Es grave observar a un gobierno renunciar a gobernar en medio de una crisis institucional cuya gravedad rebasa ya nuestras fronteras. EU presiona abiertamente al Estado mexicano no solo con discursos, sino con acusaciones formales, expedientes judiciales, solicitudes de extradición y ventilación pública de pruebas, circunstancia que describe algo mucho más grave que una infiltración criminal episódica.
Las acusaciones norteamericanas no se limitan a señalar vínculos aislados entre funcionarios y delincuentes; describen una red extendida que envuelve al poder ejecutivo estatal, estructuras judiciales y órganos electorales; síntoma de que el crimen dejó de comportarse como un agente externo que corrompe instituciones, para perfilarse como el actor que detenta el poder.
Mientras se insistía en que las acusaciones de vínculos con organizaciones criminales eran exageración opositora y simple “golpeteo”, la acumulación de hechos terminó por erosionar las murallas del discurso oficial. Aquellos indicios que las autoridades mexicanas minimizaron son ahora expedientes extranjeros que hablan de complicidad institucional, intimidación electoral, redes de nepotismo, relaciones políticas y estructuras de protección criminal. Lo preocupante no son las acusaciones internacionales, sino el comportamiento de las fiscalías mexicanas que, durante años, decidieron ignorarlas, pues según ellas ni siquiera había indicios.
Un problema de esta magnitud sólo admite una solución, la desaparición de poderes del estado contemplada en la fracción V del artículo 76 de la Constitución; facultad constitucional pensada precisamente para escenarios donde el orden institucional se encuentra gravemente comprometido.
La medida ha sido utilizada en la historia de México en más de 60 ocasiones: San Luis Potosí 1938, por una rebelión del gobernador; Guanajuato 1946, derivada de hechos violentos en la ciudad de León con un saldo de 26 muertos y 150 heridos; Guerrero 1961, donde un movimiento ciudadano y estudiantil derrocó el régimen de Raúl Caballero Aburto; e Hidalgo 1975, contra el cacique priista Manuel Sánchez Vite; pero nunca por vínculos con la delincuencia.
Gobernar exige tomar decisiones difíciles, asumir costos y reconocer realidades incómodas; sin embargo, el discurso oficial insiste en refugiarse en una lógica donde toda crítica constituye una agresión extranjera o una conspiración política. Esa reacción puede funcionar temporalmente para cohesionar bases partidistas, pero resulta desastrosa para reconstruir confianza institucional. La soberanía no se protege negando problemas, sino demostrando que el Estado tiene capacidad de investigarse, corregirse y sancionarse a sí mismo. Cuando esa capacidad desaparece, el vacío es llenado por otros actores, incluidos gobiernos extranjeros.
México se convirtió en un país administrado por una clase política obsesionada con conservar el poder a costa del deterioro progresivo de las instituciones que sostienen a la República. Ya no existe visión histórica, proyecto nacional ni comprensión de largo plazo; todo se reduce a resistir el siguiente escándalo, controlar la narrativa, neutralizar la próxima crisis mediática.
Lo más alarmante es la normalización de la degradación. Atestiguamos la captura criminal del Estado con una mezcla de resignación y cansancio moral. Esa anestesia colectiva constituye el mayor triunfo de la corrupción estructural, cuando la frontera entre verdad y mentira pierde relevancia pública.
A pesar de ello, la realidad siempre termina por imponerse: ningún sistema político sobrevive cuando las instituciones dejan de generar confianza, ninguna economía prospera bajo la sospecha permanente de captura criminal, ninguna democracia resiste eternamente cuando el ciudadano percibe que las leyes operan para unos y se suspenden para otros. Sinaloa es la antesala donde México contempla el riesgo de sustituir gobierno por estructura criminal organizada y Estado de Derecho por encubrimiento.
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