Este domingo 2 de agosto amanecimos con la noticia que en un operativo conjunto la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, la fiscalía local y las fuerzas federales detuvieron al líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, alias El Marro.
Una noticia positiva si consideramos que es obligación de nuestras autoridades (1) trabajar en conjunto para garantizar la gobernabilidad de un territorio y la seguridad de sus ciudadanos; (2) porque al ejecutar la aprehensión de un delincuente se muestra que el Estado es capaz de contrarrestar la acción de los delincuentes; y (3) con ello se fortalece el Estado de Derecho.
Sin embargo, la detención de uno de los responsables de la crisis de violencia que sufre Guanajuato, una entidad que tradicionalmente había sido pacífica aún está lejos de ser un resultado.
Esta detención será un logro de nuestras autoridades cuando una adecuada judicialización del caso permita sancionar a José Antonio Yépez, conforme a derecho, en el pleno respeto sus derechos humanos.
La detención de El Marro podrá ser considerada un éxito cuando, derivado de esta captura, se logre desarticular el poder del Cártel Santa Rosa de Lima, así como de los otros grupos delictivos que operan en la región.
Podremos felicitar el desempeño de nuestras autoridades en este operativo si un adecuado trabajo de inteligencia, prevención y reacción pronta, logran inhibir una respuesta violenta ante esta detención, de parte de los delincuentes que operan en el Bajío.
Por lo contrario, haber detenido a El Marro será un fracaso si, como sucedió en pasado -en particular con los integrantes de este mismo cártel-, lleva a una pronta y bochornosa liberación porque la detención no fue conforme a derecho, porque se violaron los derechos humanos del detenido o porque las autoridades de procuración de justicia no logran armar un caso.
Esta detención resultará en un desastre si lejos de recuperar la gobernabilidad de la entidad con ella se fortalece a otro grupo delictivo antagónico y si se desata aún más violencia.
Dicho de otra manera, estamos lejos de saber si haber detenido al líder del Cártel Santa Rosa de Lima tendrá efectos positivos.
Si comparamos los primeros seis meses de 2020 con mismo periodo de 2019 en Guanajuato el número de víctimas de homicidio doloso aumentó un 31.8% lo que lleva a que la entidad se posicione como la segunda entidad con la mayor tasa de homicidios del país.
Además, las víctimas de feminicidio incrementaron un 80%; las de secuestro un 40%; las de extorsión se duplicaron y el narcomenudeo creció 69%.
Si bien el grupo delictivo de El Marro es responsable de una gran parte de esta violencia, es imperativo que las autoridades locales y federales impulsen el combate a los otros grupos delictivos responsables que Guanajuato, una de las entidades más prósperas y desarrolladas, se haya vuelto la segunda más violenta del país.
A la espera de conocer los efectos de esta detención, quedan varias preguntas por responder:
Si este operativo en conjunto parece exitoso ¿habrá otros similares en entidades como Baja California, Jalisco, Michoacán o Tamaulipas, por citar algunos casos particulares donde la violencia se asocia a la operación de grupos de delincuencia organizada?
En los varios comunicados emitidos por la federación y el gobierno estatal resalta la ausencia de la Fiscalía General de la República (FGR), que es la encargada de demostrar un caso de delincuencia organizada y lograr la sentencia condenatoria de El Marro, por ello ¿qué papel jugó la FGR en este operativo? ¿Participó? ¿Estuvo informada? ¿Tiene ya todos los elementos para respaldar los cargos de delincuencia organizada en contra de? Particularmente si recordamos la dificultad que existe para demostrar dicho delito. Por ejemplo, hace tan sólo pocas semanas se dio la captura de 26 integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima que finalmente fueron liberados ante la inacción de la FGR.
¿Cómo piensan las autoridades federales y locales garantizar que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) -o algún otro grupo delictivo- no ocupe el espacio que eventualmente podría dejar el de Santa Rosa de Lima? ¿Qué acciones están armando nuestras autoridades en contra del CJNG, el cártel más violento y poderoso de la actualidad?
Esta detención ¿significa el final de la estrategia de “abrazos y no balazos”? ¿A partir de ahora veremos una estrategia -como tal- que busque sancionar los delitos y evitar que estos sigan creciendo?
En el pasado han sobrado detenciones relevantes, el gobierno del presidente Peña presumió más de 120 detenciones estratégicas de líderes de los grupos delictivos y finalmente entregó un país en condiciones mucho peores de cómo lo recibió.
Deseo fervientemente que la detención de José Antonio Yépez sea el inicio de la puesta en marcha de acciones coordinadas, estratégicas, que logren reducir la violencia y recuperar la gobernabilidad del país. Este domingo se dio un paso positivo que dista aún mucho de ser un resultado.
@frarivasCoL
