Hay una diferencia brutal entre gobernar y gestionar la imagen del gobierno. México lleva años confundiendo las dos cosas, y el costo de esa confusión se acumula en silencio mientras la Selección calienta motores y la plaza pública recibe su cuota de aplausos.
Washington no llega a este momento improvisando; la pinza que forman Trump, Vance y Sara Carter tiene la coherencia de quien lleva años construyendo un expediente y no la urgencia de quien reacciona a una coyuntura.
La Casa Blanca habla de ayudar al vecino que se encuentra superado y rebasado por el narco; los fiscales hablan de jurisdicción, de efectos del delito en territorio americano, de ciudadanos envenenados por fentanilo con origen en Sinaloa.
En 1985 el asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA, desencadenó una respuesta que México no esperaba y que tardó décadas en materializarse del todo. El caso Álvarez Machaín en 1992 mostró que Washington está dispuesto a estirar las formas diplomáticas con una fría convicción procesal cuando considera que sus agentes o sus ciudadanos fueron vulnerados. El tribunal estadounidense liberó a Álvarez Machaín al final, sí, pero el precedente quedó grabado en la arquitectura legal de la relación bilateral con una claridad que ningún mitin posterior ha podido borrar. El sistema judicial de Estados Unidos opera como un transatlántico: su masa es tan grande que los cambios de rumbo requieren años, y las presiones políticas de corto plazo de la orilla de enfrente no le mueven un centímetro.
El gobierno de México trata el asunto de los narcopolíticos como si fuera una disputa doméstica donde la movilización de masas y Zócalos llenos pudieran alterar el destino de un expediente en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York. Exigir que la fiscalía estadounidense se pliegue a demostrar la culpabilidad de Rubén Rocha Moya ante los nuevos jueces sorteados en la tómbola del bienestar es una ingenuidad con vocación de tragedia. Para los fiscales de Washington, el principio de territorialidad opera a la inversa: si la droga alcanzó sus calles y segó la vida de sus ciudadanos, la competencia judicial les es inherente. Bajo esta óptica, un sistema jurídico mexicano, percibido por ellos como cooptado e improvisado, carece de la estatura moral y técnica para fijar condiciones.
Estados Unidos, en cambio, blinda su posición bajo el amparo de sus leyes locales e internacionales, invocando los tratados de extradición y, con especial severidad, la tipificación del fentanilo como un arma de destrucción masiva; un andamiaje legal que otorga a sus acciones una justificación ante el escrutinio global. Ya en la cumbre del G7, Washington exhibió con nitidez la fragilidad de la Presidencia y la captura de las instituciones mexicanas, cosechando un silencio cómplice de los demás Estados que se traduce en un asentimiento tácito. Así es como se perfila la hoja de ruta de Estados Unidos, trazada con frialdad, mientras México insiste en permanecer inerte, instalado en la retórica del “masiosare”.
Distraer a la ciudadanía con el Mundial mientras el país acumula pasivos diplomáticos de primera magnitud es una apuesta que solo puede salir bien si el otro lado está dispuesto a dejarse distraer también. Trump no lo está. Vance y Carter tampoco. ¿Qué hará el gobierno mexicano si la fiscalía estadounidense decide abrir el expediente y publicar el catálogo de indicios, grabaciones y testimonios que vinculan a los extraditables con las estructuras del narcotráfico? Cuando eso ocurra, el discurso de “yo tengo otros datos” colapsa frente a las portadas de los diarios internacionales. No habrá mitin lo suficientemente grande para contener el daño, los socios comerciales leerán el expediente con sus propios abogados, los mercados harán sus propios cálculos, y México quedará expuesto en el momento más visible de su calendario deportivo.
La soberanía no es un decreto que se proclama desde un templete. La soberanía se construye con instituciones que funcionan, con fiscalías que investigan sin tutela política, con jueces que no dependen de una rifa para existir. Un país que desmanteló los contrapesos que le daban credibilidad internacional y luego exige que sus vecinos respeten sus procesos internos no está ejerciendo soberanía. Está ejerciendo nostalgia por una autoridad que dejó de ganarse. La tercera llamada ya sonó. La pregunta no es si Washington va a actuar. La pregunta es si vamos a entender a tiempo que la respuesta correcta no es llenar la plaza con discursos patrioteros y masas de acarreados; sino apostar por la ley, la justicia y la verdad, aunque con ello se afecten los intereses del partido.
Notario y exprocurador de la República