Nunca más. Esta es la frase con la que el fiscal Strassera, cerró su acusación durante el juicio a los militares al mando de la dictadura en Argentina. Gracias a la película Argentina 1985, que recrea la investigación y el hostigamiento que esta comisión tuvo que enfrentar, muchas personas conocerán esta frase. Sin embargo, lo que quizás no muchos sepan es que esa misma frase fue dicha por Ernesto Sábato, presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas que tuvo bajo su cargo empezar a investigar las atrocidades cometidas durante la dictadura. Para poner claridad en la línea de tiempo de estos hechos, conviene decir que primero tuvo lugar la Comisión y luego el Juicio a las Juntas.

Hago esta precisión porque me parece importante tener esta diferencia entre comisiones de verdad y procesos penales para hablar de las revelaciones del Caso Ayotzinapa de los últimos días y la manera en que estas revelaciones se están usando para desviar el tema de lo más importante: llegar a la verdad sobre lo que pasó con este caso; asignar las responsabilidades y sanciones correspondientes; y más importante aún: evitar que estos actos de terrorismo de Estado, ya sea por parte del Ejército, la policía y funcionarios vuelvan a ocurrir.

La revelación del reportaje del New York Times nos permite ver cómo el actual gobierno, más que buscar una sanción a los responsables del caso Ayotzinapa, lo que busca es una verdad mediática que pueda ser sustentada ante la prensa y no justificada ante tribunales. Digo esto basándome en el propio testimonio del secretario Encinas en la mañanera de ayer en la que declaró que buscó a Tomás Zerón para llegar a un acuerdo extrajudicial. Es extrajudicial ya que el secretario Encinas no tiene ninguna atribución alguna para ofrecer este tipo de medidas, si es que reconocemos la autonomía de la fiscalía y de la unidad de investigación que se creó para investigar este caso.

Otro tema a señalar por las declaraciones del secretario Encinas y del artículo del NYT, tiene que ver con el desfase entre las actuaciones de 1) la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa (Covaj) y 2) el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); la unidad especializada de investigación para el caso (UEILCA;) y los padres de familia. Gracias al informe Ayotzinapa IV del GIEI, sabemos que gran parte del informe de la Covaj presentado en agosto no fue compartido con anterioridad con familiares de los estudiantes, ni con el GIEI o la UEILCA.

Lo problemático de estos escándalos mediáticos es que parecen contribuir a una narrativa de confusión y distracción de lo importante: el acceso a la verdad y garantías de no repetición. Si lo que la Covaj busca es dar justicia, no se entiende por qué sacar un informe de dudosa procedencia cuando estaban ya giradas 83 órdenes de aprehensión contra personas involucradas del caso, 21 de las cuales, giradas contra militares, se retiraron por personal de la FGR (no adscrito a la UEILCA) después de esto. Tampoco se entiende por qué la Covaj, bajo el mando de Encinas, no se pronuncia respecto a la gravedad de dar más atribuciones de seguridad al Ejército en el actual gobierno. Es una incongruencia enorme tener dos comisiones de verdad (Ayotzinapa y Guerra Sucia) en las que se analiza la extensión y gravedad de las acciones del Ejército para generar violaciones a derechos humanos y no pronunciarse abiertamente sobre la creciente militarización del país.

Las comisiones de verdad deben acompañar y respaldar juicios civiles y no ocultar información que permita la impunidad militar. Es importante volver a decirlo: nunca más el uso de militares y del Estado para violentar, torturar, desaparecer y matar a personas. No olvidemos y no nos distraigamos con rumores, el tema central tiene que ser el dar justicia a los crímenes de Estado y evitar que el actual gobierno los vuelva a permitir.

Analista
@itelloarista


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