El pasado 12 de mayo, el juez Samuel Ventura Ramos, dictó, nuevamente, una sentencia absolutoria en favor del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos en esa región, eximiéndolos del delito de Delincuencia Organizada, con lo que suma, al menos, 80 sentencias absolutorias en favor de los presuntos involucrados en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014.
Si bien ambas personas se mantendrán privadas de su libertad, en el caso de Abarca Velázquez, porque se le dictó una sentencia de 92 años al resultar responsable de los delitos de secuestro en agravio de siete personas y, en el caso de Casarrubias Salgado por enfrentar los delitos de Delincuencia Organizada y Desaparición Forzada, la sentencia allana el camino en favor de los detenidos.
A ello se suma, la sentencia emitida ese mismo día, por el juez del Octavo Distrito de Morelos en favor de otros cuatro involucrados en los hechos, de los cuales solo dos permanecerán en prisión.
La judicialización del caso Ayotzinapa ha enfrentado diversos obstáculos, desde la fragmentación del proceso en 13 juzgados en igual número de estados de la República, donde se desahogan procesos por 18 delitos diferentes: delincuencia organizada; desaparición forzada; homicidio calificado; delitos contra la salud; secuestro, entre otros. Al mismo tiempo, los jueces han desahogado las denuncias presentadas por los presuntos perpetradores, por tortura y abuso de la autoridad, resolviendo en favor de éstos, ya sea por lo mal fundado de las acusaciones por parte de la PGR, o por los actos de tortura cometidos por la autoridad de entonces.
Desde el 5 de marzo de 2020, se firmó un “Convenio de colaboración que celebran el poder ejecutivo federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la FGR para el esclarecimiento de los hechos del caso Ayotzinapa”, a fin de colaborar en los actos que resulten necesarios para el debido esclarecimiento de la desaparición de los normalistas; reparar las violaciones a los derechos humanos de las víctimas en concordancia a los principios de un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad.
El 20 de febrero del 2022, la Covaj se reunió con el presidente de la SCJN para plantear los problemas que en materia de justicia, en particular el poco avance en la concentración de diversos procesos penales.
El 7 de marzo de ese año, celebramos una reunión con el secretario de Gobernación y el presidente de la Corte, para externar la preocupación por el desempeño de seis jueces federales involucrados en el caso: Enrique Beltrán Santes, del Estado de México; Samuel Ventura Ramos, de Tamaulipas; José Álvaro Vargas Ornelas y César Chávez Souverbille, de Guerrero; Óscar Alejandro López Cruz, de Colima, y Óscar Alejandro López Cruz, de Morelos.
Las principales observaciones se refieren a: desconocimiento sobre el desahogo de testigos con identidad reservada, poniendo en riesgo la vida de quienes declaran; la falta de garantía del derecho a las víctimas; no dar vista al MP por las torturas que declaran los testigos; restar valor a las pruebas obtenidas por cooperación internacional, como las escuchas de la DEA en Chicago e incluso referir que el delito de desaparición forzada es prescriptible.
Ello ha conducido a la libertad de los imputados, no por ser inocentes, sino porque, de acuerdo con los jueces, el MP no pudo demostrar su responsabilidad durante el juicio, así como por la exclusión de pruebas bajo tortura y fallas en la integración de las carpetas.
Por ejemplo, la sentencia del juez Samuel Ventura Ramos que absuelve a Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, señala que la PGR no pudo demostrar la existencia de Guerreros Unidos, ni que Casarrubias perteneciera a ese grupo delincuencial, asumiendo que su decisión “no debe entenderse en el sentido de que no existe la organización criminal, ni que los hechos por los que se formuló acusación no hayan sucedido, sino que las pruebas aportadas por la fiscalía en esa causa penal, no lo demuestran”.
Así, suman ya 63 presuntos perpetradores de la desaparición de los estudiantes liberados, lo que profundiza la impunidad en demérito de la verdad y del derecho de las víctimas. Así la justicia en México.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
