El pasado 23 de julio, el periódico El Financiero publicó extractos de una entrevista que concedió el diputado morenista Ricardo Monreal. En ella, el legislador afirmó que “la narrativa del narcogobierno y narcopartido es injusta”, culpando a los “partidos de derecha” de esa campaña en contra de Morena. Reconoció que “la narrativa se ha impuesto y que es muy fuerte la lucha de la derecha contra nosotros”. Y no tuvo más que aceptar que “tenemos riesgos de perder la preferencia si no corregimos al interior. Sí tengo preocupación, porque en algunos espacios no tengamos los mismos resultados del 24”. En efecto. Llegaron al poder en 2018 con el beneficio de la duda y un voto de confianza. Hoy los persigue el hartazgo social y están en el umbral de un voto de castigo. El mote de narcopolíticos se lo han ganado a pulso. No se trata de una campaña como tal, pues hay signos visibles de una relación intolerable del gobierno mexicano con el narco. La severa acusación y solicitud, por parte de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para la detención provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve personas más allegadas al mandatario, por presuntos vínculos con el narcotráfico no es cosa menor. Ahí mismo señalan el modus operandi que se siguió para imponer en el gobierno estatal a Rocha Moya y a otros con la ayuda, intimidación y financiamiento del crimen organizado, a cambio de entregarles la plaza. Luego vinieron las grabaciones de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que revelan relaciones más que peligrosas con traficantes de influencias de agencias estadounidenses, en busca de la recuperación de su visa y de impunidad, ahí sí, una auténtica traición a la patria. Ahora, la novedad es que descubrieron en Reynosa, Tamaulipas (donde “gobierna” otro señalado por nexos con el narco, Américo Villarreal) una refinería ¡del crimen organizado! al tiempo que se aseguraron 3 millones 769 mil litros de hidrocarburos. Pero ¿qué creen? no hubo detenidos. En octubre del año pasado, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, estimó el boquete al erario por el huachicol fiscal, en 600 mil millones de pesos. Y, tan solo en lo que va del 2026 se calcula que la omisión de impuestos por esta perversa práctica de contrabando asciende a 19 mil millones de pesos, con información de la U.S. Energy Information Administration y de la Agencia Nacional de Aduanas. ¿Cree el lector que estos mega fraudes pueden realizarse sin el conocimiento del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la administración portuaria, los servicios de inteligencia, el SAT, el Consejo de Seguridad y de la propia presidencia de la república? Todo esto explica la atrabancada aprehensión de un ex gobernador de oposición, de 74 años de edad, Ernesto Ruffo, y el resto de desfiguros que hacen en Morena para distraer al respetable. Me temo que ya no les alcanzará.
Abogado. @JLozanoA