En nuestro país, pocas discusiones ilustran con mayor nitidez la fractura entre el rigor analítico y la estridencia mediática como la relativa a la productividad del Poder Legislativo. Con frecuencia, se realiza un ejercicio que se reduce a un simple conteo de iniciativas presentadas. Quizá por desconocimiento o incluso en algunos casos, me atrevería a decir que hasta por mala fe, se ha logrado convencer hasta a los mismos legisladores y legisladoras que lo fundamental es producir en grandes volúmenes iniciativas de los más variados temas. Conviene por ello, analizar esta idea.
Equiparar la presentación de una iniciativa con la producción legislativa real es un error. La única medición sostenible, es aquella que se cuantifica a través de las páginas del Diario Oficial de la Federación (DOF). Es en este órgano de difusión del Estado donde el espíritu de la ley se materializa en decreto. Allí se refleja la verdadera productividad, en este documento esencial en donde las leyes y decretos entran en vigor a la hora de publicarse o al día siguiente de su publicación.
Un Congreso en donde se presentan dos mil iniciativas y solo se aprueban 20 de ellas, es un Congreso que estaría aprobando solo el 1%, de sus iniciativas, por lo que resultaría ser un Congreso ineficaz. En un Congreso en donde se presentan 100 iniciativas y se aprueban 50 de estos proyectos, estaría aprobando el 50% del total, por lo que resultaría ser mucho más productivo, que el del ejemplo anterior. Sin embargo, el análisis último de la productividad legislativa no la da un número, ni un porcentaje, sino la profundidad y el alcance de los decretos y leyes aprobadas y publicadas en el DOF.
Otro punto es la individualización del trabajo legislativo. Desde el momento en que una iniciativa comienza su proceso legislativo y pasa por comisiones dictaminadoras, por debates en lo general y en lo particular, reservas y votaciones en el Pleno, y en el caso de reformas constitucionales, por el tamiz de los Congresos Locales, el texto resultante pertenece a la institución en su conjunto. La obra es del Congreso. La firma inicial es apenas un acta de paternidad que el proceso diluye inevitablemente en el trabajo colegiado.
¿Por qué entonces persiste este juego mediático? Porque resulta más rentable construir una narrativa de parálisis basada en el conteo simple de iniciativas que entrar a la densidad y a la jerarquía de las reformas publicadas. Pero si la discusión pública ha de elevar la calidad de nuestra democracia, debe mudar el objeto de estudio: No es la Gaceta Parlamentaria lo que nos da la clave de la productividad sino el DOF como único testigo fiel de la transformación jurídica del Estado.
Este segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura ha sido un periodo de intensa actividad que lo sitúa, como uno de los más productivos desde que México adoptó el actual sistema de pesos y contrapesos. Entre septiembre de 2025 y lo que va del actual periodo ordinario, se han logrado cristalizar reformas constitucionales, nuevas leyes o reformas legales de alto calado. Su verdadera dimensión se aprecia al observar la arquitectura jurídica que estas piezas han configurado en el Estado mexicano, es decir, una auténtica y profunda Reforma del Estado.
En el primer año de la Legislatura se avanzó sobre piezas legislativas que fueron grandes trazos constitucionales —la elección popular de jueces, la recuperación del control energético del Estado, la constitucionalización de los programas sociales, el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público—. El andamiaje normativo del cambio de régimen correspondió a este segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura con leyes generales impostergables -Ley General de Aguas, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, entre las más importantes. De igual forma el día de ayer emitimos la Declaratoria de Constitucionalidad de la reformar en materia de feminicidio.
La productividad del Poder Legislativo, en términos estrictos, es la capacidad de traducir un proyecto político en normas positivas, vigentes y coercibles. Cada decreto publicado es el resultado de una compleja química parlamentaria y de su naturaleza colectiva. Ahí donde el eco mediático se disipa, queda una sola verdad con fuerza vinculante: la del decreto. Y es en el Diario Oficial de la Federación, donde reposa la voz genuina de los avances y la productividad real del Congreso.
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