La observación electoral es un derecho que todos y todas las mexicanas tenemos a fin de presenciar diversos aspectos que constituyen cada una de las etapas del proceso electoral, por el que es renovado el poder público en nuestro país.
En este sentido, la observación electoral representa un referente democrático de vigilancia sobre la organización de las elecciones por parte de las autoridades electorales, así como de las condiciones de competencia electoral y el comportamiento de todos los actores involucrados en las elecciones, lo que contribuye a dar legitimidad y transparencia a los resultados electorales y a tomar en cuenta las impresiones y comentarios registradas por las personas observadoras participantes.
Bajo este contexto, en días pasados el Colegio de México (Colmex) presentó los resultados de las investigaciones realizadas en el marco del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE) 2024, iniciativa del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
En particular la investigación se circunscribió al “Monitoreo de Violencia contra Candidatos durante el Proceso Electoral 2023-2024” y, los principales resultados pueden resumirse en los siguientes aspectos:
1. “Los niveles tan elevados de violencia están afectando la calidad de la democracia y la gobernabilidad en el país”, sobre todo la violencia que es registrada intencionalmente con el objeto de modificar los resultados electorales. La investigación resalta que la violencia electoral “… impacta a la mayoría de los estados, afecta a los partidos políticos y no respeta ninguna de las etapas del proceso electoral”.
2. La violencia electoral tiene cuatro características especiales.
3. La violencia electoral influye en quienes están en posibilidades de competir.
4. Los partidos políticos, principales actores de las contiendas electorales no están enfrentando de manera adecuada la violencia electoral, por ejemplo, “… no solo han permitido que las organizaciones criminales ocupen los vacíos de poder […], sino que están tolerando que se utilicen métodos violentos para dirimir la lucha por el poder público”, lo que está transformando de manera negativa la competencia política.
Además de estos registros, es importante señalar que la violencia simbólica y digital en contra de las mujeres por razón de género ha crecido exponencialmente en el país, por lo que será necesario que el INE fortalezca sus instrumentos jurídicos y administrativos para erradicar esta violencia de género que irrumpe un proceso electoral que debe ser igualitario y libre de violencia.
Ahora bien, de esta investigación se formularon una serie de recomendaciones, destacando, entre otras, las siguientes:
1. Potenciar los esfuerzos de prevención contra la violencia electoral; colaboración con las autoridades gubernamentales y partidos políticos para establecer medidas de seguridad adecuadas; intercambio de información, entre otros aspectos.
2. Comunicación constante con las y los aspirantes a un cargo de elección popular que se encuentren en alguna situación de riesgo.
3. Contar con información sobre la situación de seguridad en las diversas regiones del país en donde, en mi opinión, debería elaborarse un mapa de riesgos entre las autoridades electorales y de Seguridad Pública municipal, estatal y federal.
4. Establecer filtros más efectivos para la selección de personas candidatas, comenzando por los propios partidos políticos.
5. Cursos especializados para las personas candidatas en materia de seguridad y protección, entre otras.
De estas investigaciones podemos observar que un referente importante es que tanto las autoridades del Estado mexicano, como las autoridades electorales, partidos políticos y personas candidatas, deben contar con condiciones suficientes de seguridad, así como de información y preparación para enfrentar este cáncer que está perpetrando nuestra democracia: la violencia electoral.
Desde el INE, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para inhibir este tipo de conductas que, entre otros aspectos, debilitan la participación de la ciudadanía, pieza fundamental de los procesos electorales.
Consejera electoral del INE
