En México, pocos actores han construido una relación tan perversa y exitosa con el gobierno federal como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Desde su nacimiento en 1979, la Coordinadora ha sostenido un discurso de democratización sindical y defensa de la educación pública; sin embargo, en los hechos, su historia revela una organización cuya prioridad han sido el poder político y económico. La CNTE nació como una disidencia frente al autoritarismo del SNTE de Carlos Jonguitud Barrios. En su origen denunció la corrupción de este sindicato corporativo y su subordinación al gobierno. Pero, con el tiempo, terminó reproduciendo las prácticas que combatía, construyendo un modelo de presión basado en paros masivos, movilización permanente y chantaje político. Cada conflicto se convirtió en una oportunidad para ampliar privilegios, capturar espacios administrativos y negociar recursos, lo que ocurrió especialmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
Además, instauró mecanismos de control sobre sus agremiados, utilizando la “cartilla sindical”: quien no participaba en marchas, plantones o bloqueos quedaba excluido de beneficios laborales. Una organización que nació exigiendo democracia sindical terminó imponiendo prácticas profundamente antidemocráticas. La violencia también se volvió parte de su estrategia de presión. Bloqueos carreteros, toma de casetas, cierre de aeropuertos y vandalización de edificios públicos se normalizaron como herramientas de negociación; sin consecuencia alguna para sus integrantes. Durante décadas, distintos gobiernos cedieron ante estas prácticas, alimentando un incentivo perverso: mientras mayor fuera el nivel de presión y caos, mayores serían las concesiones que lograba la CNTE.
El único intento serio por limitar el poder de la Coordinadora ocurrió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con la reforma educativa de 2013. El Estado le quitó a la Coordinadora el manejo discrecional de plazas y promociones mediante la evaluación docente y los concursos de ingreso y promoción. La reacción fue virulenta: miles de maestros fueron movilizados contra la reforma. Hubo bloqueos, plantones indefinidos y actos de violencia. Pero lo más revelador fue la agresión contra docentes que sí deseaban evaluarse por convenir a sus intereses. Muchos fueron exhibidos públicamente, insultados e incluso emplumados por sus propios compañeros. La CNTE no defendía solamente derechos laborales; defendía un sistema de control político que la reforma amenazaba. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto cometió errores políticos graves. La reforma nunca logró una legitimidad social suficiente y terminó asociándose más con mecanismos punitivos que con una verdadera mejora educativa. La tragedia de Nochixtlán terminó por debilitar aún más la posición gubernamental.
La llegada de AMLO modificó completamente el escenario educativo. Como candidato, convirtió a la CNTE en una aliada política estratégica, prometiendo cancelar lo que llamó “La mala reforma educativa”. La nueva relación entre el gobierno federal y la CNTE se basó en tolerancia política y negociación permanente. A cambio de gobernabilidad y apoyo electoral en estados clave, la Coordinadora recuperó influencia sobre procesos administrativos y decisiones educativas regionales.
El gobierno actual enfrenta la herencia de esa relación perversa: una CNTE fortalecida, acostumbrada a doblar gobiernos mediante movilizaciones. El reciente plantón de la Coordinadora en la ciudad de México, amenazando la cancelación del Mundial de futbol, es una muestra fehaciente de su intención por doblegar al gobierno federal a cualquier costo. Por fortuna, Sheinbaum tuvo la fortaleza de resistir y debilitar la amenaza sindical. Pero la pregunta de fondo persiste: ¿cómo recuperar la rectoría del Estado sobre la educación sin repetir los errores del pasado? Porque, al final, las grandes víctimas de esta relación kafkiana entre gobierno y CNTE han sido los millones de niños y jóvenes del país, quienes han sido rehenes de una disputa política que nada tiene que ver con lograr una educación de excelencia, consignada en la Constitución, que asegure el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes.
La única salida que veo es la construcción de un nuevo pacto educativo nacional que delimite claramente hasta dónde llegan los derechos sindicales y dónde empieza el derecho superior de los niños y jóvenes. Para ello se tiene que asumir el costo político de recuperar la rectoría educativa del Estado; de lo contrario, la CNTE seguirá presionando por lograr el único interés genuino que tiene: dinero y poder.
Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa @EduardoBackhoff
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