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Un día como hoy pero de hace 50 años, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México emitió un pronunciamiento histórico en el que manifestó su apoyo a las demandas de los integrantes del Movimiento del 68 .
En sesión extraordinaria de un 15 de agosto de 1968, los entonces consejeros Alfredo Adam Adam, Víctor Flores Olea, Ricardo Guerra, María Josefina Morales, Gustavo Romero y Roberto Suárez Argüello solicitaron al rector de la UNAM, Javier Barrios Sierra, la aprobación de un documento en el que expresarían al gobierno federal diversas demandas.
A 50 años de esta sesión extraordinaria, el actual rector de la UNAM, Enrique Graue , recordó el pronunciamiento de los consejeros del 68.
Por ello, solicitó a los integrantes del Consejo Universitario y asistentes a la tercera sesión del año de dicho cuerpo colegiado, brindar un aplauso para la valentía mostrada por los consejeros.
“Le debemos un aplauso por ese valor del Consejo Universitario y la actitud que se tuvo ante el conflicto que se vivió hace 50 años”,
dijo.
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En el documento de 1968, aprobado por el Consejo, la UNAM demandó al gobierno de la República, entonces encabezado por el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, el respeto a la autonomía universitaria , la no intervención del Ejército en la Máxima Casa de Estudios y la reparación del daño ocasionado por el bazucazo en la puerta principal de la Preparatoria 1 , ubicada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.
“El respeto a las garantías individuales y sociales que consagra la constitución; la libertad de los estudiantes presos y la indemnización en favor de las víctimas; la determinación de las responsabilidades de las autoridades involucradas en los hechos mencionados y la aplicación de las sanciones correspondientes”, demandó el Consejo.
“La sujeción de las funciones de las fuerzas públicas a los lineamientos de la constitución federal, la supresión de los cuerpos policiacos represivos y la derogación de los artículos relativos al llamado delito de disolución social y la libertad de los ciudadanos presos por motivos políticos o ideológicos”.
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