La libertad de expresión rara vez desaparece de un solo golpe. Normalmente se erosiona de manera gradual: mediante campañas de descalificación, acoso judicial y reglas ambiguas diseñadas para sembrar incertidumbre. El propósito es claro: que el miedo haga el trabajo de la censura y que periodistas y medios de comunicación comiencen a preguntarse si vale la pena investigar, cuestionar o publicar aquello que incomoda al poder. Cuando esa duda se instala, la autocensura empieza a ganar terreno.
Resulta profundamente preocupante que desde el poder se impulse una narrativa de confrontación contra periodistas, medios de comunicación y, en el fondo, contra la propia libertad de expresión. Cuando se desacredita de manera sistemática a quienes investigan asuntos de interés público, el mensaje rebasa la crítica política: se envía la señal de que ejercer el periodismo puede tener consecuencias y se alimenta un ambiente de intimidación incompatible con cualquier democracia.
La preocupación es aún mayor si se considera que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Proteger a la prensa no implica otorgar privilegios a un gremio; significa salvaguardar el derecho de todas y todos los mexicanos a estar informados, conocer la verdad sobre los asuntos públicos y exigir cuentas a quienes ejercen el poder.
En ese contexto, también preocupa la intención de algunos estados de la República de establecer mecanismos para determinar quién puede ser reconocido como periodista. Una medida de esta naturaleza resulta incompatible con los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión. El artículo 2 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adopta un concepto amplio de periodista, sin supeditar esa condición a la posesión de un título profesional, a una remuneración, a la periodicidad del trabajo informativo o, mucho menos, al reconocimiento de una autoridad.
Permitir que el Estado decida quién es y quién no es periodista abriría la puerta a restricciones arbitrarias sobre el ejercicio de esta labor, excluiría a comunicadores de los mecanismos de protección y favorecería nuevas formas de control y estigmatización incompatibles con un régimen democrático.
Por ello, se deben fortalecer las condiciones para el ejercicio libre del periodismo. La responsabilidad de las instituciones no es señalar a quienes preguntan, sino combatir la impunidad, proteger a quienes informan y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Ninguna democracia sólida teme a las preguntas; por el contrario, entiende que el periodismo crítico fortalece a las instituciones. La crítica nunca ha sido una amenaza para un país; la verdadera amenaza es el silencio que nace del miedo.
El pilón: Es urgente que las autoridades mexicanas adopten medidas coordinadas e inmediatas para atender los requerimientos de seguridad y sanidad que permitan reanudar las exportaciones de aguacate a Estados Unidos. Mantener esta suspensión afecta la economía de las familias productoras, debilita una de las cadenas agroexportadoras más importantes del país y pone en riesgo la competitividad de México en un mercado estratégico.
Diputada federal