El Día Internacional de los Pueblos Indígenas no puede reducirse a una cortesía institucional o una mera efeméride. Es una oportunidad para hacernos una pregunta de fondo: ¿el reconocimiento constitucional de la diversidad está produciendo consecuencias reales?
La pluriculturalidad de México adquiere sentido cuando se traduce en derechos ejercidos: decidir, elegir autoridades, participar, gobernarse, preservar sistemas normativos, hablar la lengua propia y acceder a una justicia capaz de comprender el contexto comunitario.
Durante décadas, las comunidades indígenas fueron vistas desde la distancia: como población que debía integrarse, protegerse o administrarse. Hoy la Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio, autoridades, instituciones y sistemas normativos propios.
El cambio es histórico, pero su eficacia depende de su traducción a la vida pública. Entre el derecho reconocido y el derecho ejercido persisten barreras de lengua, territorio, información, representación, formalismos, discriminación y desconocimiento de la organización comunitaria.
Ahí se ubica una tarea central de la justicia electoral. No busca sustituir la voluntad de los pueblos ni imponer una forma única de democracia; su función es garantizar que los derechos político-electorales puedan defenderse cuando una persona, una comunidad o un pueblo acude a la jurisdicción.
En ese marco se inscribe el convenio de colaboración recientemente suscrito entre la SCJN, el OAJ, el TEPJF, el INE, el INPI y el INALI, para fortalecer el acceso a la justicia electoral con enfoque intercultural, lingüístico, territorial y de género.
La lengua no es un accesorio del procedimiento; es condición de acceso a la justicia. Cuando una persona no puede expresarse en su idioma, la justicia escucha menos. Por eso intérpretes y traductores resultan indispensables; ése es uno de los puntos medulares del convenio.
En el Tribunal Electoral, la Defensoría Pública Electoral es el cauce institucional de esa ruta: orienta, asesora y representa gratuitamente a quienes enfrentan obstáculos para defender sus derechos.
Entre 1999 y julio de 2026, el Tribunal Electoral recibió 10 mil 286 expedientes relacionados con pueblos indígenas, sistemas normativos internos y usos y costumbres. Ese dato no habla sólo de litigios; habla de más vías de acceso, más derechos defendidos y más comunidades que encontraron una ruta institucional para proteger su vida democrática.
A estos esfuerzos se suman el foro y la exposición “Del territorio al tribunal”, que abren una conversación sobre esa responsabilidad. Las voces de los pueblos existen antes que los expedientes: en comunidades, asambleas, lenguas, autoridades y luchas. La tarea jurisdiccional es escucharlas, comprenderlas y darles consecuencias jurídicas.
El convenio, el foro y la exposición confirman una idea: los pueblos no deben adaptarse a las instituciones; son las instituciones las que deben estar a la altura de la pluralidad constitucional de México.
Del territorio al Tribunal, y del Tribunal nuevamente al territorio: ése es el sentido de convertir derechos reconocidos en derechos vividos.
Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. IG: @gilberto_batiz X: @gbatizg