El 1 de junio del año pasado se llevó a cabo la elección para renovar el Poder Judicial; en ella, los ciudadanos elegimos a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los argumentos que desde el Ejecutivo Federal se dieron para renovar todo el sistema de administración de justicia e interpretación de la Constitución eran que dicho poder era deficiente, permitía la impunidad, se encontraba corrompido y lejano del pueblo.
Además, elegir al Poder Judicial haría de México el país más democrático del mundo.
Lamentablemente, ninguno de dichos argumentos parecía corresponder plenamente a la verdad.
Por un lado, mejorar el acceso a la justicia requiere impulsar el fortalecimiento de todas las instituciones involucradas en el proceso: policías, fiscalías, comisiones de derechos humanos y, por último, el Poder Judicial.
Por el otro, la vocación democrática de un país se observa toda vez que se demuestra que cada ciudadano es igual frente a la ley, que hay certeza jurídica en el país y no por el número de cargos que se eligen por voto popular.
En realidad, lo que sabemos es que la reforma al Poder Judicial se originó por una defensa consistente de la Constitución, por encima de los intereses del gobierno federal.
Por ello, no sorprende que a la fecha no haya mejoras en torno al acceso a la justicia para las personas ya que ningún dato confirma avances.
Por el contrario, la estadística oficial y las estimaciones hechas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran un aumento de la impunidad en nuestro país.
En el último año, la cifra negra —es decir, los delitos que la autoridad no investiga— subió más de un punto porcentual, al llegar así a 94%.
En dicho tenor, los datos referentes a tasas de justicia confirman que en nuestro país se sanciona menos del 1% de los delitos que ocurren.
Tampoco ha mejorado el sistema de solución alterna de conflictos, ya que los ciudadanos seguimos con problemas básicos de justicia.
¿Tal retroceso se debe a que aún no ha madurado el nuevo Poder Judicial y que sólo se trata de darle tiempo? Lamentablemente no.
Mejorar el acceso a la justicia requiere aumentar los recursos destinados a todo el aparato de seguridad y justicia del país, abandonar las elecciones populares y revivir la carrera judicial como mecanismo para evaluar el desempeño de los integrantes de dicho poder.
En los últimos siete años, las policías y fiscalías de todo el país han sufrido enormes recortes presupuestales, algo que dificulta la capacitación y la buena operación de dichas instituciones.
De poco sirve cambiar a los jueces si los primeros respondientes ante un delito no cuentan con las competencias necesarias para llenar un informe policial homologado, hacer un adecuado resguardo del lugar de los hechos y garantizar la cadena de custodia.
De igual forma, transformar el Poder Judicial no favorece el acceso a la justicia sin contar con un número suficiente de peritos, policías de investigación, ministerios públicos, fiscales y defensores de oficio; sin que cada uno de ellos tenga cargas razonables de trabajo, cuente con la capacitación suficiente para ejecutar bien sus labores y disponga de los insumos requeridos para todo ello.
Aunado a ello, es indispensable fortalecer los mecanismos que prevengan y persigan los actos de corrupción. Sin funcionarios honestos, es imposible que se consolide el Estado de derecho en un país.
Tampoco sirve elegir a los juzgadores, si los ciudadanos desconocemos las capacidades e integridad de quienes ocuparán el cargo.
Eliminar la carrera judicial bajo el argumento de que así se democratiza la administración de justicia y la interpretación de la Constitución es un absoluto error.
Con mayor razón cuando un proceso está plagado de sesgos y carece de rigor, objetividad y una mínima representación popular.
Recordemos que precisamente en la elección de 2025 del Poder Judicial emitió su sufragio apenas 12% de los votantes; que desde el oficialismo se repartieron folletos —acordeones— para decirnos por quién debíamos votar; que los perfiles que se impulsaron eran precisamente militantes, exfuncionarios o personas cercanas al poder —y que muchos de ellos no contaban con los conocimientos o la experiencia necesarios para ocupar los cargos por los cuales competían—; que los resultados estuvieron alineados a dicha presión desde el gobierno y que nadie se dio a la tarea de investigar tales acciones.
Hace ya 11 meses desde que la mayoría de los integrantes del nuevo Poder Judicial se instaló. Desde ese 1.º de septiembre hemos podido asistir a una serie de deficiencias por parte de muchos jueces, magistrados y ministros; hemos presenciado el desconocimiento de los procesos y la norma jurídica de muchos juzgadores, y ha quedado en evidencia que los ministros de la SCJN responden a los intereses del oficialismo más que a los derechos de los ciudadanos.
Un país con un Poder Judicial que "se elige popularmente" por acarreo y consigna, que se alinea a los intereses partidistas, es una evidencia de retroceso democrático y no de avance.
Si de verdad se quisiesen mejorar las condiciones de seguridad del país, abatir las injusticias y desigualdades, se requeriría fortalecer instituciones que garanticen los derechos ciudadanos consagrados en una Constitución.
Ello implica abatir la impunidad y establecer mecanismos que den certeza legal a toda persona y actúen siempre con imparcialidad.
Para que eso se pueda cristalizar, necesitaríamos aumentar de manera sustantiva el gasto para todo el aparato de seguridad y justicia, mejorar las condiciones laborales de sus operadores, la capacitación y los insumos.
Se requeriría revertir el proceso de elección popular de los integrantes del Poder Judicial, regresar a esquemas de permanencia y crecimiento profesional con base en conocimiento y desempeño.
Sería indispensable separar los intereses partidistas de quienes previenen, persiguen o sancionan los delitos.
Dicho de otra manera, si de verdad queremos garantizar que México sea un país de derechos en donde impere la ley, necesitamos alejarnos del modelo actual de seudovotación de los integrantes del Poder Judicial para poner al centro la conformación de instituciones que garanticen la materialización de los derechos ciudadanos y funjan como contrapeso a los intereses del oficialismo.
El costo de no hacerlo es hipotecar el futuro de millones de mexicanos, mantener vivos los actuales niveles de impunidad y violencia, espantar la inversión y debilitar el progreso individual y de las comunidades.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano