El debate sobre la regulación de la inteligencia artificial es tan legítimo como necesario. Los deepfakes pueden destruir la reputación de una persona, la desinformación incide en los procesos electorales y el uso malicioso de la tecnología es una realidad ante la cual las normas vigentes no siempre son suficientes. Es un asunto pendiente para México. San Luis Potosí se adelantó con una respuesta que, más que un modelo, representa una advertencia.
En octubre del año pasado, circularon videos en los que presuntos integrantes del crimen organizado señalaban al gobernador Ricardo Gallardo de tener vínculos con cárteles. Gallardo afirmó que los videos habían sido generados con IA. En noviembre, la mayoría oficial en el Congreso local aprobó una reforma para penalizar su “uso indebido para provocar alarma social” con sanciones de hasta seis años de prisión.
Se establecieron tres tipos penales relativamente ambiguos que permiten a las autoridades determinar discrecionalmente cuándo se configura el ilícito, gracias a conceptos sin definición precisa como “alarma pública”, “paz social” o “confianza pública”. En una entidad donde la prensa enfrenta presiones y amenazas constantes, esa facultad discrecional es una herramienta para la persecución política de periodistas críticos, no una regulación tecnológica.
Si eso no fuera suficientemente grave, la llamada “Ley Serrano” –por su promovente, el diputado Héctor Serrano– se aplicó retroactivamente para perseguir a periodistas que difundieron los videos que incomodaron al gobernador antes de que fuera aprobada.
Recientemente, un nuevo ejemplo confirmó el verdadero propósito de la reforma: el 21 de mayo fueron detenidas dos comunicadoras por compartir una fotografía –presuntamente generada con IA– que relacionaba a la senadora Ruth González Silva con Rubén Rocha Moya. La fiscal estatal reservó el nombre de la persona denunciante, pero El País tuvo acceso al expediente. La denuncia fue presentada por la propia senadora, esposa del gobernador y aspirante a sucederlo.
México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo fuera de una zona de guerra. En 2025 fueron asesinados siete comunicadores –casi el doble que el año anterior– y Artículo 19 contabiliza 176 periodistas fallecidos en posible relación con su labor desde el 2000 (Informe “Estructuras de Silencio”, 2026). El más reciente es Luis Ángel López Valdés, asesinado el pasado 11 de junio en Poza Rica. El mismo informe señala que el Estado es responsable de la mitad de las agresiones contra la prensa, con los gobiernos estatales como principal actor.
En ese contexto, la Ley Serrano representa además un instrumento que produce efectos sin necesidad de activarse. La existencia misma de delitos tan imprecisos busca generar autocensura entre periodistas y medios de comunicación. A diferencia de las detenciones, ese silencio cotidiano no deja registro.
Las respuestas institucionales son reveladoras: la CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte hace seis meses; su resolución está pendiente. Una iniciativa ciudadana que busca derogar las tres figuras quedó congelada en comisiones. Este martes, decenas de manifestantes irrumpieron en el pleno del congreso potosino, la respuesta fue una promesa de foros de diálogo para septiembre.
Quizá sin pretenderlo, el diputado Serrano anticipó que San Luis Potosí está “a la vanguardia” de una propuesta que eventualmente llegará al nivel federal. Ese debate será complejo y seguramente habrá presiones para legislar con prisas, en defensa de los intereses del oficialismo. Llegado el momento, este caso ofrecerá un ejemplo perfecto sobre cómo no se debe legislar sobre IA.
Conciliar una regulación necesaria con la libertad de expresión exige normas precisas, construidas con rigor a partir del diálogo plural, sin agendas personales de por medio. San Luis Potosí es un laboratorio de la censura. No podemos permitir que se convierta en el falso modelo regulatorio para el resto del país.
Diputada federal
dft