Entre 1960 y 1980 se comenzó a denominar “pandillas” a las pequeñas organizaciones territoriales en nuestros países. Estas organizaciones se desarrollaron particularmente en contextos complejos de pobreza, baja presencia estatal, desempleo juvenil y violencia policial, productos del acelerado y desigual crecimiento urbano.
Compuesta generalmente por jóvenes, estas organizaciones orbitaron los conflictos locales, la música, el futbol, la protección del territorio, cumpliendo funciones identitarias, protectoras y de socialización. Es decir, fueron puntales que suplieron las funciones sociales y comunitarias que dejaron de cumplir el Estado, la familia, la escuela, las iglesias o el mercado laboral.
Sin embargo, el fenómeno ha cambiado. Ahora las pandillas son estructuras altamente dinámicas, sofisticadas, adaptables y articuladas con redes de delincuencia organizada transnacional.
Ya no son solo expresiones de violencia juvenil, sino una poderosa red de organizaciones con actividades complejas como el tráfico ilícito de armas y drogas, trata de personas, prostitución, robo, extorsión, control coercitivo de comunidades e incluso delitos cibernéticos, utilizando plataformas digitales para la cooptación, coordinación y ejecución de actividades ilícitas.
Las otrora pandillas juveniles se han constituido en poderosas redes locales que ha asumido las actividades ilícitas que antes realizaban los cárteles de manera exclusiva y que ahora se han reconfigurado sus estructuras al incorporar a las pandillas como socios o franquicias. Son, en una frase, los cárteles de los Estados Unidos que se quiere invisibilizar.
De acuerdo con el FBI, tan sólo en Estados Unidos existen 33 mil pandillas violentas, incluyendo pandillas callejeras, de motociclistas y carcelarias. Entre las más poderosas se encuentran la Mara Salvatrucha (MS-13); Latin Kings; Tren de Aragua; 18th Street Gang; Bloods y Crips.
Sus actividades delictivas van desde el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína; tráfico y trata de personas; extorsión y cobro de derecho de piso; lavado de dinero; homicidios y violencia territorial; robo y tráfico de armas; secuestro; fraude; usurpación de identidad; delitos sexuales. Todas éstas acompañadas de un alto grado de violencia y letalidad, con acceso a recursos millonarios.
Las pandillas delictivas no sólo producen impactos graves en la seguridad pública, su actividad también tiene consecuencias en la gobernanza democrática, el Estado de derecho y los derechos humanos, por el control territorial, la restricción a la libertad de tránsito y el desplazamiento forzado que producen.
No se trata de criminalizar a los jóvenes, sino reconocer que el problema está vinculado a factores estructurales como la desigualdad, la exclusión social y la debilidad y corrupción institucional.
Hasta ahora, las respuestas a este fenómeno son fragmentadas y reactivas, por lo que es necesario adoptar un enfoque integral que combine prevención, aplicación de la ley, rehabilitación, reinserción social y atención a las víctimas. Se necesita robustecer y hacer eficaces las capacidades institucionales de seguridad y justicia.
Es esencial promover la cooperación internacional y el intercambio de información, operaciones conjuntas y asistencia jurídica, involucrando a comunidades, a la sociedad civil y al sector privado para construir respuestas sostenibles frente a la violencia y el crimen organizado.
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