Quizá ante esta pregunta se piensa en los costos que representa el que un delito quede impune y por consecuencia se piensa en el sistema penal. De acuerdo con la Envipe 2019 del Inegi, el año pasado se cometieron en el país 33 millones de delitos que implicaron un costo económico de más de 286 millones de pesos. Gran parte de estos gastos los hicieron víctimas para prevenir un posible nuevo delito: cambiar cerraduras, colocar rejas en sus ventanas, etc., por lo que esta cifra solo toma en cuenta los costos del delito. Sin embargo, la cada vez más mencionada impunidad conlleva una serie de costos y de responsabilidades que no siempre se vislumbran. La impunidad se refiere a que el autor de una violación no tenga las responsabilidades ni las sanciones correspondientes. Sin embargo estas responsabilidades pueden ser de distintos tipos, una de ellas la penal, pero también existen la responsabilidad administrativa y la civil.
Desgraciadamente la impunidad adquiere manifestaciones tan diversas que no basta con ver lo que ocurre cuando una persona es víctima de un delito y no acontece nada. Si un funcionario no realiza bien su trabajo, la impunidad de ese acto tendrá como consecuencia el mal manejo de los recursos públicos y una serie de violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, en el caso del Paso Exprés, el que los funcionarios no supervisaran de manera adecuada esta obra pública tuvo como consecuencia la muerte de dos personas.
Aunque, los costos de la impunidad pocas veces se visibilizan y se toman en cuenta, algunos proyectos están intentando medir las consecuencias que tienen en la vida de todos los mexicanos. Por ejemplo, el proyecto “Costos de la Impunidad” del ITESO y Creatura, analiza los costos que conlleva la impunidad en el tema de reparaciones, desapariciones y desplazamiento forzado en el país. De acuerdo con este proyecto si el estado Mexicano reparara el daño a todas las víctimas indirectas de homicidio doloso que ocurrieron en el 2017, se tendrían que pagar 15 mil millones de pesos.
Por otro lado en el estudio, “La impunidad y los derechos económicos y sociales”, del investigador Daniel Vázquez para Impunidad Cero, se analiza el impacto que tiene la impunidad en los derechos humanos. Las conclusiones de este estudio son alarmantes: la impunidad tiene un costo de hasta 3.7 años en la esperanza de vida de los mexicanos. Esto se observa al analizar la correlación estadística que existe entre impunidad y esperanza de vida entre diversos países. Otro de los hallazgos de este estudio es que la impunidad tiene un costo de 4.7 años en la escolaridad promedio en los países analizados. Lo que se desprende de la investigación es que la impunidad no sólo tiene consecuencias en los delitos que acontecen sino en el bienestar general de toda la población.
Lo que se vislumbra en estos proyectos es que la falta de asignación de responsabilidades y de sanciones genera costos para todas las personas que viven en México, independientemente de que hayan sido víctimas de un delito o no. Y en el tema de impunidad tenemos que empezar a hablar no solo de la que ocurre cuando un delito no se sanciona, sino también de la que se genera cuando los funcionarios realizan de forma irregular su trabajo y no hay consecuencias. Al final la conclusión es clara: la impunidad genera un ambiente que incentiva, facilita, mantiene y fomenta las violaciones a derechos humanos.
Directora Ejecutiva de
Impunidad Cero
