En octubre pasado, el empresario poblano y líder de transportistas de la CTM Jalisco, Nazario Ramírez Ramírez, fue detenido en un fraccionamiento de Guadalajara. El secretario de seguridad pública federal, Omar García Harfuch, lo identificó como operador del Cártel Jalisco Nuevo Generación “y generador de violencia dedicado a la extorsión y venta de droga en Puebla y Jalisco”.
Ramírez Ramírez fue detenido al lado de otros dos hombres, con dos armas cortas, 10 cargadores, 186 cartuchos útiles y un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina. Lo acompañaba también la delegada de la Secretaría de Bienestar en la microrregión 8 de Libres, Puebla, y militante de Morena, Anayelly López, quien debió renunciar al cargo unos días más tarde y cuyo estilo de vida ostentoso, ventilado en las redes sociales, generó un escándalo.
Nazario Ramírez tenía su bastión en el municipio de Oriental, Puebla. Había donado al gobierno del estado 100 mil pesos para la construcción de una cancha deportiva. El presidente municipal Fidel Flores Concha negó toda relación con él, aunque aparecen juntos en fotos tomadas en diversos eventos, y aunque en su primer informe de actividades le agradeció que formara su parte de su equipo.
Más tarde el alcalde dijo que “solo se saludaban”: “Somos personas públicas, somos personas que tenemos que socializar sea de la índole que sea, nosotros no nos ponemos a investigar a cada persona que saludamos”, declaró.
También la CTM Jalisco intentó deslindarse de Ramírez y Ramírez. El secretario general Juan Huerta Peres, quien llegó a presentarlo como su “enlace”, dijo que solo era un líder del sector juvenil “que se dedicaba a reclutar personas, principalmente jóvenes, para que fueran parte del sindicato”.
Nazario apareció registrado, sin embargo, como dirigente obrero en documentos de la CTM publicados tras su detención, y en los cuales el propio Huerta figuraba como secretario de actas y acuerdos. En esos documentos figura como secretario general del Sindicato de Trabajadores en la Industria de la Construcción y Transporte de Materiales.
Su galería fotográfica incluye a buena parte de la clase política de Jalisco, incluidos alcaldes –a cuyos informes y ceremonias asistió–, así como el gobernador Pablo Lemus. Fue retratado también en la fiesta de cumpleaños de un secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández.
Según las investigaciones, Ramírez Ramírez controlaba un importante sector transportista de Jalisco, lo que le permitía controlar las rutas de transporte en carreteras que son del interés del Cártel Jalisco en lo relacionado con el tránsito de drogas y armas hacia Colima y otras regiones. Bajo su responsabilidad estaba también la movilización de sus agremiados durante los procesos electorales, de acuerdo con instrucciones giradas por el Cártel Jalisco. García Harfuch lo acusó también de extorsión.
El periodista Raymundo Rivapalacio ha afirmado que Estados Unidos investiga si el líder cetemista financió la campaña política de Pablo Lemus, con quien, dice el columnista, tuvo relación desde que este último era alcalde de Guadalajara.
Ramírez se habría valido de la cobertura sindical en el sector del transporte para coordinar actividades ilícitas, lavar dinero y encubrir las actividades del CJNG.
En Oriental, Puebla, en donde su residencia ocupaba una manzana entera y en la que poseía una casa en la que fueron encontrados dos leones, solía moverse en camionetas blindadas, acompañado por escoltas y convertido en amo y señor.
En ese sitio se encuentra el complejo de Industria Militar, donde se hallaban las fábricas de armas y cartuchos del Ejército, y que cuenta con la protección del 5º Batallón de la Policía Militar.
Los militares de ese batallón pronto se dieron cuenta de sus actividades. Lo ligaron con cobro de piso, tráfico de huachicol e incluso robo a transporte. El poder de Ramírez Ramírez, de acuerdo con denuncias de elementos de la Policía Militar, llegó a tal punto que el comandante de la 21 Zona Militar, general de brigada Santos Gerardo Soto, acostumbraba girar instrucciones para que policías militares le dieran seguridad. Las órdenes eran giradas al comandante del Batallón, según la denuncia, coronel de Infantería Marco A. Gutiérrez Molina. El personal tenía órdenes de patrullar el domicilio del operador del CJNG y enviar capturas de pantalla una vez que se encontraran en ese sitio.
En esas fotos, los elementos militares aparecen frente a un portón donde se leen las iniciales NRR. “Llamaba si veía movimientos extraños, si había un coche que no le gustaba, si se escuchaba un balazo a lo lejos. Ya no disimulaba”, explican los denunciantes.
Había que salir incluso de noche para revisar y darle gusto a Ramírez: “Nunca nos habían pedido cuidar a un narco”, dicen los policías militares.
El domingo 27 de junio de 2025 un policía militar y un familiar que había ido a visitarlo fueron “levantados” por Ramírez y su gente. La pick up en la que se movían se les hizo sospechosa. El militar fue salvajemente golpeado para que dijera a qué grupo pertenecía.
Tuvieron que soltarlo porque había testigos de la privación de la libertad, los cuales se habían comunicado al Batallón. Los militares plantearon hacer una denuncia en la fiscalía. Dicen que el general Soto los atajó: “No se metan en broncas. Dejen las cosas como están”.
“Era intocable. Nadie podía hacer nada. Daba coraje tanta impunidad”, dicen. Se limitaron a enviar un reporte a la Sedena. Y lo único que pasó es que el general Soto fue enviado a la Zona Militar de Culiacán, en agosto de 2025.
Dos meses más tarde, Nazario Ramírez fue aprehendido en Guadalajara. El secretario García Harfuch lo expuso como operador del CJNG y generador de violencia en Oriental, Puebla, y Tlajomulco, Jalisco.
Cuentan que a los leones se los llevó la Profepa.