Existe un consenso casi generalizado sobre los efectos nocivos de la corrupción sobre la vida de los ciudadanos y sobre la consolidación de la democracia como forma de vida. La corrupción profundiza las desigualdades e hipoteca el futuro de las sociedades. A pesar de ello, la agenda pública del combate a la corrupción se ha debilitado en América Latina y ha reducido la cruzada a promesas electorales o a discursos de dientes para afuera, plagados de lugares comunes. Esto ha coincidido con la pérdida de derechos y la conformación de gobiernos autoritarios.
El último informe de Latinobarómetro 2024 subraya las contradicciones y el optimismo de la “resiliencia democrática” en una región que apuesta más a la realización de procesos electorales y a la adopción de gobiernos populares que al ejercicio de una democracia en sentido amplio.
La organización dedica un amplio apartado a la corrupción reconociendo su relevancia y su poder destructor sobre las bases democráticas. El recuento de los presidentes latinoamericanos que han sido acusados y condenados por corrupción no tiene desperdicio. Del periodo de transición a la democracia en 1979,. a la fecha, 24 presidentes han sido acusados o condenados por corrupción. Destaca el caso de Perú, en donde pareciera existir la tradición de acusar a todos sus expresidentes de delitos de corrupción, Fujimori incluido. En diez países de la región, 27 presidentes han tenido que terminar su periodo de manera anticipada debido a acusaciones de malos manejos, a persecuciones políticas con o sin sustento o a la pérdida de legitimidad frente a la ciudadanía. El Informe da cuenta de que son solamente seis los países que no tienen ningún presidente acusado por la justicia y que han mantenido su ciclo de gobierno conforme al calendario para el cual fueron electos. En estos países, coincidentemente, existen mejores indicadores de democracia y más rechazo a la instauración de regímenes autoritarios.
En el Informe, los encuestados insisten en que la corrupción política continúa siendo uno de los tres problemas públicos más importantes de la región. Y sin embargo, la evidencia muestra que los esfuerzos se han debilitado.
A finales del año pasado, casi en las mismas fechas que se publicó Latinobarómetro, la organización de abogados Cyrus R. Vance Center con sede en Nueva York, publicó la tercera edición de la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2023-2024. Este estudio utiliza la práctica de la comunidad jurídica para evaluar la legislación, el desempeño de las autoridades y la puesta en marcha de políticas para prevenir, sancionar y combatir la corrupción. Los resultados muestran que en general, hay un clima de retrocesos institucionales y deterioro sistemático en 18 países vinculado al debilitamiento de las democracias. Esto ha mermado tanto el Estado de derecho como el impacto de los esfuerzos de combate a la corrupción. La falta de una ética pública, la vulneración de la independencia entre los poderes públicos, las deficiencias institucionales en las instancias encargadas de investigar y combatir la corrupción se acompañan de impunidad y del acceso a los puestos públicos como un sistema de botín.
En el caso particular de México, existe un marco normativo robusto, pero una clara debilidad en las capacidades e independencia de las autoridades administrativas, ministerios públicos, judicatura y capacidades de incidencia por parte de la sociedad. La autoridad mejor calificada en cumplir con el mandato de generación de información, y por ende en contribuir en el combate a la corrupción, es el Inai. Lástima. Y lo que falta.
Investigadora de la UdG
