uno de los razonamientos principales es que no se está garantizando su derecho a la presunción de inocencia, como si se le sentenciara por algo que nunca pasó. Por ejemplo, Renato Sales afirmó a este periódico que le parecen “inverosímiles las acusaciones contra el exsecretario de la Defensa Nacional”, pero al final coincide en que “el paradigma militar es destruir al enemigo, combatirlo”.
El propio presidente afirmó que “aún en el supuesto de que resultara responsable el general Cienfuegos no debe culparse a todas las Fuerzas Armadas y tenemos que cuidar a una institución tan importante”. Efectivamente no se puede responsabilizar a toda la institución, pero tampoco se puede exculpar sin pruebas como en el caso Tlatlaya. Varios incluso exigen que la defensa del general sea pagada con el erario público. Ojalá ese apoyo hubiera tenido la pequeña Érika.
Asesinos de Érika libres y protegidos
Tlatlaya es un caso emblemático que muestra el modo de actuar de las fuerzas armadas durante los últimos 14 años de militarización de la seguridad. El espectro de las operaciones militares no atraviesa por el principio de legalidad, por la presunción de inocencia o por el acceso a la justicia. En Tlatlaya “la orden fue abatir”. El cierre del caso Tlatlaya muestra el actuar del Ministerio Público Federal al tener en sus manos investigaciones que involucran a las fuerzas armadas. Este es un común denominador en los casos de violaciones de derechos humanos y corrupción en las que se presume la participación de algún elemento militar.
Dar carpetazo es equivalente a la postura del gobierno mexicano de no iniciar investigaciones propias sobre el caso del general Cienfuegos. La impunidad blinda a los integrantes de las fuerzas armadas responsables de la masacre, mientras se materializa la falta de derecho a la verdad para las víctimas. Una postal devastadora que poco abona a la justicia.
