México es parte del teatro de operaciones de una guerra que Washington ha emprendido ‘contra el terrorismo extranjero y global’, pero el gobierno mexicano parece no darse cuenta de la gravedad de esta situación.
La (re)negociación del T-MEC dejó de ser fundamentalmente comercial para convertirse en una negociación geopolítica asimétrica bajo coerción.
Esta crisis brutal —la mayor desde la invasión de Veracruz en 1914— nos encuentra respondiendo sólo de manera reactiva y con una verborrea vacía. El Estado mexicano carece de una estrategia donde participen profesionales con interlocución en la Casa Blanca, en el Congreso, en las agencias de inteligencia, con los sectores privado y laboral, entre gobernadores y alcaldes estadounidenses.
Limpiar la casa implica entender que bajo Trump 2.0, cambiaron los actores, el terreno, la estrategia, las armas, e incluso las reglas del juego, que cada vez más son definidas de manera unilateral:
1. Los actores: ayer fueron los diplomáticos; hoy se han sumado espías, policías, militares, agencias de inteligencia y negociadores comerciales.
2. El terreno: Estados Unidos ha externalizado sus fronteras; su perímetro de seguridad va del Canal de Panamá a Groenlandia, pasando por Centroamérica, México y Canadá.
3. La estrategia: Washington ha publicado sendos documentos sobre sus estrategias nacionales de seguridad nacional, de inteligencia, de combate al narcotráfico y al terrorismo. En los hechos, ha identificado al gobierno de Sinaloa bajo Rubén Rocha Moya como una empresa criminal conjunta del cártel de Sinaloa con sus socios políticos.
4. Las armas: el mayor arsenal de Washington es la información recopilada sobre ‘vida y milagros’ de mexicanos delatados por sus compinches. En este ámbito EU ya ejerce un virtual derecho de veto. Para Morena y para el gobierno será vital cerciorarse de que los candidatos a 17 gubernaturas en juego en junio de 2027 no aparezcan como sospechosos de conexión con el crimen organizado.
Las visitas a México de Markwayne Mullin (Seguridad Nacional) y Jamieson Greer (Representante Comercial) este mes nos hacen ver que estos temas están entrelazados. La directora de política de control de drogas en la Casa Blanca, Sara Carter, canceló de último minuto, en medio de tensiones diplomáticas.
La estrategia mexicana de pedir pruebas se agotó. Las promesas de que ahora sí vamos a investigar y juzgar aquí a los actores políticos involucrados con el crimen organizado carecen de credibilidad. CSP aparece dividida hacia afuera: mientras la CIA y el FBI elogian la cooperación de Harfuch en seguridad, otros actores mexicanos dentro y fuera del gobierno siguen protegiendo a narcopolíticos de su cofradía.
Limpiar la casa tendría que ser una decisión soberana para investigar a los presuntos narcopolíticos por iniciativa propia y no sólo como resultado de una presión extrema.
¿Qué intereses impiden al gobierno de Morena limpiar la casa? ¿Puede este partido seguir existiendo en una decena de entidades federativas si prescinde del dinero ‘caliente’ del crimen organizado?
El Tesoro pide a aliados europeos firmeza contra el Cártel de Sinaloa. Hoy Washington ubica la guerra contra el narcoterrorismo en México al mismo nivel que la guerra contra los ayatolas en Irán o contra Hezbollah.
Limpiar la casa implica aprovechar esta estrecha rendija de oportunidad para romper ese devastador pacto de impunidad. Está en juego la viabilidad misma de este gobierno.
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