A un poco más de un año de las elecciones judiciales del 2025 y cuando está por cumplirse un año desde que los nuevos juzgadores iniciaran sus funciones, es un buen momento para preguntarnos por las motivaciones de la reforma constitucional que las posibilitó. Esta temporalidad permite explorar las razones dadas por el entonces presidente López Obrador —y hechas suyas tanto por sus seguidores como por sus aliados— para transformar de manera tan radical la función jurisdiccional en nuestro país.
La iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 justificó la reforma en la necesidad de combatir la corrupción, eliminar el nepotismo y erradicar los privilegios de una élite judicial. Tales razones fueron descalificadas desde el primer momento. Por una parte, porque se fundaban en un falaz diagnóstico sobre la situación general de los poderes judiciales; por otra, porque ni aun siendo ciertos podían resolverse con lo planteado en la propuesta.
La manera en que se procesó la iniciativa, el contenido del resultante texto constitucional, la selección de los candidatos, la forma en que se realizó la elección y la conformación de los nuevos órganos judiciales, fueron suficientes para cuestionar la sinceridad de los propósitos expresados por López Obrador. A diferencia de lo dicho por él, hay quienes supusimos que siempre se trató de un esfuerzo por apoderarse de la judicatura nacional para subordinarla a los fines del movimiento que encabezaba. En esa posibilidad había una cierta dignidad: podía tratarse de un ejercicio equivocado, de algo plagado de errores técnicos y destructivo de nuestra pobre civilidad, pero aun así podía tener el halo de integridad política. Conforme avanzan los días y conocemos lo habido y lo omitido en su periodo presidencial, se borra lo que de dignos pudieron haber tenido sus afanes reformistas.
Al presentar su propuesta de reformas, el presidente López Obrador sabía de los inmensos problemas de gobernabilidad que ya había generado, pero, sobre todo, conocía la enorme corrupción existente por sus acciones y sus omisiones; por su muy patrimonialista manera de conducirse en los asuntos públicos. Sabía también de las peligrosas redes que él y sus allegados habían tejido con delincuentes de diversas proveniencias y categorías. Entendió que más allá de la continuidad de su movimiento político, los jueces podían llegar a aplicar el derecho e imponerle a él y a los suyos diversas sanciones; a castigarlos en lo personal y a mostrar las verdaderas calidades de lo que alguna vez imaginó como una obra de epopéyicas dimensiones.
Me parece que hoy, con todo lo que sabemos acerca de lo que fue y sigue siendo el periodo obradorista, la verdadera intención de la reforma fue integrar a la judicatura nacional al movimiento; hacerla parte de lo que se había constituido para imposibilitar la investigación de sus integrantes. Los posibles anhelos de transformación colectiva quedaron reducidos a los empeños por su personal salvación.
La iniciativa obradorista y la reforma de los morenistas y sus aliados se hicieron a costa de la institucionalidad judicial del país. Supusieron que, si los jueces provenían de su misma mecánica electoral, quedarían englobados en la unidad política controlada por el padre del movimiento. Todo fue un empeño de blindaje oculto. Presenciamos un gran acto de simulación política; la degradación de las instituciones para impedir las consecuencias de las acciones de quien se soñó supremo, de quien realizó o permitió que se realizaran por sí y para sí los muchos actos de corrupción, así como de traición a la Constitución y a las leyes a las que día con día estamos asistiendo.
Ministro en retiro de la SCJN.
@JRCossio
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