La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una demanda presentada por el gobierno mexicano contra varios de los fabricantes de armas más poderosos del mundo. Con esa decisión, cerró la puerta a la posibilidad de que esas empresas rindan cuentas por la violencia que generan sus productos en México.
Para decirlo claro: las armas que matan a miles de mexicanos cada año se fabrican y venden legalmente en Estados Unidos, pero llegan de forma ilegal a nuestro país, donde terminan en manos del crimen organizado.
El gobierno mexicano pedía que esas empresas asumieran su parte de responsabilidad por diseñar, distribuir y vender armas sabiendo que muchas de ellas acaban en nuestro mercado negro.
La Corte, sin embargo, falló a favor de los fabricantes, amparándose en una ley que los protege casi por completo de cualquier demanda por los daños que puedan causar sus productos.
Para ellos, si un arma se vende legalmente y luego alguien la usa para matar en otro país, no es su problema. Aunque esa pistola o rifle haya sido parte de un lote de cien vendidas a un supuesto comprador local que después las cruzó a México para entregarlas a un grupo criminal.
Nuestro vecino del norte no muestra intención alguna de revisar el papel que su industria armamentista juega en la tragedia que vivimos del otro lado de la frontera. Y tampoco parece tener prisa por frenar el tráfico ilegal de armas hacia el sur.
Cada año, según datos oficiales, más de medio millón de armas entran a México desde Estados Unidos. No llegan por casualidad ni por arte de magia. Llegan porque existen rutas, redes, logística y corrupción en ambos lados... un negocio millonario que nadie quiere tocar.
Las armas que se incautan en operativos en Michoacán, Tamaulipas o Sinaloa —las mismas que han aparecido en atentados contra periodistas, militares, policías y civiles— en su gran mayoría, vienen del norte.
Y lo más alarmante: muchas están hechas para la guerra, no para defensa personal. Rifles Barrett capaces de perforar blindajes, pistolas Glock modificadas para disparar en ráfaga, cargadores con capacidad de cien balas. Todo eso se puede adquirir con relativa facilidad en armerías de Texas o Arizona. Los cárteles sólo tienen que cruzarlas por tierra recorriendo un par de horas (o menos) hacia la frontera.
Por supuesto que México tiene su parte de responsabilidad. Si las armas entran tan fácilmente, es porque hay autoridades corruptas y mecanismos débiles para frenar su paso.
Pero si realmente queremos combatir la violencia, debemos reconocer que el problema es compartido. Las drogas cruzan hacia el norte, sí. Pero las armas y el dinero que permiten su producción y exportación vienen hacia el sur. La cooperación tiene que ser en ambos sentidos. La responsabilidad también.
El gobierno mexicano hizo bien en presentar esta demanda. Fue una forma de romper el silencio, de llevar el tema a la mesa internacional y de visibilizar un problema que Estados Unidos prefiere ignorar. Aunque el fallo fue negativo, la discusión ya empezó. Ojalá no se detenga.
México tiene otra demanda en curso, esta vez contra distribuidores de armas en Arizona. Esa batalla legal aún no termina, pero tampoco puede ser el único frente. Urge fortalecer los controles fronterizos, mejorar la coordinación bilateral, invertir en inteligencia y depurar nuestras propias instituciones.
Porque hoy, la realidad es brutal: allá se venden, aquí se disparan. Si no cambiamos esa lógica, lo que pasó en la Corte no será un punto final, sino otro capítulo de una historia que seguimos escribiendo con sangre.
La violencia que vivimos tiene muchas causas, pero no podemos ignorar que una de las más letales tiene nombre, marca y número de serie.
POSTDATA – Ya transcurrió mas de una semana del desalojo con policías y soldados armados del foro Alicia a medio concierto. Si no han dicho quién fue el o la responsable de semejante estupidez, es porque no lo quieren hacer. Punto.
