Madres indígenas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en el municipio de Chilapa, Guerrero, no pudieron festejar el 10 de mayo. Las imágenes son brutales: mujeres, niñas y niños suplicando al gobierno que intervenga, mientras el miedo se les marca en el rostro como una segunda piel. Son familias vulnerables que han perdido lo poco que tenían. Organizaciones sociales reportan cerca de 800 familias desplazadas por el crimen organizado, pero el gobierno estatal insiste en que sólo son 70. La distancia entre ambas cifras es la diferencia entre reconocer una tragedia o minimizarla para no asumir responsabilidades.
En esa región no hay autoridad, no hay Estado, sólo existen “los Tlacos” y “los Ardillos”, grupos criminales que delinquen impunemente. En Guerrero -como en tantas otras partes del país- la realidad es muy distinta a la que se narra desde Palacio Nacional. La disputa entre cárteles por el control territorial no tiene tregua. La violencia se volvió costumbre y la justicia, un fantasma. Y mientras eso ocurre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en franca simulación, utiliza a los pueblos originarios como símbolo de “nacionalismo”, aunque en los hechos su gobierno no logra protegerlos.
La denuncia de los desplazados contiene una súplica que revela el abandono institucional: “Claudia Sheinbaum no nos hace caso. Donald Trump, ayúdanos. Manda los helicópteros para que nos salven, ya estamos rodeados.” Ese grito de auxilio además de desesperación: es evidencia de que el discurso presidencial sobre la “soberanía” está torcido. Se invoca la soberanía para defender a sus narco-políticos, pero no para proteger a las comunidades que viven sitiadas por el crimen o para respaldar a los gobernantes que combaten a los delincuentes.
Y, por si fuera poco, la respuesta institucional a los pobladores fue, por decir lo menos, indignante. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó: “Hoy por la mañana, el subsecretario César Yáñez Centeno se comunicó con los líderes de ambos grupos en conflicto en la zona de Chilapa, a quienes se les hizo ver la necesidad y urgencia de recuperar la paz… Se establecerán mesas por separado con los dos grupos para tratar de llegar a una solución de fondo.”
En otras palabras: el gobierno no persigue a los criminales; dialoga con ellos. No ejerce su mandato constitucional; negocia. No protege a las víctimas; administra la violencia. En Guerrero, los señalamientos contra la gobernadora Evelyn Salgado y su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, por presuntos vínculos con grupos criminales, son constantes en medios y denuncias ciudadanas. En ese mismo estado, la alcaldesa de Chilpancingo fue captada en video reunida con integrantes de un grupo delictivo, y un alcalde recién electo fue encontrado decapitado, su cabeza expuesta en el toldo de una camioneta. La normalización del horror forma parte del paisaje político.
Como ocurre con el tema de los desaparecidos, los desplazamientos forzados por violencia criminal aumentaron significativamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y la crisis continúa en este segundo piso de la llamada transformación. Con un agravante: no existe un censo oficial ni sistemático. Los datos provienen de organizaciones sociales nacionales e internacionales, porque el gobierno se empeña en invisibilizar este problema, como muchos otros.
Lo sucedido en Chilapa ocurre en medio de la tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos, tras la solicitud formal de detención provisional con fines de extradición del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La defensa presidencial -y de buena parte del sistema político- ha sido férrea, mucho más intensa que la mostrada hacia niñas y niños con cáncer o hacia las madres de personas desaparecidas.
Así, el país se desangra lentamente bajo gobiernos que han permitido que el crimen organizado capture territorios completos, instituciones enteras y, en algunos casos, decisiones públicas. La violencia se ha normalizado al grado de que ya no escandaliza pero ¡cómo duele!
Por eso es importante entender, que lo que se encuentra a debate no es una disputa entre izquierdas o derechas: es la posibilidad de que México regrese a ser gobernado por civiles y no por cárteles, porque cada comunidad desplazada, cada madre que huye con sus hijos, cada autoridad que pacta en lugar de enfrentar nos acerca un paso más al abismo.
Y frente a esta realidad, la pregunta es: ¿qué más pruebas quiere el gobierno de México? ¿Cuántas madres más llorando, cuántas familias más desplazadas, cuántos territorios más sitiados, cuántos más alcaldes, activistas, periodistas y jóvenes asesinados, cuántos más pueblos enteros rogando auxilio? Las evidencias están ahí, a la vista, dolorosamente claras. Lo único que falta es la voluntad de verlas y procesarlas.
No, Indignarse ya no es suficiente. Debemos aumentar la exigencia para que el Estado recupere el territorio, proteja a los más vulnerables, deje de pactar con criminales, rompa la red de complicidades que permite que el crimen organizado gobierne.
Y si no lo exigimos nosotros, ¿quién? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?
Política y activista
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