Persiste la corrupción en el sector salud en México, a pesar del cambio del sistema de compras de medicinas, de la contratación de la UNOPS, de la desaparición del Seguro Popular y la creación de la “megafarmacia”. Tan sólo basta ver a los funcionarios públicos y las empresas fantasma que siguen lucrando con el sistema de adquisiciones públicas del sistema de salud para corroborar esto.
Dada la facilidad que existe en el país para crear una empresa, las redes de corrupción entre funcionarios públicos, sus familiares, notarios y empresarios, así como la impunidad que persiste en los delitos de corrupción, no es sorpresa que siga la corrupción en el sector salud a través de la creación de empresas fantasma, vinculadas con algún funcionario público, que ganan contratos millonarios y no entregan los servicios públicos contratados.
De acuerdo con la investigación “Facturas Falsas, la corrupción en el sector salud” de Impunidad Cero y Justicia Justa, el desvío de recursos públicos en el sector salud a través del uso de empresas fantasma era una práctica generalizada en el gobierno federal y en los estados durante la administración pasada y la actual. Uno de los hallazgos de esta investigación fue que “Interacción Biomédica” era la empresa facturera que más se utilizó para desviar recursos del sector salud. La forma en que esta empresa operaba y quiénes estaban detrás era una incógnita incluso después de la investigación. Gracias al trabajo de la organización Tojil hoy podemos saber más de esta red de corrupción.
La investigación “El Clan Biomédica” de la organización Tojil, que se publicó esta semana, reporta el modus operandi de esta empresa y de los funcionarios involucrados detrás de ella. De acuerdo con esta investigación, la compañía “Interacción Biomédica” logró desviar estos recursos gracias al uso de 84 empresas, muchas de ellas fantasma, gracias a la intervención de una red de funcionarios encabezada por el actual secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional: Javier Tapia Santoyo.
Los hallazgos de esta investigación señalan a una política anticorrupción urgente en el país: contar con un registro central de beneficiarios finales. Contar con información pública sobre las personas que dan de alta una empresa o su mesa directiva no es suficiente. Dado el uso constante de empresas para el desvío de recursos públicos y lavado de dinero es indispensable saber quiénes son las personas que se benefician económicamente de ellas. Por eso en otras jurisdicciones, como la Unión Europea, se han creado leyes que obligan a que todos sus países tengan un registro central de beneficiarios finales últimos.
Luchar contra la corrupción requiere de transparencia, sin embargo, la transparencia por sí misma no hace nada para reducirla. Para poder reducir la corrupción en el sector salud, necesitamos de una red de actores que usen los productos de la transparencia y que vigilen constantemente las acciones del gobierno y las corporaciones: periodistas, ciudadanos, sociedad civil. Para ello necesitamos datos de calidad y colaboración constante entre las personas que nos dedicamos al tema anticorrupción en México.
Cuando publicamos la investigación “Facturas Falsas” entregamos la información a las autoridades correspondientes para que investigaran y nada ocurrió. Sin embargo, la alianza entre sociedad civil y periodistas siguió con esta investigación.
Necesitamos más políticas públicas contra la corrupción en el sector salud que fomenten estas alianzas y la reducción de la impunidad en el sector salud y menos ocurrencias políticas.
