Ayer nos enteramos de la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia Eduardo Medina Mora. Aunque al momento de escribir esta columna se desconocían las causas puntuales de la misma, se había hecho pública una posible investigación en su contra por transferencias millonarias que había recibido y que no coincidían con la información de su declaración patrimonial. Esta renuncia llega en medio de una altísima percepción de corrupción por parte de la ciudadanía hacia todos los operadores del sistema de justicia, en particular los jueces. En la Envipe 2019 una mayor proporción de la población (68.4%) clasificaba a los jueces como corruptos superando a policías municipales (67.9%) y a ministerios públicos (65.5%). Esta desconfianza hacia las instituciones del sistema de justicia puede tener a su base las altísimas cifras de impunidad en el país y en particular de corrupción.
En el caso de Javier Duarte, fue la irregular actuación de los ministerios públicos de la entonces PGR la que tuvo como consecuencia que se reclasificara el delito por el que originalmente se le había acusado (delincuencia organizada) a uno de asociación delictuosa que conllevaba una pena menor. Fueron las carencias en la investigación de los ministerios públicos de la PGR las que ocasionaron que se llegara a un procedimiento abreviado con el que se redujo aún más la pena de Duarte para este delito. Un juez determinó la sentencia de tan solo 9 años y la ridícula multa de 58 mil pesos, pero la dictó con base en la investigación que armó la Procuraduría General de la República. Y qué fue lo que ocasionó estas irregularidades en la labor de los funcionarios asignados al caso: ¿la impericia o una orden por no investigar ni litigar bien? Sea la razón que fuere, si los policías, ministerios públicos o jueces hacen mal su trabajo o interfieren con la justicia, deben ser investigados y sancionados por ello. No puede haber pactos de impunidad para los funcionarios envueltos en casos de corrupción sea del nivel que fueren.
En el caso de Javier Duarte habría impunidad para estos funcionarios si no fuera por la denuncia que la asociación civil TOJIL presentó hace un año ante la visitaduría de la PGR, en la que acusaba de actos de corrupción a algunos de sus servidores públicos por la forma en que llevaron el caso. Además de meter esta denuncia, la asociación pidió que se les reconociera su carácter de víctima para poder acceder a la carpeta y coadyuvar en la investigación en contra de los funcionarios que resulten responsables de la pésima investigación armada. Un juez negó la solicitud a la asociación, pero otro les concedió un amparo que reconoce su carácter de víctima. La ahora FGR no ha reconocido tal carácter y ha metido una serie de recursos de revisión. Todo para evitar sancionar y responsabilizar a los funcionarios públicos que con sus irregularidades y corruptelas perpetúan el ciclo de impunidad en el que vivimos.
La corrupción no sólo propicia violaciones de derechos humanos sino que además infiltra y socava nuestras instituciones de seguridad y justicia que acaban operando bajo los designios del mejor postor y de redes de macrocriminalidad. La única manera de acabar con la impunidad es sancionando a los operadores del sistema que, con su mal desempeño, acaban investigando de forma inadecuada los delitos relacionados con la corrupción que tanto nos afecta. Hay operadores en el sistema de justicia ineficientes y otros corruptos, en esta bolsa entran policías, ministerios públicos y también jueces. La falta de confianza en las instituciones de justicia nos afecta a todos al desincentivar la denuncia. La manera de empezar a reducir esta desconfianza es sancionando a los funcionarios que con su mal trabajo, producto de la corrupción o de la ineficiencia, ocasionan que los delitos terminen en impunidad.
Ante el revuelo ocasionado por la renuncia del Ministro Medina Mora, los ministros de la primera sala de la SCJN tienen una oportunidad histórica de atraer el caso de revisión del amparo concedido a TOJIL (solicitud de facultad de atracción 559/2019) en el que se reconoce su carácter de víctima en la denuncia que interpusieron. Este reconocimiento creará un precedente jurídico y mostrará la capacidad que tienen los jueces y las organizaciones civiles para aportar en el combate a la corrupción.
Directora Ejecutiva de Impunidad Cero
