Ignacio Morales Lechuga | 29-08-26 | 01:15 |

El 21 de mayo de 1990, Norma Corona Sapién, abogada, académica y presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, fue ejecutada en Culiacán mientras investigaba a agentes de la Policía Judicial Federal. Su muerte condensó décadas de heridas abiertas en el país: la represión de 1968 y 1971, los desaparecidos de la guerra sucia, la tortura institucionalizada y los abusos castrenses. Corona denunció amenazas directas de los propios uniformados a quienes investigaba. El Estado no supo o no quiso protegerla.

Dieciséis días después del crimen, Carlos Salinas de Gortari decretó la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y confió su edificación a Jorge Carpizo. La premisa fundacional era simple: edificar una institución técnica y moralmente sólida para recibir las quejas del ciudadano, investigar el abuso del poder y obligar a los gobernantes y funcionarios a rendir cuentas ante la ciudadanía desprotegida.

En sus primeros años, esa autoridad moral se tradujo en eficacia; un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad demostró que, en sus inicios, 94% de las recomendaciones alcanzaron cumplimiento total (410 de 436). Con Madrazo el índice cayó a 59.4%; con Roccatti se desplomó al 15.4%; con Soberanes bajó al 9%, y durante los mandatos de Plascencia y González se estancó en un marginal 1%.

A pesar de su desgastada efectividad, la CNDH mantuvo durante décadas el sentido de su brújula: hacerle frente al poder. Investigó el asesinato de judiciales en Tlalixcoyan, la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, intervino tras la matanza de Acteal, exhibió fallas de Estado en la Guardería ABC, documentó ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya señalando a la SEDENA y la PGR, y conformó una oficina especial para el caso Ayotzinapa. La institución llegó a 2019 debilitada, pero entendiendo con claridad quién era el sujeto a vigilar: la autoridad.

La gestión de Rosario Piedra Ibarra consumó una mutación insólita. A la merma operativa histórica se sumó una CNDH dispuesta a usar sus recursos y tribuna para descalificar a periodistas, defensores y organismos de la sociedad civil que critican al gobierno. En vez de recomponer su autonomía frente a los gobernantes, comenzó a ejercer el peso institucional contra la ciudadanía.

El absurdo alcanzó su máxima expresión con la sección en su sitio web de “Mentiras sobre la CNDH”, que hasta el 26 de agosto sumaba 26 señalamientos con sellos rojos de “FALSO”, apuntando explícitamente a comunicadores y medios. El Centro Prodh ha documentado más de 40 pronunciamientos hostiles emitidos por la Comisión contra voces críticas. Que el órgano garante de la libertad de expresión gaste presupuesto público en hostigar a quienes ejercen la crítica configura un desvío autoritario.

La ironía es, además, histórica y biográfica, Piedra Ibarra porta el apellido forjado en las calles por su madre, Rosario Ibarra de Piedra, pionera del Comité Eureka y de la exigencia para la atención a los casos de desapariciones. Mientras la madre doblegó el hermetismo oficial para buscar a las víctimas del Estado, la hija utiliza la infraestructura del Estado para exhibir y hostigar a los críticos.

A este panorama se suma el extravío del Instituto Nacional Electoral (INE), que aprobó una metodología de monitoreo para medir variables como la “ironía, sarcasmo, minimización o infantilización” en la prensa. Cuando el árbitro electoral y el defensor de derechos humanos juegan a catalogar la retórica crítica, replicando las prácticas de vigilancia estatal de la Alemania soviética, no ejercen la censura abiertamente, pero promueven la autocensura al obligar a periodistas, columnistas y analistas políticos a calcular el riesgo de decir lo que piensan antes de publicar.

Mientras el país arrastra fosas clandestinas y homicidios impunes, la burocracia vuelca tiempo y dinero en perseguir agravios imaginarios de la autoridad. Recuperar la dignidad pública exige recordar a Norma Corona, a las madres buscadoras que aún empuñan una pala y a quienes entienden que los Derechos Humanos existen para frenar al poder, no para blindarlo. Si la actual titular de la CNDH ya no escucha la voz de su propia madre negándose a arrodillarse ante el Estado, a la sociedad civil le corresponde recordarle de qué lado de la historia le corresponde estar.