“Cuando se pretende crecer con el motor del mercado interno, los salarios reales deberán crecer; cuando se busca el crecimiento mediante las exportaciones y el libre comercio, los salarios reales deberán ser menores que los de los socios comerciales” (Celso Furtado, 1962, Formación económica de Brasil, CEPAL, Santiago: p. 47).
La paradoja consistente en que una parte significativa de los países no desarrollados cuenten con una planta industrial que no los saca del subdesarrollo, está sólidamente relacionada con los bajos salarios que les caracterizan, que -a su vez- son un resultado <<natural>> de la base tecnológica de la misma industrialización, proveniente de las economías centrales e intensiva en capital, colocada en un espacio con mucha fuerza de trabajo y muy escaso capital.
La débil generación de empleo y el desarrollo preferente de la producción de bienes solo accesibles para las capas con mayor ingreso, como características estructurales del subdesarrollo industrializado, perpetúan al mismo subdesarrollo. Las políticas salarial y de empleo constituyen la base la base del verdadero cambio estructural que conduzca al desarrollo:
“En opinión de Hirschman, el rasgo característico que mayor similitud guardaba la Economía del desarrollo con la Economía keynesiana era, sin duda, la cuestión relativa al subempleo. El sistema keynesiano tomó el desempleo mucho más en serio que la economía tradicional y elaboró una teoría del equilibrio macroeconómico con desempleo” (Elies Furió-Blasco, 1998, Albert O. Hirschman y el camino hacia el desarrollo económico, FCE, México: p. 21).
En la lógica hirschmanita, el subempleo que caracteriza al subdesarrollo no es solo de la mano de obra, sino de otros factores productivos (<<reservas ocultas>>): ahorro, espíritu de empresa y otros recursos que requieren ser abordados con mecanismos de presión e instrumentos graduales, contenidos en la estrategia de crecimiento desequilibrado (Albert O.Hirschman, 1980, Auge y ocaso de la teoría económica del desarrollo, en El trimestre económico, vol. XLVII, 188, octubre-diciembre, FCE: México: p. 1062).
Desde el despunte de la década de los noventa del siglo pasado, la percepción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en tanto vehículo hacia el desarrollo en la perspectiva neoclásica, fundamentalmente por incluir la libertad de inversiones, también explicitaba las cuestiones laboral y salarial: “Todo este conjunto de reglas (contenidas en el TLCAN) nos permitirá exportar más, atraer inversiones y crear más empleos mejor remunerados” (Carlos Salinas, 1994, Presentación, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Texto oficial, SECOFI/Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial, México: p. viii).
Con la, hasta ahora, más radical renegociación del TLCAN, metamorfoseado en T-MEC, se incluyó un capítulo laboral que, específicamente en lo relativo al sector automotriz (hasta ese entonces el más dinámico de todo el comercio norteamericano), establece que el 40 % de toda la producción del sector deberá elaborarse en establecimientos en los que se paguen 16 dólares estadounidenses por hora; esa propuesta provino de los dos socios comerciales de México, Canadá y los Estados Unidos de América (EUA). Desde la inicial aprobación del instrumento, en 1994, y violentando la regla del Fast Track -por medio de la cual el Congreso de los EUA autoriza al Poder Ejecutivo realizar negociaciones con países extranjeros, de las que el resultado será aprobado o rechazado por el propio Congreso, pero no modificado- al imponer dos acuerdos paralelos, uno, en materia ambiental y, otro, en materia laboral, por el que se obligaba a México a ¡cumplir con su propia normatividad laboral!
Se trataba, y se trata, de no convertir al diferencial salarial, una muy poco edificante ventaja comparativa ricardiana, el considerable costo menor del factor trabajo, en un poderoso incentivo para orientar las inversiones de la economía productiva hacia México. Una aceptable definición de Branco Milanovic de la globalización, que ahora se desinfla, la describía como un curioso Quid pro cuo, en el que los países ricos intercambiaron trabajos manufactureros bien remunerados por mercancías abundantes y baratas, producidas en el exterior, dominantemente en el Sureste asiático y, en menor medida, en México (Branko Milanovic, 2020, Capitalismo nada más. El futuro del sistema que domina el mundo, Taurus, Madrid: 365 pp.).
El desencanto con la globalización, que describió con tino envidiable Joseph Stiglitz al comienzo del nuevo milenio, terminó llegando a los electores que percibieron en Donald Trump, durante noviembre de 2016, un adversario de las élites globalistas que, llegando al poder, se encargaría de organizar el retorno de los empleos idos; la utópica ilusión retornó en el mismo mes de 2024 y la prometida reindustrialización estadounidense, como diría el clásico, está puesta en pausa.
La variable explicativa del empleo y de la productividad es la inversión y el propósito del Plan México sobre esta formación bruta de capital la ubica como 25 % del PIB, a partir de 2026 y arriba del 28 % en 2030, creando 1.5 millones de empleos manufactureros adicionales en ese último año. Con esos eventuales logros, la economía mexicana estaría dentro de las 10 mayores economías del planeta.
No hay una ruta alternativa al combate a la pobreza que no sea la generación de empleo digno. Si el 80 % del nuevo ingreso mexicano proviene de la informalidad, la abundancia de las y los trabajadores sin derechos es una clara evidencia de lo alejado que está el país del plan; ¿no es llegado el momento de acercarle algún argumento creíble a la negativa oficial de diseñar y proponer una reforma fiscal? Caso contrario, el naufragio del plan cuenta con el beneplácito nuestros consentidos mil millonarios. Seguiría siendo una lástima.