En México hay una pregunta que ninguna autoridad, ningún partido y ningún político puede evadir: ¿de qué lado están, del lado del narco o del lado de la ciudadanía?
La respuesta exige claridad, responsabilidad y definición pública, porque frente al crimen organizado cada autoridad debe demostrar, con decisiones concretas, que está del lado de las familias, de las víctimas y de las comunidades que todos los días exigen vivir sin miedo. Proteger a la ciudadanía, recuperar la tranquilidad de las colonias y defender a quienes trabajan honestamente debe ser la prioridad del Estado frente a quienes buscan imponer violencia, extorsión y control criminal.
En nuestro país, la diferencia entre los políticos se expresa en la forma en que enfrentan al crimen organizado. Hay autoridades que protegen a las familias, desmantelan narcolaboratorios, combaten estructuras criminales y trabajan para recuperar la paz de sus comunidades, entendiendo que gobernar implica tomar decisiones difíciles, asumir costos políticos y colocar la seguridad de las personas por encima de cualquier cálculo. También existen políticos que, por cálculo, corrupción, omisión o complicidad, terminan protegiendo a los criminales al justificar a los cárteles, minimizar su presencia, guardar silencio frente a la violencia o dirigir sus ataques contra quienes sí enfrentan al crimen organizado. Esa conducta tiene consecuencias humanas profundas, porque detrás de cada decisión de tolerar, encubrir o normalizar la presencia criminal hay familias destruidas, comunidades sometidas, desapariciones, violencia y asesinatos.
Por eso resulta profundamente irresponsable descalificar políticamente a una autoridad que combate al crimen organizado. Cuando una gobernadora actúa para desmantelar laboratorios, enfrentar estructuras criminales y proteger a las familias, la pregunta de fondo es evidente: ¿a quién quieren defender quienes la atacan? En Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos ha tomado decisiones para proteger a las familias y enfrentar al crimen organizado. Cuestionarla por actuar revela una disyuntiva que debe responderse de cara a la ciudadanía: ¿están del lado de la gente o del lado de quienes generan miedo? El crimen organizado busca mucho más que ampliar mercados ilegales: pretende controlar territorios, condicionar autoridades, intimidar familias, someter comunidades y desafiar al Estado mexicano. Su poder se expresa en armas y dinero, pero también en silencios políticos, complicidades institucionales y discursos que normalizan la violencia y dejan indefensa a la ciudadanía.
Los reportes internacionales que advierten sobre el control territorial del crimen organizado en distintas regiones de México confirman una realidad que debe asumirse con seriedad de Estado. El avance de los grupos criminales reduce la libertad de las personas, altera la vida cotidiana de las comunidades y debilita la capacidad de las familias para vivir con tranquilidad. Enfrentar este problema exige reconocer su dimensión, respaldar a quienes actúan contra la delincuencia y recuperar los espacios donde los cárteles han buscado imponer miedo, violencia y ausencia de futuro. La seguridad de las familias mexicanas exige una discusión por encima de las simpatías partidistas y de los intereses políticos de coyuntura. Gobernar implica asumir una responsabilidad moral e institucional con la ciudadanía, tomar decisiones orientadas a proteger la vida, la libertad y la tranquilidad de las comunidades. Quienes ejercen autoridad deben mirar a las víctimas, a las familias y a las personas que todos los días salen a trabajar, estudian, emprenden y sostienen este país. México necesita autoridades firmes frente al crimen, comprometidas con la paz y decididas a defender a la ciudadanía. El país requiere gobiernos capaces de proteger el territorio, respaldar a las víctimas, acompañar a las familias y recuperar la tranquilidad de las comunidades. La disyuntiva es clara y cada quien tendrá que responder ante la historia: proteger al narco o defender a los ciudadanos. Yo no tengo duda. México debe estar del lado de las víctimas, de las familias y de la ciudadanía.
Diputada federal
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