Ante el vergonzoso “manto protector” que el oficialismo activó por los graves señalamientos del gobierno estadounidense al gobernador de Sinaloa, al senador por el estado, al presidente municipal de Culiacán y a otros siete altos funcionarios estatales y municipales emanados de Morena, en Acción Nacional no vamos a mantenernos callados y permitir que la impunidad se normalice, por lo que hemos decidido llevar este caso hasta sus últimas consecuencias legales e institucionales.
En los próximos días acudiremos ante la Corte Penal Internacional de La Haya para presentar denuncias por posibles crímenes de lesa humanidad; además, en la Cámara de Senadores impulsaremos la solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa; asimismo, en la Cámara de Diputados promoveremos el inicio de un juicio político contra Rubén Rocha Moya, buscando su separación definitiva del cargo y la inhabilitación de quienes hayan actuado en complicidad con el crimen organizado.
Lo que ocurre en Sinaloa no puede reducirse a un escándalo más. Tampoco puede esconderse detrás de discursos de soberanía o narrativas de persecución política. Aquí estamos hablando de señalamientos gravísimos que involucran presuntos pactos entre el poder político y crimen organizado, acusaciones de intervención criminal antes, durante y después de procesos electorales políticos y judiciales, protección institucional y utilización de corporaciones públicas al servicio de grupos delincuenciales.
Lo más preocupante es que muchas de estas señales no aparecieron ayer. Desde hace años hubo advertencias. Hubo denuncias. Hubo testimonios. Hubo hechos públicos que encendían alarmas. Y que fueron denunciados en su momento. Sin embargo, desde el oficialismo se optó por minimizar, desacreditar y descalificar cualquier señalamiento incómodo. Todo se reducía a “ son ataques de la oposición”. Todo se intentó convertir en propaganda. Mientras tanto, la violencia crecía, las familias seguían enterrando a sus muertos y miles de ciudadanos aprendían a vivir con miedo.
Esa es la verdadera tragedia de México: la normalización de lo inaceptable.
Nos acostumbraron a escuchar sobre narcobloqueos como si fueran parte del paisaje. Nos acostumbraron a ver comunidades enteras paralizadas por el miedo. Nos acostumbraron a escuchar historias de desapariciones, de cobro de piso, de extorsión y de terror cotidiano mientras el gobierno repetía que todo estaba bajo control. Pero nada está bajo control.
Y Sinaloa se convirtió en el ejemplo más doloroso de lo que sucede cuando un gobierno pierde la capacidad —o la voluntad— de poner a los ciudadanos por encima de cualquier interés político.
Aquí no se trata solamente de un gobernador con licencia o de varios funcionarios señalados. El problema es mucho más profundo. El problema es la sospecha de una captura institucional. La percepción de que partes del aparato público dejaron de servir a la ciudadanía para convertirse en instrumentos de protección criminal. Eso destruye la confianza social.
Porque una democracia no solamente se sostiene con elecciones. Una democracia necesita que los ciudadanos crean que las instituciones funcionan para protegerlos, no para abandonarlos. Necesita que la gente tenga la certeza de que el voto es libre, de que la ley se aplica parejo y de que quien gobierna responde al interés público y no a compromisos oscuros.
Cuando esa confianza desaparece, comienza a romperse el pacto democrático más importante de cualquier nación. Muchos opinologos ya han definido que México no es una democracia sino una mafiocracia y nosotros decimos que Morena es un narco partido.
Hay algo particularmente doloroso en todo esto: quienes terminan pagando el costo nunca son los políticos. Son las familias. Son las madres buscadoras que recorren carreteras y fosas clandestinas mientras el Estado les da la espalda. Son los pequeños comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios porque la violencia volvió imposible trabajar. Son los jóvenes que crecieron normalizando las balaceras, las amenazas y el miedo. Son miles de ciudadanos honestos atrapados entre el abandono gubernamental y el avance del crimen organizado.
Mientras eso ocurre, Morena insiste en convertir todo en un falso debate sobre soberanía nacional. Intentan presentar cualquier investigación internacional como una agresión contra México. Y no. Hay que decirlo con claridad: investigar a políticos señalados por posibles vínculos criminales no significa atacar al país. México no es Morena.
Y defender a México jamás puede significar proteger a personajes señalados por colaborar con organizaciones criminales. La soberanía no se defiende ocultando información ni desacreditando investigaciones incómodas. La soberanía se defiende construyendo instituciones fuertes, transparentes y confiables. Se defiende garantizando elecciones libres, gobiernos honestos y autoridades capaces de enfrentar al crimen sin pactos ni complicidades.
Por eso resulta tan grave que el oficialismo siga reaccionando con evasivas, ataques y propaganda en lugar de asumir la dimensión real del problema.
Porque aquí ya no hablamos únicamente de responsabilidades individuales. Aquí hablamos de la posibilidad de que el crimen organizado haya encontrado espacios de protección política dentro del poder público.
Y si eso se confirma, el daño para México sería histórico. No solamente por el impacto interno, sino porque también está en juego la relación de nuestro país con el mundo. La estabilidad económica, la confianza internacional y la viabilidad de acuerdos estratégicos dependen también de la credibilidad institucional de México.
Por eso este caso debe investigarse a fondo. Sin privilegios políticos. Sin inmunidades disfrazadas. Sin pactos de silencio. Sin utilizar las instituciones como escudos partidistas. México necesita la verdad.
Presidente del Partido Acción Nacional
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