Esta semana se dio a conocer el despido de 30% del personal del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, el único hospital público del estado que brindaba atención especializada a niños con cáncer. Estos despidos por falta de presupuesto (por no hablar de la práctica ilegal en este país de dar contratos temporales a trabajadores de planta) ponen en mayor riesgo el tratamiento de los niños con cáncer que se atienden en este hospital. Y es que además de enfrentar el problema del desabasto de medicamentos, los pacientes con enfermedades crónicas y sin seguridad social de nuestro país, tendrán que enfrentar el problema de la falta de personal, insumos y tratamientos para sus enfermedades debido al uso del remanente del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022.
El Fondo de Gastos Castastróficos, ahora Fonsabi, se generó para poder costear el tratamiento de enfermedades de alta especialidad de la población adscrita al Seguro Popular. Tal y como su nombre lo indicaba, este fondo se generó para evitar que las familias sin seguridad social incurrierran en gastos catastróficos para el tratamiento de enfermedades que, por la naturaleza de su tratamiento, implican costos elevados: VIH, distintos tipos de cáncer (cáncer de mama, cáncer de próstata, leucemia) y otras enfermedades. En 2018, este Fondo consideraba la atención de 66 enfermedades de alta especialidad. Sin embargo, desde 2019 se ha gastado gran parte de este Fondo para financiar la creación del Insabi y la compra de vacunas contra el Covid (a la fecha no hay transparencia sobre la manera en que realmente se ejercieron estos recursos). Lo que quedaba del Fonsabi, 66 mil mdp de acuerdo al propio presupuesto del 2022, será destinado para la compra de vacunas y para el funcionamiento del sistema de salud.
Esto implica que el trágico caso del Hospital de la Niñez Oaxaqueña se empezará a ver en otros hospitales adscritos al Insabi que no están recibiendo los recursos que antes recibían del Fondo de Gastos Catastróficos para su operación. Estos hospitales de por sí ya enfrentaban una situación crítica, ya que desde la creación del Insabi se dejaron de pagar muchos de los tratamientos que se habían otorgado. El gran problema nuevamente es una falta de planeación, presupuestación y de implementación gradual de políticas públicas en el sector salud. Suena muy bien la idea de tener un programa de atención universal de salud en el país, el gran problema es que si no se destinan mayores recursos para esto y se malgastan los que se tienen, esto sólo acaba afectando principalmente a los que menos tienen: a todos los pacientes que ya llevaban un tratamiento en alguno de los hospitales del Seguro Popular, los cuales además tienen que enfrentar el grave problema de desabasto de medicamentos por otra política pública mal planeada e implementada: la de compra de medicamentos.
De acuerdo al presupuesto del 2022, este fondo se utilizará para la compra de vacunas y para la atención de la población más desprotegida. Sin embargo, lo que van a lograr es justo lo contrario. Las personas que dependían de la atención de sus enfermedades crónicas en hospitales adscritos al Insabi verán estos servicios y tratamientos suspendidos debido a la falta de presupuesto federal del que muchos de estos hospitales dependen. Los estados que logren subsanar esta falta de presupuesto federal con recursos propios podrán hacerle frente a esta tragedia por mayor tiempo, sin embargo, el año que entra tendremos que enfrentarnos al grave problema de ya no tener este fondo y de tener a un mayor número de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas que no tienen medicamentos, ni doctores ni hospitales públicos en los cuales atenderse. Después de la pandemia quedó clara la urgencia de gastar más en el sector de salud del país, sin embargo, el punto es destinar más recursos a este sector, no gastar y desperdiciar los que ya existían para otros fines, en políticas mal planeadas y poco transparentes.
Directora ejecutiva de Impunidad Cero.
Twitter: @itelloarista
