La semana pasada, el Gobierno Federal presumió bajas históricas en la ocurrencia de delitos, particularmente en el homicidio doloso.
La presidenta Sheinbaum, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Harfuch, hablaron de un 60% menos de homicidios y de la reducción de todos los delitos.
Dicha información parece positiva, México lleva sumido en una violencia sistemática desde hace ya 20 años, por ello, hablar de mejoras en materia de incidencia delictiva, debería ser ampliamente celebrado.
Sin embargo, antes de echar las campanas al ruedo, deberíamos poder explicar qué se hace bien y cómo influye en el comportamiento de los delitos para primero, poder reproducir el modelo y luego, celebrar la consolidación de un país más seguro.
Asimismo, antes de celebrar una tan importante reducción de delitos, debería ser palpable la mejora en la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos y una disminución de las quejas de las víctimas de delitos y violencia.
Si se analiza la actividad policial, de procuración y administración de justicia y los presuntos resultados que se presumen desde el Ejecutivo Federal, resulta complicado encontrar la relación que existe entre hechos y la estadística que se presume.
A la fecha no han habido suficientes transformaciones institucionales en lo local que expliquen cómo se revirtió una incidencia delictiva tan álgida.
Si bien en la actual administración han habido importantes detenciones, a la fecha no ha habido una evidencia de suficientes desmantelamientos de bandas delictivas y/o de redes de corrupción que permitirán recuperar el control territorial.
Tampoco ha habido un aumento de sentencias condenatorias, elemento clave para reducir el comportamiento criminal. Al contrario, la cifra negra, es decir, la cantidad de delitos no investigados, ha aumentado, lo que garantiza una mayor impunidad para los delincuentes.
Ni siquiera se puede encontrar una explicación si se analiza el comportamiento de los recursos destinados a la materia. Tras un sexenio en el que disminuyeron sustantivamente las aportaciones federales para la seguridad, no se ha logrado recuperar un gasto suficiente para garantizar una buena operación de todo el aparato de seguridad y justicia.
Pareciese que el factor determinante para reducir los delitos es la voluntad de los actores. Ante la incapacidad de poder relacionar las acciones de los actuales gobiernos, con la estadística oficial de delitos, podríamos estar tentados a deducir que hoy hay un gobierno que si actúa, mientras que han pasado quienes nos gobernaron simplemente no quisieron mejorar las condiciones de seguridad del país.
Lamentablemente, esta hipótesis no parece la indicada, el empeoramiento de la percepción ciudadana de seguridad y el reclamo social ante los pobres resultados para combatir los delitos, apuntan más a que las reducciones presumidas son meramente estéticas.
Las encuestas sobre seguridad urbana han señalado contundentemente que los ciudadanos nos hemos sentido más inseguros con el pasar de los trimestres. Por su parte, las constantes protestas de colectivos de víctimas ponen de manifiesto desatención al tema y ausencia de resultados.
Dicho de otra manera, hay un aparente buen resultado sin que podamos hacer ingeniería inversa para entender qué se hizo bien y tampoco logramos ver los efectos esperados de esos presuntos avances.
Personalmente creo que sí hay algunos buenos resultados derivados de la acción de las fuerzas federales y de las instituciones locales de seguridad y justicia, lo que dudo es que sean en la magnitud que tanto se presume.
La experiencia que en el Observatorio Nacional Ciudadano hemos madurado nos permite deducir que la actual estadística delictiva se debe a subregistros de delitos y abandono de las víctimas.
Tan sólo esta semana pude corroborarlo al hablar con varias autoridades de seguridad ya que tuve el honor de impartir un curso para mandos policiales de diferentes partes del país.
Al platicar con ellos escuché una realidad diametralmente opuesta a la que se describe desde Palacio Nacional. Los secretarios de seguridad, los jefes policiales y los fiscales con quienes conversé, relataron un México donde territorios completos se encuentran en manos de la delincuencia organizada; hablaron de un país donde son claros los lazos corruptos entre personajes políticos y criminales; describieron un entorno en donde todos los días empeora la incidencia de delitos.
Esos funcionarios también expresaron su preocupación respecto a las importantes deficiencias estructurales, al poco personal, a los problemas derivados de tecnología obsoleta, de equipamiento insuficiente, hablaron del malestar de su personal por los bajos salarios y las malas condiciones laborales.
También discutieron de desconfianza, de una fractura importante entre la prevención, la reacción, la procuración y la administración de justicia.
En resumen, pintaron un panorama en donde les resulta muy difícil combatir los delitos, proteger a los ciudadanos y recuperar el control territorial.
De manera similar, tan sólo en la última semana, en el área de atención a víctimas del ONC hemos visto aumentar los casos de personas que tras sufrir un delito fueron revictimizados por la autoridad. Personas que intentaron denunciar y fueron disuadidas a hacerlo o que simplemente no fueron atendidas.
Creo firmemente en la buena voluntad de la mayor parte de autoridades de nuestro país por mejorar las condiciones de seguridad, pese a ello, sé que falta mucho para que México sea un país con un sólido Estado de Derecho.
Me preocupa la facilidad con la que muchas autoridades celebran datos que saben débiles o poco representativos de la realidad.
La estadística oficial de incidencia delictiva debe ser confiable para que pueda permitir un diagnóstico certero de las condiciones de seguridad y justicia del país. Si la estadística falla, el diagnóstico será incorrecto y promoverá acciones que no corresponden a lo que necesita el país.