Hay momentos en los que una frase revela más que un expediente completo.
Según el comunicado de Gobernación, el subsecretario César Yáñez se comunicó con “líderes de ambos grupos en conflicto” en la zona de Chilapa, Guerrero, para hacerles ver la necesidad de recuperar la paz. Les pidió terminar disputas y bloqueos de manera pacífica para que pudieran entrar las Fuerzas Armadas, atender heridos y restablecer el orden.
¡Carajo! No estamos hablando de vecinos peleando por una parcela. No estamos hablando de una disputa comunitaria ordinaria. Estamos hablando de “Los Ardillos”, una organización criminal guerrerense señalada durante años por asesinatos, desapariciones, ataques armados, desplazamientos y control territorial.
Estamos hablando de un grupo cuyo nombre, zona de operación y liderazgos son conocidos. No son fantasmas. No son “grupos en conflicto” flotando en la niebla de la sierra. Tienen historia, territorio, estructura, redes, armas, métodos y víctimas.
Por eso resulta profundamente ofensivo.
Ofensivo para las comunidades que han tenido que huir bajo ataques con drones y armas de alto poder. Ofensivo para las mujeres que cargaron a sus pequeños para escapar de las balaceras. Ofensivo para quienes han enterrado seres queridos y visto sus casas arder mientras el Estado aparecía tarde.
¿En qué momento una banda criminal con historial de terror se convierte en interlocutor político?
Y aquí hay un dato que vuelve todo todavía más grave: no estamos hablando de un cártel con presencia nacional. Estamos hablando de una organización local que, durante años, ha impuesto condiciones en una región específica del país.
Si un grupo de ese tamaño puede obligar al Estado a pedirle que le baje a su violencia para poder entrar al territorio, el problema no es solo criminal. Es institucional.
Eso no es pacificación. Es subordinación operativa.
El mensaje que recibe la población es devastador: si un grupo armado tiene suficiente capacidad de fuego, control territorial y poder de intimidación, el gobierno no lo persigue; lo consulta. No lo desmantela; lo administra. No lo neutraliza; lo incorpora a una mesa.
La función del Estado no es negociar el derecho de paso con quienes bombardean –literalmente– comunidades. La función del Estado es proteger a la población, detener a los responsables, recuperar el territorio y evitar que vuelvan a gobernar por encima de la ley.
Los Ardillos no son un accidente. Son el resultado de sexenios de impunidad, corrupción, complicidad y debilidad institucional. Han sobrevivido a gobiernos, partidos, operativos, discursos y promesas. Han construido poder donde el gobierno de Guerrero se retiró, fue rebasado o fue capturado. Han convertido comunidades en botín y a la población civil en rehén permanente.
La paz no se construye pidiéndole moderación al verdugo. La paz se construye quitándole al verdugo la capacidad de seguir decidiendo quién vive, quién huye, quién calla y quién muere.
Ese es el punto de fondo.
Si el gobierno puede comunicarse con los líderes de Los Ardillos, también puede ubicarlos. Si puede pedirles que detengan bloqueos, también puede investigarlos. Si puede reconocerlos como actores con capacidad para liberar caminos, también debe reconocer que tienen control territorial y responsabilidad sobre la violencia.
Lo que no puede hacer es tratarlos como interlocutores cuando conviene y como inubicables cuando toca detenerlos.
Porque entonces el mensaje ya no es de autoridad. Es de permiso.
Y cuando el Estado empieza a pedir permiso al crimen para entrar a su propio territorio, la pregunta deja de ser quién manda en Guerrero.
La pregunta es quién todavía se atreve a fingir que no lo sabe.
POSTDATA – Con esta publicación cumplo seis años de escribir semanalmente esta columna. El tiempo vuela: van ya 333 artículos publicados y un camino de enorme aprendizaje y gozo. En todo este tiempo, nunca se me ha pedido quitar ni agregar una sola palabra a mis textos. Mi profunda gratitud a EL UNIVERSAL por mantener abiertas sus puertas a la libertad de expresión.