Lo son, algunas acciones de nuestra Presidenta. Me referiré a declaraciones y conductas por ella realizadas. Se observan hechas como titular de uno de los Poderes de la República, además de que dentro de la vida política del país, a los presidentes se les ha considerado siempre como la máxima autoridad de la Nación.
Los enuncio como fundamento del título de este artículo. Ha hablado de la soberanía como un atributo esencial y fundamental para México, afirmación plenamente acertada, que es aplicable para todos los países. Jean Bodin en su libro de 1576, “Los Seis Libros de la República”, la define y señala sus rasgos característicos.
En nombre de ella, equivocadamente como ya lo hemos dicho aquí, reclamó una solicitud de extradición de los Estados Unidos y contrariando de manera evidente la importancia que le da a la soberanía para manejar los asuntos internos, se dirige al gobierno americano para decirle cuál debe ser el proceder de la oficina encargada de detener a los extranjeros que tengan una permanencia irregular. Si de violar la soberanía se trata, nuestro gobierno con esa comunicación, pretendió hacerlo.
Otra actitud desafortunada, por decir lo menos, fue la declaración en una de sus conferencias matutinas, cuando al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido como presunto responsable de la comisión de varios delitos, lo llamó “delincuente”, y agregó que se llevaría el debido proceso legal. Ignoró con sus afirmaciones que existe un principio fundamental en nuestro Derecho, y que es el de la “presunción de inocencia”; solo se le puede llamar así a quien ha sido condenado por una sentencia acusatoria.
Mientras no se haya “formulado acusación”, la persona que está siendo juzgada es “imputado”, categoría que es la que tiene actualmente el exgobernador. Una afirmación que la considero no solo preocupante sino peligrosa, porque atenta contra el orden jurídico nacional, fueron las palabras que, en tono de regaño, le dirigió en Tulum al responsable de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas en Quintana Roo, cuando le dijo:”…cuando la norma se pone por encima de la gente está mal; hay que gobernar con sentido común y para la gente” (sic).
Lo anterior implica que las leyes no se deben cumplir cuando según el criterio de quienes deban aplicarlas, son contrarias a los intereses populares. A esta declaración le podemos encontrar similitud con la suspensión de elecciones por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que desde su personal punto de vista, estas pueden permitir la injerencia de Estados Unidos, y ser contrarias a los principios del gobierno revolucionario que él encabeza.
Ese desprecio a la ley ya lo habíamos escuchado de López Obrador, cuando en forma despectiva decía “a mi no me vengan con que la ley es la ley”, para justificar que él podría actuar como deseara, como lo hizo, sin importarle lo que dijera la ley, sin embargo, su desprecio a lo legal se limitaba a las acciones que él emprendiera.
En el caso de la doctora Sheinbaum, el no respetar la ley lo estima aplicable a todos los servidores públicos, como lo dijo en estas mismas páginas el talentoso ministro en retiro, José Ramón Cossío Diaz: el cumplimiento y aplicación de la norma depende de la subjetividad de los servidores públicos. Tal escenario es más que injusto, atenta contra un valor superior a la justicia misma, que es la seguridad jurídica, valor en el que descansa la confianza popular en todos los órdenes.
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