El pasado mes de noviembre fui invitado al programa Es la Hora de Opinar, conducido por Leo Zuckermann, para discutir temas relacionados con la seguridad en nuestro país.
Durante los quince minutos que duró mi participación, uno de los temas fue el huachicol. Leo comentó que era un escándalo ver, a pie de carretera, a personas vendiendo combustible en bidones y tambos, el cual seguramente había sido extraído de forma ilegal de las tuberías subterráneas de Pemex.
Mi respuesta fue que eso eran solo las migajas del negocio. Lo verdaderamente preocupante —le dije— es que Pemex tiene conocimiento de gasolineras que llevan meses, incluso años, sin comprarle gasolina o diésel, y que, sin embargo, siguen operando con absoluta normalidad.
Semanas después, en una comida navideña con un buen amigo y colega —director corporativo de seguridad de una empresa trasnacional del ramo alimenticio— me dijo algo que me dejó helado:
“Las gasolineras son las migajas, Carlos. Lo fuerte está en los buques tanque que salen de México cargados con millones de litros de combustible ilegal”.
Y como suele pasar en este país, donde la realidad supera a la ficción, a finales del mes pasado se confirmó lo que parecía una exageración por parte de mi amigo: el aseguramiento de 18 millones de litros de huachicol en los puertos de Altamira, Tamaulipas, y Ensenada, Baja California.
Aunque la información oficial indica que estos millones de litros fueron introducidos al país de forma ilegal para ser vendidos sin pagar los impuestos correspondientes (lo que se conoce como huachicoleo fiscal), lo que me parece más relevante no es el fraude en sí, sino la magnitud de la infraestructura necesaria para lograrlo.
Estamos hablando de buques tanque y millones de litros de gasolina; cientos de contenedores, decenas de cisternas, tractocamiones, operadores, rutas, estaciones de almacenamiento y distribución. Una red logística paralela que hace posible que ese combustible llegue desde el barco hasta el consumidor final, sin importar quién sea ni dónde esté.
Esto no es un operativo improvisado ni una serie de movimientos aislados. Se trata de una cadena organizada, sofisticada y, sobre todo, tolerada. Porque para que una operación de este tamaño funcione durante años, es indispensable la participación de múltiples actores: autoridades portuarias, aduanales, fiscales, cuerpos de seguridad, empresas fachada y hasta concesionarios formales del sector energético.
No estamos ante delincuencia común: estamos ante crimen organizado empresarial, con estructuras, jerarquías y tentáculos en todos los niveles.
Y lo más inquietante es que esta red no solo distribuye combustible ilegal: también lava dinero, corrompe instituciones y distorsiona el mercado legal.
Mientras los pequeños expendios ilegales en la orilla de la carretera distraen la atención de medios y autoridades, los grandes volúmenes se mueven por rutas marítimas y carreteras con una eficiencia que ya quisiera cualquier empresa formal.
Ahora, una operación como esta debe dejar un enorme rastro de evidencias para que las autoridades hagan el seguimiento correspondiente.
¿Quién autoriza la entrada del buque? ¿Qué aduana lo registra? ¿Qué empresa lo recibe? ¿A nombre de quién está la documentación correspondiente? ¿Qué rutas usan?¿Quién recibe la carga? ¿Dónde se almacena? ¿Cómo se mezcla con combustible que sí es legal? ¿Qué gasolineras siguen sin comprarle a Pemex? ¿Puede ocurrir esto sin que Pemex esté enterada o involucrada? ¿A quién le conviene que todo esto siga ocurriendo?
Son preguntas que no pueden quedar sin respuesta, a menos que las autoridades prefieran no contestar. Porque el verdadero poder del huachicoleo fiscal está en la corrupción institucional que lo permite.
Leí ayer domingo que autoridades federales apuntan a que el CJNG está detrás de esto. Que me disculpen, pero no les creo nada, que no nos quieran vender una cortina de humo, por favor.
Y si millones de litros pueden entrar así al país, mi última pregunta obligada es: ¿Quién dice que no pueden salir de la misma manera?
POSTDATA – Bien, muy bien por Omar García Harfuch y su equipo desmantelando las estructuras logísticas que facilitan estas actividades ilícitas. Ahora vayan tras las mentes maestras detrás de estas.
