Por Luciana Dahdah Araujo y Andrew Selee
La separación de familias migrantes en los Estados Unidos no es un fenómeno nuevo. Lo que sí ha cambiado es la forma en que ocurre hoy.
Desde 2025, el fortalecimiento del control migratorio en Estados Unidos ha provocado una nueva crisis de separación familiar dentro y fuera del país, distinta a la que históricamente se concentraba en la frontera. Hoy, las separaciones ocurren cada vez más en el interior de Estados Unidos, y se extienden a través de la frontera cuando una madre o padre es deportado y sus hijos se quedan en territorio estadounidense.
Las familias afectadas no son personas recién llegadas. La mayoría de indocumentados llevan más de 15 años en Estados Unidos y muchos forman parte de hogares de estatus mixto, en los que padres e hijos no comparten la misma nacionalidad o estatus migratorio, lo que multiplica los obstáculos para cualquier intento de reunificación. De hecho, hay más de 6 millones de niños con ciudadanía estadounidense que tienen un padre o madre indocumentado.
Informes oficiales y periodísticos han documentado casos de niñas, niños y adolescentes (NNA) que, tras la detención o deportación de sus padres, quedan bajo arreglos de cuidado inestables, con familiares o conocidos, o incluso bajo custodia del gobierno, sin vías claras de reunificación. Quienes después buscan reunirse con sus hijos enfrentan obstáculos legales, administrativos y prácticos difíciles de superar. Algunas familias terminan ante decisiones desgarradoras: dejar a sus hijos en Estados Unidos o aceptar deportaciones separadas.
La magnitud del fenómeno respalda lo que estos casos sugieren. Entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de abril de 2026, Brookings estima que alrededor de 400,000 detenciones en el interior del país afectaron a aproximadamente 205,000 niños, niñas y adolescentes, de los cuales cerca de 145,000 son ciudadanos estadounidenses. De estos, más de la mitad, un 54 por ciento (unos 78,800 casos), tienen un padre o madre de origen mexicano, lo que subraya la dimensión binacional y transfronteriza de esta crisis.
Del lado mexicano, la información disponible no permite dimensionar plenamente la necesidad. Entre enero de 2025 y abril de 2026 se registraron alrededor de 217,976 personas deportadas a México: 160,192 en 2025 y 57,784 en los primeros meses de 2026. Entre ellas, más de 10,000 NNA. Sin embargo, esas cifras no muestran cuántas de las personas adultas son padres, madres o tutores legales; cuántas pidieron ser deportadas junto con sus hijos y no se les permitió; ni cuántas dejaron a sus hijos en Estados Unidos bajo arreglos formales o informales de cuidado.
Esa falta de tiempo no es casualidad. En julio de 2025, ICE modificó la directiva que regula la detención y deportación de padres y tutores de menores, una directiva creada, originalmente, para proteger la unidad familiar. La versión vigente eliminó el lenguaje que reconocía los derechos de padres e hijos; la obligación de reconsiderar la detención de quien es padre o tutor de un menor; el requisito de dar a esa persona la oportunidad de organizar el cuidado de sus hijos antes de ser deportada; y la obligación de coordinar con agencias de protección infantil para que un padre detenido pudiera cumplir los requisitos legales necesarios para conservar la custodia. Revertir, aunque sea parcialmente, ese retroceso es un tema que México podría llevar a la mesa en su relación con Estados Unidos.
El gobierno mexicano puede intentar incidir en los procedimientos de deportación, si bien no en las decisiones sobre las deportaciones mismas. No es tarea fácil, mas sí importante.
Luciana Dahdah Araujo es Fellow para Asuntos Migratorios y Reunificación Familiar en el Georgetown University Collaborative on Global Children's Issues (Centro para Temas Globales de la Niñez en la Universidad Georgetown).
Andrew Selee es presidente del Instituto de Políticas Migratorias y profesor adjunto en la Universidad de Georgetown.