Por José Luis Soto Espinosa
El derecho a la memoria es pulverizar el silencio y asumir responsabilidades en crímenes contra la humanidad. En la Ciudad de México, este derecho fue reconocido en 2023 mediante una reforma constitucional y la promulgación de la Ley de Memoria de la CDMX. Se trata de la única legislación en el país dedicada a reconocer sitios de memoria, abrir e identificar archivos relacionados con violaciones a derechos humanos y crear espacios culturales y de investigación que garanticen este derecho. La Casa Refugio de la Memoria y el Centro de Documentación e Investigación de la Memoria son ejemplos de esta política institucional.
Aunque la legislación es reciente, las políticas públicas de memoria no lo son. En América Latina existe una larga tradición de enfrentar pasados marcados por la represión estatal y las violaciones graves a los derechos humanos. En un encuentro de Sitios y Espacios de Memoria realizado en Argentina, en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar, se destacó que estas políticas son el sustento cultural del “Nunca más”: un compromiso colectivo para no permitir la repetición de crímenes y vejaciones.
Comprender las circunstancias nacionales y regionales que permitieron estas violencias, nombrar a los perpetradores, reconstruir la historia de las víctimas y acompañar el caminar de sus familias, es indispensable para generar un consenso público frente a crímenes como la desaparición forzada, la tortura —incluida la tortura sexual— y las ejecuciones extrajudiciales. Ninguna sociedad que aspire a la democracia puede tolerar estas prácticas.
Pero surge una pregunta inevitable: ¿cómo pensar un “nunca más” en un país con más de 130 mil personas desaparecidas? ¿Cómo nombrar a los perpetradores en un territorio donde la impunidad alcanza el 90%? ¿Es posible documentar y narrar la historia de cientos de miles de familias atravesadas por la violencia?
En México, el campo de la memoria no es nuevo, aunque su reconocimiento jurídico sí lo sea. Nuestro país construyó, desde hace siglos, formas culturales de recordar: corridos, leyendas, tradiciones populares que fijan en el imaginario colectivo los hechos que marcaron a comunidades enteras.
A ello se suma la memoria vinculada a la represión estatal, especialmente las desapariciones forzadas cometidas entre 1965 y 1990. Lo que comenzó como un recuerdo íntimo pasó al espacio público mediante marchas, aniversarios luctuosos y manifestaciones encabezadas por familiares y sobrevivientes.
Desde los años noventa, estos actos se entrelazaron con los de colectivos de familiares de víctimas de feminicidio, personas desaparecidas, organizaciones civiles, activistas y redes solidarias. Bajo la consigna “ni perdón ni olvido”, mantuvieron viva la memoria de crímenes como las masacres estudiantiles de 1968 y 1971, el operativo fallido en la discoteca News Divine, el multifeminicidio y homicidio de la colonia Narvarte, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los cientos de miles de casos aún sin esclarecer.
Estas expresiones —principalmente impulsadas por la sociedad civil— sostienen un puente intergeneracional que preserva la esperanza y el reclamo por verdad y justicia. Frente a ello, el Estado mantuvo durante décadas una postura negacionista y relativista. Negó su responsabilidad tanto en la perpetración de los hechos como en la falta de investigación y reparación. Durante más de cincuenta años, el olvido fue la política oficial.
El reconocimiento del derecho a la memoria rompe esa tradición de silencio. Establece un marco jurídico que obliga al Estado a asumir su responsabilidad en violaciones graves a los derechos humanos y a garantizar derechos interconectados: verdad, justicia y reparación integral.
Aún falta definir cómo debe relacionarse el Estado con las prácticas de memoria de la sociedad civil y qué mecanismos de participación ciudadana deben existir en la gobernanza de los sitios y espacios de memoria. El Estado debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, con ellos, el derecho a la memoria, que apuntala el sentido de justicia y verdad.
Director de Casa Refugio de la Memoria