Una de las narrativas que se utilizan para deslegitimar al gobierno Claudia Sheinbaum, es el de los crecientes niveles de inseguridad nacional. Se argumenta que existe un narcoestado en el que se reproduce una ola de desapariciones forzadas que no para de extenderse por todo el territorio.
En este espacio haremos alusión a este fenómeno que ha alcanzado un nivel de relevancia mediática internacional. Reflejo de ello es la decisión que tomó el pasado 02 de abril el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada al invocar el artículo 34 de su respectiva Convención; ello implica que el Comité ha recolectado, a su juicio, la evidencia suficiente para identificar que en México se practica de manera generalizada y sistemática la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad. Lo cual hace necesario que se turne con carácter de urgente a la Asamblea General de las Naciones Unidas dichas evidencias para que en ella se decida si debe ser facilitada cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para realizar análisis forenses, así como investigaciones a profundidad, no solo de cada caso de desaparición, sino para esclarecer si existen o no vínculos entre funcionarios públicos con el crimen organizado.
Para corroborar si existe o no dicha crisis de desapariciones exploramos el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Como resultado confirmamos que, a nivel nacional en 2019 y 2025 las personas desaparecidas y no localizadas pasaron de 8,304 a 12,368 registros respectivamente, lo cual equivale a un crecimiento del 49 por ciento (cuando en 2015 solo se contabilizaron 4,149 registros, es decir, 198% menos respecto a 2025).
Por otra parte, analizamos la incidencia delictiva que registra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí el ejercicio que realizamos consistió en sumar los delitos de Secuestro, Tráfico de menores, Rapto, Trata de personas, Otros delitos que atentan contra la libertad personal y Feminicidio (ya que una fracción de los delitos de privación de la libertad contra mujeres, niñas y adolescentes suelen concluir en casos de feminicidio) para concentrarlos en un gran indicador. Como resultado, a nivel nacional en 2019 y 2025 se observa un crecimiento de este tipo de delitos de los 23,575 a los 25,828 registros respectivamente, lo que equivale a un incremento del 10 por ciento (cuando en 2015 solo se contaron 13,493 víctimas de este tipo de delitos, es decir, 91% menos respecto a 2025).
El gobierno bajo el mando de la Presidenta rechazó esta resolución del Comité contra la Desaparición Forzada ya que “El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”. Sin embargo, como menciona el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, tal práctica implica cualquier forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia de este.
Entonces, esta masa creciente de desapariciones y delitos que se le relacionan, aunque podría ser resultado de mecanismos más oportunos y eficientes, por parte de fiscalías y ministerios públicos para facilitar los procesos de denuncia; no deja de reflejar, al menos, cierta incapacidad para impedir que particulares continúen reproduciendo este tipo de prácticas. De tal modo, el gobierno inaugurado por la 4T tiene aún mucho por hacer para cumplir con sus deberes de prevención, investigación, castigo y reparación en materia de seguridad a fin de contrarrestar definitivamente esta narrativa.
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