Todo el entramado institucional de nuestro país se ha construido sobre una certeza: eliminar, lo más posiblemente, la desconfianza que existe hacia los diversos procesos burocráticos. Podemos pensar en múltiples ejemplos: la edificación del proceso electoral con cada vez más candados que diluyan la posibilidad de fraude: tinta indeleble en el dedo pulgar, un padrón con fotografías, representantes de casilla, y súmesele. Todo ello con una finalidad: que la ciudadanía confié en el proceso donde han votado, el objetivo: diluir las trampas del pasado que nunca terminan de irse y siempre están presentes en el imaginario colectivo.
En México se desconfía del arbitraje, de los jueces, políticos, las instituciones de justicia, la policía, los partidos políticos. El trasfondo: la corrupción como un problema cultural en México. Todo se resuelve con dinero o con el conocido de alguien. De ahí el surgimiento de la desconfianza, por ello la implementación de candados infinitos que den certeza. Pero, el verdadero problema es que la sociedad motiva la corrupción que erosiona a nuestras instituciones.
La tecnología, entonces, pareciera puede ser un elemento que reduzca la corrupción, sorpresa nos hemos llevado estos días al conocer el escándalo que se desató en la UNAM donde se sustituyó el examen presencial por uno en línea a cargo de la empresa Territorium Life, quien obtuvo un contrato millonario. Se había mencionado que se tendrían al menos 20 candados de seguridad con uso de la Inteligencia Artificial, como el monitoreo para captar y grabar cualquier conducta inapropiada. Se aplicaron más de 158 mil exámenes, para los cuales solo hay 21,962 lugares, y en la publicación de los resultados surgió la denuncia en redes sociales de la presencia de resultados atípicos, había crecido el porcentaje de aciertos por encima de la media historia. Durante la prueba se anularon 3 mil exámenes por conductas inadecuadas.
La polémica abre un desafío para la Universidad, quien necesita recuperar la credibilidad que ha perdido en unos días, para ello es necesario que el comité técnico que se ha instalado evalué tres aspectos: el papel que jugaron los funcionarios a cargo de la supervisión de la prueba; las fallas de la empresa encargada de realizar la prueba, ello implica se haga público el contrato donde se detalle el costo del servicio y se especifiquen cuáles fueron los compromisos que Territorium life asumió para blindar el proceso; debe de existir una sanción severa para aquellos aspirantes que violaron las reglas, quien hace trampa no debe de ser digno de ingresar a la UNAM.
El controversial proceso ha perdido legitimidad ante la sociedad por lo mismo tendría que repetirse, puede ser injusto para quienes de manera legal obtuvieron un resultado positivo, pero es la única manera de recuperar la confianza y garantizar que los mejores sean quienes ingresen. La Universidad tiene la capacidad y el tiempo para repetir el proceso y garantizar, así, el ingreso en el mes de agosto de los 21 mil aspirantes que serán seleccionados. En caso de no reponerlo y existir sanciones la Universidad será la gran perdedora, se marcarán dos precedentes: la trampa y corrupción como única opción para ingresar; y la suplantación de inteligencia humana por la Artificial, ¿entonces para que necesitaríamos las universidades si quienes desean estudiar han cambiado sus ideas por las de una máquina?
El desafío esta lanzado y la UNAM tiene en sus manos su propio futuro y credibilidad.
Hasta aquí Monstruos y Máscaras…