Durante años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue utilizada con fines ajenos a su naturaleza técnica. En lugar de encabezar una política seria contra el lavado de dinero, se le empleó para perseguir adversarios políticos, intimidar empresarios y periodistas y congelar cuentas de manera selectiva. Su verdadero potencial —el de seguir la ruta del dinero ilícito para desmantelar estructuras criminales— quedó relegado frente al uso faccioso de sus capacidades.
Eso puede cambiar. En los últimos meses, el gobierno federal ha dado pasos relevantes para redefinir el papel de la UIF y fortalecer su vinculación con el sistema de seguridad y justicia. El 27 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea, dentro de la propia UIF, una nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas. Se trata de una unidad operativa con atribuciones para generar inteligencia financiera dirigida específicamente al combate de estructuras criminales, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional.
Este rediseño institucional se complementó el 16 de julio con la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Se actualizó el marco normativo conforme a nuevos estándares internacionales, se introdujo la figura de las personas políticamente expuestas, se reforzaron los mecanismos para identificar a los beneficiarios finales de operaciones financieras, se ampliaron las actividades vulnerables y se estableció la participación activa de la UIF en los procedimientos penales por lavado de dinero. Se le reconoce ya no sólo como autoridad administrativa, sino como una instancia querellante con facultades para coadyuvar directamente en el desmantelamiento financiero de las redes delictivas.
Estas reformas apuntan en la dirección correcta. La UIF no debe ser un actor decorativo ni un instrumento político. Debe convertirse en el eslabón técnico central de una estrategia eficaz contra la estructura monetaria de la delincuencia organizada. Sin rastrear los flujos financieros, sin detectar los circuitos de lavado, sin congelar activos para su decomiso ni seguir la ruta del dinero, cualquier otra medida de seguridad queda reducida a lo simbólico.
La presidenta Sheinbaum ha apostado por colocar a la UIF en el centro de su estrategia contra el flujo de dinero del crimen organizado. La ha fortalecido normativamente, ha redefinido sus prioridades, la ha vinculado al gabinete de seguridad y la designación de su nuevo titular recae en un perfil técnico, experto y profesional como lo es Omar Reyes Colmenares. Son pasos relevantes, siempre que esa voluntad se sostenga y se traduzca en una UIF técnica que se coordine eficazmente con las fiscalías, y que entienda que su labor no es perseguir personas, sino estructuras financieras.
Si la UIF cumple esa función, si se consolida como una institución técnica y confiable capaz de golpear donde más le duele al crimen —en su dinero—, entonces se marcará un antes y un después en nuestra justicia penal. No hay organización delictiva sostenible sin recursos. Pero tampoco hay combate efectivo sin una UIF profesional que funcione bien.
Abogado penalista. X: @JorgeNaderK
