Los audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, revelados por el columnista de este diario, Héctor de Mauleón, parecen ir mucho más allá de un intento de la morenista por recuperar la visa que le fue revocada el año pasado, como justificó ayer en conferencia de prensa. Y es que en ellos, de forma expresa, manifiesta su temor de ser extraditada o de enfrentar futuros señalamientos por algún delito.
Ante esta nueva polémica, la reacción dentro de Morena ha sido predecible. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, han adelantado que aquí no hay delito que perseguir.
Otra cosa preocupante ha sido la postura del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien en lugar de exigir una explicación clara a una compañera de partido o de pedir que se investigue el contenido de las grabaciones, deslizó la posibilidad de proceder contra quienes los grabaron o los filtraron, algo que ya dijo estar considerando la gobernadora.
Es decir, una vez más, el foco deja de estar en los hechos para concentrarse en quien los hizo públicos. Es la vieja estrategia de matar al mensajero para evitar discutir el mensaje.
Si la mandataria está revelando información reservada o compartiendo datos —sensibles o no— obtenidos en reuniones que, por su naturaleza, deberían ser confidenciales, el problema no es quién publica la información ni la persona que la filtró; sino la conducta de quien ocupa un cargo público y el posible riesgo que ello implicaría para la seguridad del país.
Desde el gobierno de López Obrador se consolidó una práctica política consistente en descalificar a quien denuncia, desacreditar a periodistas y desplazar la conversación hacia cualquier tema que permita evitar el fondo del asunto.
Además, bien aprendido de las lecciones de López, Marina del Pilar salió a acusar que todo se trató de una trampa, de un montaje orquestado por su adversario político, el exmorenista —hoy petista— Jaime Bonilla. Dijo que él fue quien la refirió con personas que podrían ayudarla con su visa, y que confió en él “de buena fe”. Le preguntaron por qué, contestó que por ingenua.
Cerca de 30 minutos dedicó Marina del Pilar a este tema en su conferencia, pero nunca explicó qué temas tocaron sobre su visa durante la primera reunión en Tijuana, algo que, afirma, ocurrió el 15 de diciembre del año pasado. Ahí dijo: “Yo, la verdad, estoy tranquila. (He estado) reuniéndome con quienes me han buscado de las agencias, y realmente me han buscado a mí, y yo en la mejor disposición, porque, pues yo quiero resolver eso y aclarar cualquier cosa. Pero sí me gustaría que fuera a través de mi abogado”.
Tampoco habló sobre qué información estaba dispuesta a entregar. Esto fue parte de lo que le prometió a los supuestos agentes de Estados Unidos: “Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber… Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad…”.
Y menos aclaró lo que implicaba el acuerdo de cooperación que le planteó el Departamento de Justicia, según sus propias palabras: “... estuve platicando con el adjunto, luego nos volvimos a ver en México. Agendamos. Luego, a través de mis abogados, nos volvimos a reunir en México. Yo por eso… hace dos, tres semanas, nos sentamos con todas las agencias. Ahí estaban todos. También del Departamento de Justicia. (Me dicen:) ‘Va a ser acuerdo de cooperación’. Yo les dije: ‘Lo que quieran’”.
Y también falta conocer qué trato le dieron como para que dijera: “Yo la verdad ya no quiero tener más reuniones porque se han portado muy mal. Cada vez que me siento me hacen algo”.
Gritar complot nuevamente —como lo hacía el tabasqueño— podrá funcionar, pero no por mucho tiempo. La gobernadora debe responder.
@azucenau
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