Llevamos 9 años de impunidad para el caso Ayotzinapa. 9 años en los que no se ha logrado dar verdad, justicia y reparación a los familiares de los 43 estudiantes. 9 años en los que además se han cometido otra serie de delitos para ocultar a las autoridades involucradas, sobre todo a militares. 9 años en los que en lugar de dar justicia a la desaparición de los estudiantes y a la creación por parte de la entonces PGR de la “verdad histórica” se decidió crear otra verdad histórica, ahora por parte de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (COVAJ), presidida por el subsecretario Encinas.
Gracias a diversas investigaciones periodísticas, como el reportaje de John Gibler publicado esta semana en Quinto Elemento Lab, y al trabajo del GIEI, conocemos más sobre el caso y las trabas de la justicia que por la propia labor de la FGR o de la COVAJ. Sin embargo, esto no siempre fue así, al menos no parecía serlo al inicio de esta administración, cuando el Presidente ordenó crear la COVAJ, así como una unidad especializada en investigación y litigio dentro de la FGR, la UEILCA, dedicada a investigar el caso de la desaparición de los estudiantes por un lado y el de la creación de la “verdad histórica”, por otro.
Durante un periodo de la actual administración, el trabajo de la UEILCA, el de la COVAJ y el del GIEI parecían ir desentrañando las complejas redes de complicidades por parte de diversas autoridades y Guerreros Unidos que tuvieron lugar antes, durante y después de la trágica noche del 26 de septiembre del 2014. Sin embargo, el punto de quiebre viene al querer investigar a profundidad a todas las autoridades involucradas en la desaparición de los estudiantes, así como a los involucrados en la tortura que vino con la creación de la primera “verdad histórica”. La ruptura se da por un lado con el GIEI y por otro lado con la UEILCA, lo cual acaba con la salida del grupo de expertos y con la pérdida de autonomía y desintegración de la UEILCA por parte de la propia FGR.
De esta ruptura nace la segunda verdad histórica, la que se intenta escribir con los dos informes que ha producido la COVAJ a la fecha. En el primer informe, dado a conocer por el subsecretario Encinas en agosto del año pasado, se recurre a pantallazos y capturas de pantalla, cuya veracidad no ha podido ser respaldada por peritos independientes, para contar otra historia de la responsabilidad del ataque a los estudiantes. En esta segunda verdad histórica, se pone el énfasis en el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y se intenta reducir el número de militares involucrados. Si no fuera una verdad histórica, lo que se tendría que haber hecho es entregado esta evidencia a la autoridad que investigaba el caso, así como al GIEI, para ser corroborada e integrada a la carpeta, en lugar de salir primero a medios.
Lo que tienen en común las dos verdades históricas es que evidencian las viejas prácticas de la impunidad: la fabricación y siembra de pruebas, las “instrucciones de arriba” que evitan que se investigue a las autoridades, así como la exposición mediática de una narrativa falsa que oculta la verdad y genera revictimización. El avance que se había logrado con los informes y la colaboración del grupo interdisciplinario de expertos, así como con la investigación y las órdenes de aprehensión giradas por parte de la UEILCA dirigida por Gómez Trejo, se ha visto mermado por las narrativas contradictorias de los informes de la COVAJ.
Otra cosa que pone en evidencia estas dos verdades históricas es la protección a militares. Militares que infiltraron y espiaron a los estudiantes, que cometieron y siguen cometiendo crímenes por ocultar la verdad. Lo que revelan las dos verdades históricas del caso Ayotzinapa son las redes de macrocriminalidad que operan en nuestro país.
