En los últimos meses una serie de escándalos han puesto en discusión la consistencia y congruencia del discurso oficialista, respecto a lo que en realidad ocurre.
Sólidas evidencias y algunas investigaciones judiciales en curso, han evidenciado un sistema donde para políticos y funcionarios de Morena, la aplicación de la ley es absolutamente parcial.
En 2018 los mexicanos confiaron ampliamente en un proyecto político que prometía acabar con los privilegios de algunos, reconducir el país a la paz, eliminar la corrupción y generar bienestar para la ciudadanía.
No obstante, los buenos discursos, 8 años después en nuestro país es cada vez más evidente que hay personas que viven por encima de la ley, que cuando cometen una falla o incluso un delito grave, la ley se les aplica a modo.
Autores y estadistas coinciden en que para mejorar la vida de las comunidades, para que exista confianza, certidumbre y justicia, se deben consolidar los principios de igualdad de toda persona física o moral ante la ley y que ello requiere consistencia en su aplicación. Es decir, democracia y Estado de Derecho.
En contraste a ello, en los últimos 8 años hemos observado con cada vez más claridad que en México la aplicación de la ley es absolutamente subjetiva, se aplica bajo el concepto de “dos pesos y dos medidas”, donde un mismo caso se evalúa, investiga y juzga según quién lo comete.
Para muestra el siguiente corolario: si eres un ex gobernador y actual legislador morenista, se te protege sin importar el cúmulo de evidencias por abuso sexual, corrupción y nexos con los narcos, que pesen sobre ti.
Si eres una gobernante morenista puedes poseer joyas por centenares de miles de pesos sin que nadie se atreva a investigar por qué su costo excede por mucho tus ingresos, incluso en casos donde ya has sido señalada por la Auditoría Superior de desfalcos que llegan a ser de casi los mil millones de pesos.
En este caso en particular, el actual Poder Judicial (del Bienestar) ya frenó cualquier investigación en tu contra.
Si eres hijo de un gobernador fronterizo o hijo del último expresidente, toda evidencia que se presente en torno a delitos como lavado de dinero, contrabando, huachicol fiscal y más, quedará impune.
De manera similar, nadie investigará una serie de delitos si eres el mejor amigo de ese mismo hijo del expresidente morenista, te pueden grabar y exponer el audio de una llamada, con otro miembro del así denominado “Clan” -un grupo de empresarios y juniors cercanos al morenismo-, donde confiesas que favoreciste el sobre costo de la obra, participaste de la corrupción de todo el proyecto, aclaras la participación y el rol de dicho hijo del último expresidente y además te burlas de las posibles consecuencias de haber usado materiales de sub calidad -que de hecho esa tragedia sí ocurrió, con los descarrilamientos tanto del Tren Maya, como del Tren Interoceánico-.
Otro ejemplo, en el actual régimen no pasa nada si eres una legisladora de Morena que aspira a ser gobernadora y para ello cometes una serie de delitos electorales -haber llevado a cabo actos muy anticipados de campaña y haberlos ilegalmente financiados- gracias a “donaciones” de empresarios ligados a un ex gobernador, ex secretario de gobernación y actual legislador.
Si solías ser un austero y casi indigente político de oposición que criticaba los lujos y ahora, tan sólo 8 después de haberte convertido en legislador por la alianza Morena-PT-Partido Verde, te convertiste en un terrateniente, “fifí”, que posee casas, vehículos, ahora viajas por el mundo en business class, comes en restaurantes de lujo y haces shopping en el extranjero, nadie se preguntará o te investigará por el origen de tu nueva economía, pese a que tus ingresos no correspondan a tu nuevo estilo de vida.
Otros ejemplos de cómo el discurso y la defensa de la ley y la soberanía nacional se entiende a modo es con los casos del ex secretario de seguridad pública federal, de legisladores de oposición y del oficialismo, así como con los gobernadores de Chihuahua y Sinaloa y el ex gobernador de Baja California.
Cuando al ex secretario García Luna se le detuvo por órden de una corte de Nueva York, acusado por nexos con la delincuencia organizada -con base en meras declaraciones de testigos protegidos- en México el anterior y actual gobierno celebraron que los Estados Unidos hayan coadyuvado a desmantelar la corrupción en nuestro país. Exultaron, hablaron de justicia y usaron el caso para argumentar que ello era la evidencia irrefutable de la podredumbre de dicha administración y prueba de la complicidad del entonces presidente de la República.
Nadie puso en duda el hecho, el proceso o la sentencia condenatoria, todo fue júbilo.
En cambio, cuando esa misma corte de justicia, acusó a 10 políticos sinaloenses de Morena, el gobernador, el alcalde de Culiacán, un Senador, el secretario de finanzas, el secretario de seguridad y otros más -dos de los cuales se entregaron por propio moto a dichas autoridades neoyorquinas-, en México se descalificó la acusación, se tachó todo de intervencionismo, se repitió la letanía “pruebas, pruebas, pruebas”. Tampoco sé intentó hacer alguna investigación seria en nuestro país, pese a la avalancha de evidencias que existen.
Desde el gobierno federal, las gubernaturas, las presidencias municipales y los legislativos morenistas, se les dio total apoyo a esos funcionarios -incluso a sabiendas del riesgo de que ello derive en un endurecimiento de las relaciones diplomáticas con nuestro país vecino-.
Otros dos casos son el de una senadora de oposición que acudió a los Estados Unidos a otorgar entrevista sobre la narcopolítica en México, o el de una gobernadora, también de oposición, que presuntamente permitió la colaboración entre agencias de seguridad de los EEUU y las estatales con el objetivo de desarticular el mayor laboratorio de producción de fentanilo localizado en nuestro país. A ellas se les tachó de vende patrias, se exigieron sus renuncias, así como juicio político para ambas.
En contraste, cuando a una gobernadora morenista, le filtraron audios con representantes del gobierno de los Estados Unidos, a los cuales incluso les ofrece la información confidencial de las mesas de seguridad a cambio de no ser extraditada, desde Palacio nacional se relativiza el hecho y se le brinda respaldo total.
En plena crisis por los audios de Baja California y la solicitud de extradición de los políticos de Sinaloa, el gobierno federal mexicano optó por capturar a un ex gobernador -que dejó el cargo en 1995- por una supuesta participación en actos de huachicol fiscal.
Cabe señalar que hace tiempo ya se había solicitado, la orden de aprehensión y que un juez de carrera la negó por inconsistencias y falta de pruebas. Sin que ello importase, se solicitó una nueva orden que esta vez fue aprobada por una jueza del bienestar.
De nuevo, si los autores más importantes sobre desarrollo y bienestar apuntan a que el sistema legal es fundamental para el buen desarrollo de una sociedad, entendido como un sistema de leyes que se aplican igualitariamente y consistentemente para todos, las decisiones de la presidenta de la República, de los gobernadores, de los alcaldes, de los funcionarios, de los legisladores y de los juzgadores del oficialismo de aplicar la justicia a modo, de tener “dos pesos y dos medidas”, tendrá consecuencias graves, nos llevará a un contexto de retroceso, malestar social y afectación al bienestar de las personas, por ello ¿qué país queremos ser, el de un Estado Democrático de Derecho o el de la impunidad y la justicia a modo?