Morena nos está huachicoleando el futuro a las y los mexicanos.
La crisis más aguda con Estados Unidos, pero también con la forma como internamente visualizamos la política, crece por el crimen llamado huachicol.
Fue una operación delictiva de Estado, que comenzó con López Obrador.
La decisión central del gobierno es sí habrá una segunda operación criminal con respecto al tema.
Y es que hay responsabilidades legales por acción o por omisión.
Cierto: se ha actuado con firmeza para incautar millones de litros de carburantes robados en este sexenio.
Cierto: también hay una tentativa en marcha para limpiar el pasado; una omisión que en el futuro podría conllevar responsabilidades legales.
Ya se verá.
Por lo pronto, hay que señalar la magnitud de la operación que sólo pudo ser auspiciada por el Estado.
Primero, los números. PETROIntelligence ha calculado la pérdida en recaudación para el Estado por concepto de huachicol fiscal, en 2024, en 177 mil millones de pesos. 124 mil en IVA y casi 53 mil en IEPS. Pero al lado está el huachicol físico: lo que se le roba a Pemex. La empresa lo calculó, para 2025, en más de 23 mil millones de pesos.
Para calibrar la dimensión de la operación, considérese que Pemex reportó un robo de 1,138 millones de litros en 2025. Es decir: 129,850 litros por hora.
Ahora, el huachicol fiscal ha introducido al mercado, según diversas estimaciones, unos 19 mil millones de litros en un año.
Esto implica mucho dinero y una impresionante red logística que no puede funcionar sin una sombrilla de protección oficial gigantesca.
La Secretaría de Energía, y Pemex tuvieron que detectar todo este robo y todo este ingreso de producto al mercado energético nacional.
¿Cómo se vende toda la gasolina robada sin que nadie sepa nada?
En paralelo está el huachicol fiscal. La salida o el ingreso de combustible ilegal pasa por las principales instituciones nacionales.
Toda la red de infraestructura de acceso al país: puertos, carreteras, ferrovías. El sistema aduanero que no detectó nada. Gobiernos estatales involucrados -aclaro-, hubo algunos que denunciaron en tiempo lo que ocurría. La Secretaría de Hacienda, particularmente el SAT y la UIF. La comunidad de inteligencia del país. Ese volumen descomunal de combustible ilegal se distribuía por toda la república cada minuto de cada hora de cada día. Las corporaciones policiacas fueron omisas. Otra vez, la CRE —entonces activa— la SENER y PEMEX, incluso la PROFECO, tenían facultades para combatir, frenar y castigar esta operación.
No ocurrió porque era una operación de Estado.
Llamativos son los nombres y rangos de los personajes involucrados. Hoy funcionarios de alto rango, gobernadores, militares, mandos policiales, legisladores.
No hay forma que esto pasara desapercibido para el presidente López Obrador.
La red que operaba el mercado ilegal de hidrocarburos eran empleados de él y hoy es su camisa de fuerza.
El retiro de la visa de Andy no es un tema de soberanía nacional. A México no le afecta que el junior vaya o no al país vecino.
La protección al huachicol, el fiscal en particular y el ducto de dinero sucio a campañas políticas, sí.
Estados Unidos va tras él, pues involucra delitos en ese país y, a decir de documentos oficiales, han encontrado el vínculo de la operación estatal con el CJNG.
De ser así, la omisión del actual gobierno para intervenir de manera fulminante no sólo lo convierte en un tema de soberanía.
También en el principal riesgo, inminente, que enfrenta.
@fvazquezrig
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